*Tema mítico* : Pucherazo's film

Del 28-A al 23-J: cinco años de sospechas de pucherazo sin actas recontadas​

Seis partidos. Seis resultados. Todos múltiplos de tres. El cálculo que circuló tras las elecciones generales del 28 de abril de 2019 sostenía que la probabilidad de que esa coincidencia saliera por puro azar era del 0,13553%, esto es, una entre más de setecientas. De ahí al titular «pucherazo confirmado» había un solo paso. Lo que no llegó nunca fue un recuento oficial de actas que desmontara la sospecha, ni tampoco uno que la confirmara. Cinco años después, la teoría sigue viva, y ya no le hace falta demostrar nada.

El 0,13553% que se convirtió en sentencia​

El argumento aritmético se repitió en vídeos, tuits y páginas hasta la saciedad: si los seis grandes partidos obtenían escaños múltiplos de tres, la casualidad quedaba descartada. Un análisis elevaba el hallazgo a un 99,86% de probabilidad de «creación artificial» de resultados, cifra que se difundió como un «fraude demostrado al 99,9%». El envoltorio era impecable: lenguaje de matemáticas, dos decimales y una conclusión que sonaba a peritaje.

La trampa es vieja. Elegir a posteriori el patrón que encaja —múltiplos de tres, dos, o cualquier otro— y calcular después su probabilidad convierte cualquier coincidencia en presunta prueba. Hay quien sostiene que esos ejercicios, con todo su margen, señalan una anomalía que nadie ha querido explicar. En contra pesa un dato tozudo: ninguno de esos cálculos se ha acompañado jamás de un acta municipal recontada que los respalde. La duda, sin embargo, hizo su trabajo: le dio un idioma a una desconfianza que ya existía.

La empresa catalana, Soros y el algoritmo venezolano​

Antes de votar, ya había relato. Un artículo del 23 de abril de 2019 situaba la sombra del fraude sobre la empresa encargada de procesar los resultados: catalana, decía, y «vinculada a Soros». Ni contrato, ni auditoría, ni prueba documental acompañaban la acusación. Bastaba el aroma.

Después llegaron los vídeos. Uno de los más difundidos sostenía haber descodificado el algoritmo con el que el PSOE habría hackeado las elecciones, y se apoyaba en un testimonio con pedigrí: la responsable de procesos electorales de Venezuela, Ana Mercedes Díaz, habría anticipado meses antes cómo se produciría el pucherazo español. El relato enganchaba dos miedos a la vez: la desconfianza ciega en el software y el fantasma del fraude venezolano exportado a Europa.

En octubre de 2019 apareció un ingrediente nuevo. La empresa designada para el recuento habría sido imputada en una causa abierta, según el material difundido. «Imputada» es una palabra que en España suena a condena y jurídicamente no lo es, pero en según qué canales basta con que suene.

Vox, las 40.000 papeletas nulas y la petición que no prosperó​

El 1 de mayo de 2019, Vox pidió la revisión general de todas las urnas de España. Lo hacía tras confirmar, según su versión, una bolsa de decenas de miles de votos nulos, entre ellos 40.000 papeletas en la Comunidad Valenciana. Sus servicios jurídicos reclamaron a la Junta Electoral Central un chequeo completo del escrutinio. La petición quedó donde suelen quedar estas cosas: en el aire.

El detalle importa porque marca un patrón que se repetiría cada convocatoria. La denuncia de irregularidades se presenta, se filtra a los medios afines, se convierte en vídeo y muere en un despacho sin que nadie cuente una sola papeleta delante de un notario.

El recuento que no se hace: actas, INDRA y denuncias archivadas​

El núcleo técnico de la sospecha viajó pronto desde los partidos hacia el procedimiento. La denuncia más repetida: las Juntas Electorales Provinciales deberían recontar a los cinco días las actas de cada municipio de su provincia, y hay cientos de observadores particulares dispuestos a presentarse como testigos. Estos relatan que, en la práctica, muchas actas no se recontaban y se daban por buenas las cifras que proporciona INDRA, la empresa tecnológica que procesa los datos. El sistema, en teoría, sí contempla la revisión. En la práctica, la vigilancia ciudadana se estrella contra la puerta.

