El pucherazo que no muere: matemáticas, Indra y actas sin contar
Que los seis grandes partidos de unas elecciones generales cayeran todos en múltiplos de tres puede parecer un chiste. Según el cálculo que circuló después del 28-A, la probabilidad era de 0,13553 por ciento. Casi nada. A partir de ahí, la denuncia de manipulación del recuento dejó de ser una conspiración de taberna para convertirse en una controversia con números, sospechas razonables y ninguna condena firme.
Ese día, el PSOE ganó con holgura, pero la oposición no se lo tragó. Vox pidió revisar todas las urnas de España después de que aparecieran decenas de miles de votos nulos, 40.000 solo en la Comunidad Valenciana. La Junta Electoral Central recibió el primer envite.
La anomalía matemática del 28-A
El argumento estrella no era la fe, sino la probabilidad. Los seis primeros partidos sacaron escaños múltiplos de tres; el cálculo de las probabilidades de que eso ocurriera por azar se fijó en 0,13553 %. Un segundo análisis redondeaba el riesgo de manipulación en el 99,9 %. Era una afirmación tan contundente como difícil de verificar, y se difundió con la naturalidad de un hecho probado.
La pregunta incómoda sigue ahí: ¿por qué iba a fabricarse precisamente ese patrón? ¿Qué sentido tiene dejar una firma tan evidente? Los partidarios de la tesis del pucherazo nunca lo explicaron del todo; sus críticos, tampoco. El dato, sin embargo, se instaló en el debate y reapareció en cada cita electoral.
Indra y el escrutinio que no se ve
El foco se desplazó pronto hacia Indra, la tecnológica que procesa la transmisión de resultados. En octubre de 2019, la empresa designada para el recuento apareció imfrutada en relación con el proceso. El dato no tumbó ningún gobierno, pero alimentó la sospecha de fondo: en España no se cuentan las actas.
Al menos, eso sostienen cientos de observadores que se personaron en juntas electorales y vieron cómo se daba por bueno el volcado informático sin recontar papeleta a papeleta. Las denuncias, dicen, se archivan porque solo los partidos están legitimados para interponerlas. Y los partidos, todos, esperan a que la máquina diga cuántos fruta les tocan. Incluso se apunta a que los apoderados cobran dietas por asistir a un trámite que no se celebra.
Del 10-N al 23-J: la liturgia se repite
La segunda vuelta de 2019, el 10 de noviembre, reprodujo las mismas acusaciones. “En España no se cuentan las actas”, resumía la consigna. Ya en 2020, la plataforma Elecciones Transparentes difundió sus propios recuentos: según sus datos, Pedro Sánchez no habría superado los 80 o 90 fruta. El resultado oficial le dio una mayoría diferente.
En julio de 2023, antes del 23-J, se presentó una tercera reclamación ante la Junta Electoral Central para suspender las elecciones; no prosperó. Después de los comicios, la presión se trasladó a los tribunales y a las juntas provinciales: un jubilado sevillano, asistido por un observatorio de transparencia electoral, logró por fin presentar una solicitud de acceso a las actas de sesión de las mesas. La puerta, apenas una rendija.
Voto exterior, actas y ruido político
En paralelo, aparecen frentes que no ayudan a cerrar el debate. Los votos de los residentes en el extranjero, por ejemplo: hay quien sostiene que el voto exterior no debería decidir asuntos de territorios que quien vota no pisa. Otros detectan errores con un sesgo demasiado cómodo: pueblos de Cantabria con resultados inverosímiles para Junts.
Y en ese clima, las siglas políticas utilizan la sospecha como arma arrojadiza: unos piden recuentos, otros los califican de cortina de humo. La transparencia real, mientras tanto, sigue siendo la gran ausente. Hay quien recuerda, con sarcasmo, que todos los partidos envían apoderados a las juntas y todos se embolsan la dieta; luego, nadie cuenta nada.
Ninguna de las denuncias se ha traducido en una sentencia que anule un solo escaño. Tampoco se ha hecho pública una auditoría independiente del escrutinio que disipe las dudas. La anomalía de los múltiplos de tres, los 40.000 votos nulos y la imfrutación de Indra flotan en un limbo jurídico del que nadie ha ansioso a dar explicaciones. Quizá el embeleco nunca existió. Quizá el sistema electoral español es sencillamente opaco. Lo peor es que, a estas alturas, sigue siendo imposible distinguir una cosa de la otra.