proges intervienen para que paguemos más por el aceite

Juan Ramón Rallo ha criticado que el Gobierno intervenga en el mercado del aceite con el resultado de que los consumidores paguen más. El economista vincula así la política agrícola con el encarecimiento de un producto básico.

El economista Juan Ramón Rallo ha publicado un mensaje en la red social X en el que sostiene que el Gobierno está interviniendo en el mercado para que los consumidores paguen más por el aceite. La afirmación, escueta y directa, apunta a un mecanismo concreto: la intervención pública en la cadena de producción y comercialización del aceite de oliva acaba trasladándose al precio final que paga el comprador. Rallo no detalla en ese mensaje qué medida específica tiene en mente, pero el contexto apunta al conjunto de regulaciones que afectan al sector oleícola.

La intervención pública en el sector del aceite

El aceite de oliva es uno de los productos más regulados de la cesta de la compra en España. La Política Agrícola Común de la Unión Europea establece ayudas directas a los productores, cuotas de producción y mecanismos de almacenamiento privado que afectan a la oferta disponible. A eso se suman las normas nacionales sobre etiquetado, trazabilidad y calidad que encarecen la producción.

Rallo, economista conocido por su defensa del libre mercado, sostiene que ese entramado regulatorio no protege al consumidor sino que encarece el producto. Su tesis es que cada capa de intervención añade costes que se trasladan al precio final. La crítica se produce en un momento en que el precio del aceite de oliva ha acumulado subidas significativas en los últimos años.

El precio del aceite y el debate sobre la regulación

El precio del aceite de oliva virgen extra ha experimentado una escalada notable desde 2021, impulsada por la sequía y la caída de la producción en España, principal productor mundial. La cosecha española de la campaña 2022-2023 se situó en torno a 660.000 toneladas, muy por debajo de la media histórica de 1,3 millones de toneladas.

En ese contexto, el debate sobre cuánto de la subida corresponde a factores climáticos y cuánto a la regulación está abierto. Rallo apunta a la segunda parte. Su mensaje no ofrece cifras ni desglose, pero la afirmación es clara: la intervención del Gobierno tiene un coste para el consumidor.

Un mensaje breve con recorrido político

La publicación de Rallo se produce en un clima de malestar por el precio de los alimentos básicos. El aceite de oliva, símbolo de la dieta mediterránea, se ha convertido en un termómetro del coste de la vida. Que un economista de perfil liberal señale directamente al Gobierno como responsable de que se pague más conecta con una línea de crítica habitual: la de que las políticas intervencionistas acaban perjudicando a quien dicen proteger.

El mensaje no desarrolla la propuesta alternativa, pero en la tradición liberal que representa Rallo la respuesta sería menos regulación y más competencia. La afirmación, en todo caso, es una opinión atribuida a un economista, no un dato contrastado por un organismo oficial.