A eso se suma un problema jurídico que se repite en cada denuncia: los expedientes quedarían archivados porque, «legalmente», solo los partidos políticos pueden interponer la reclamación. Traducción: el ciudadano que ve una mesa irregular no tiene puerta a la que llamar. La paradoja la resumía un mensaje del 17 de noviembre de 2019 con una frase que se hizo bandera: en España no se cuentan las actas.

Elecciones Transparentes y la cifra de los 80 diputados​

En enero de 2020, tras el 10-N, una plataforma llamada Elecciones Transparentes publicó lo que presentaba como «recuentos reales» de los votos, sin INDRA y sin las encuestas de Tezanos. Su secretario general, Ignacio Vargas, afirmó que, según sus datos, Pedro Sánchez no habría conseguido más de 80 o 90 diputados. La diferencia con el resultado oficial era tan abrumadora que, en lugar de zanjar la polémica, la multiplicó.

El problema de fondo es el mismo que arrastra toda la disputa desde 2019: nadie ha podido cotejar esos recuentos alternativos con un escrutinio auditado. Frente a la cifra oficial, el contrarrecuento. Frente al contrarrecuento, la ausencia de un mecanismo que dilucide cuál vale.

El 23-J: la brecha entre Congreso y Senado​

Tras las generales del 23 de julio de 2023, un alto cargo policial habría advertido al presentador Javier Cárdenas de una diferencia anómala entre los votos al Congreso y al Senado, mayor de la que se había visto nunca: «la gente no está tan loca para votar para el senado al PP y para el Congreso al PSOE». En Valencia, según los vídeos divulgados, apareció un acta en blanco, sellada y firmada. En otro recuento, en medio del tumulto, surgió de la nada una caja con 580 votos. En Cantabria se denunciaron pueblos con votos «inverosímiles» a Junts, y siempre con el mismo sesgo del error.

Ninguna de esas piezas se ha llevado a un tribunal que las valide. Y ahí está el nudo: se acumulan indicios divulgados sin cadena de custodia y cero resoluciones que conviertan la sospecha en cosa juzgada.

El voto exterior y la ley de nietos​

Después, el foco se desplazó al censo. Cuatro vocales de la Junta Electoral Central habrían alertado de irregularidades en el censo de la llamada ley de nietos, el mecanismo que concede la nacionalidad a descendientes de españoles. Más de 600.000 peticiones habrían sido aprobadas y más de la mitad ya estarían inscritas. Un dirigente socialista en Argentina fue señalado, según las publicaciones que circularon, por reunir pasaportes de fallecidos y por presumir de que el voto exterior «sostendría» a Sánchez.

La sospecha se extendió al voto de quien no reside en España. Hay quien sostiene que quien no vive aquí no debería votar, porque hay gobiernos autonómicos que podrían depender de electores que no pisan el territorio. El argumento tiene recorrido, y también un contrapeso: cualquier cambio en el voto exterior exigiría reformar el sistema, algo que ningún partido con mayoría ha querido abrir.

El patrón que se repite convocatoria tras convocatoria​

Cada ciclo electoral deja la misma secuencia: un cálculo llamativo, unos vídeos virales, la mención de una empresa o una plataforma, una petición formal y un archivo silencioso. Del 28-A al 23-J pasaron cuatro años, decenas de tuits y ni una auditoría independiente de actas que cerrara el asunto en un sentido o en otro.

Los defensores de la tesis del fraude señalan que la insistencia en pedir una revisión no es un capricho, sino la única forma de saber. Los críticos responden que, a fuerza de repetir la sospecha sin probarla, la palabra «pucherazo» ha dejado de describir un delito para convertirse en una forma de estar en política. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, y ahí sigue el lío.

Si en cinco años no se ha recontado una sola urna ante un fedatario, ¿qué haría falta para que la próxima convocatoria empezara y acabara sin que nadie gritara fraude?