Refugiados ucranianos: ¿España está lista para acogerlos?

Comunidades y ayuntamientos se ofrecen a acoger refugiados ucranianos​

La paradoja la sirvió el propio Gobierno regional asturiano: mientras el Ejecutivo autonómico mostraba su «profunda condena» a la guerra iniciada por Rusia, comunidades y ayuntamientos de medio país competían por ver quién ponía antes sus recursos a disposición del reparto europeo de refugiados ucranianos. Asturias, Euskadi, Aragón, la Comunitat Valenciana, Baleares, Málaga y Castellón anunciaron en cuestión de horas que se ofrecían a acoger a quienes huyen del conflicto. El gesto institucional fue casi unánime. La conversación que generó, en cambio, no lo fue en absoluto.

El punto de partida lo fijó el propio diseño de la acogida: según se afirmó en el debate, Ucrania ha prohibido salir del país a los hombres en edad militar, de modo que quienes cruzan las fronteras son mayoritariamente mujeres, menores y personas mayores. Esa circunstancia, que en cualquier otro contexto habría sido un dato administrativo más, se convirtió en el eje de buena parte de la discusión pública.

Quién llega y quién se queda a luchar​

La obligación de los varones ucranianos de permanecer en el país y combatir fue el hecho más repetido en la conversación. De ahí surgió una pregunta que planea sobre todo el dispositivo de acogida: si el perfil del refugiado es fundamentalmente femenino, ¿cómo se organiza la integración laboral y residencial de familias monoparentales y de personas mayores que llegan sin red de apoyo?

El protocolo vasco de asilo, que el Gobierno autonómico empezó a definir a la espera del anuncio oficial del lehendakari, apuntaba ya a una coordinación con la Unión Europea que el Ejecutivo central reclamaba como marco. Aragón, por su parte, ofreció «todos sus recursos», y el Ayuntamiento de Zaragoza y las Cortes regionales se sumaron a la solidaridad. En Castellón, la alcaldesa se reunió con la asociación de ucranianos de la ciudad y convocó la mesa técnica de entidades con programas de acogida. Baleares puso espacios a disposición del Gobierno central. Málaga condicionó su oferta al reparto europeo: en la medida en que España acoja, la ciudad acogerá.

El reparto de esfuerzos y el coste de la acogida​

La euforia institucional chocó pronto con una objeción de manual: la acogida cuesta dinero y no todas las administraciones tienen el mismo margen. La comparación con otros gastos públicos recientes —el volcán, los ERTE, las ayudas sanitarias— apareció de inmediato, con el argumento de que las pensiones contributivas siempre quedan para el final. Es la vieja tensión entre solidaridad declarada y capacidad fiscal, que en España tiene recorrido sobrado.

A ello se sumó un cálculo geográfico poco discutido: buena parte de quienes salen de Ucrania tienen familiares y conocidos en los países vecinos, donde el idioma, la distancia y las redes previas hacen la acogida mucho más llevadera. Si eso se cumple, el grueso del desplazamiento se quedaría en el este de Europa y a España le tocaría una cuota menor de la prevista. Nadie lo da por seguro.

La comparación incómoda con otras crisis migratorias​

El contraste con acogidas anteriores fue, con diferencia, el hilo más polémico. Se sostiene que la respuesta social ante los desplazados ucranianos ha sido más entusiasta que ante otros flujos migratorios, y se atribuye esa diferencia a la proximidad cultural y al perfil demográfico. La objeción no es menor: la misma administración que activa protocolos para unos puede aplicar criterios más restrictivos para otros, y esa asimetría tiene consecuencias políticas a medio plazo.

La discusión derivó en algunos momentos hacia el terreno de las expectativas personales y los tópicos sobre el físico, un ruido que no aporta nada al análisis pero que explica por qué el asunto se presta a la frivolidad. Conviene separarlo: la política de acogida se mide en plazas, presupuesto y permisos de trabajo, no en estereotipos.

Qué pasa cuando termina la guerra​

La pregunta que nadie responde del todo es qué ocurre con quienes se acogen si el conflicto se alarga meses o años. Los protocolos de asilo se diseñan para una emergencia, no para una estancia indefinida. La experiencia de los Balcanes, recordada en la conversación, apunta a que la integración funciona cuando hay voluntad y estructura, pero también a que el retorno se complica cuando el país de origen queda destruido.

Mientras tanto, las comunidades siguen ofreciendo recursos y el Gobierno central negocia con Bruselas el marco de reparto. La cifra exacta de plazas comprometidas no está cerrada. Tampoco el calendario. ¿Alguien ha calculado cuántas de esas plazas seguirán disponibles dentro de un año?