IMPACTO de la inmi gración en los ALQUILERES

Cinco millones de inquilinos extranjeros y 341.001 pisos turísticos​

La mitad del alquiler español la firman personas nacidas fuera del país. Alrededor del 50% de los inquilinos en España, unos cinco millones, son extranjeros, y esa cifra —discutible, matizable, incómoda— arrastra un debate que hace tiempo dejó de ser económico para instalarse en el identitario. Los demás números del cuadro son más pequeños y hacen mucho menos ruido.

¿Cuántos extranjeros viven de alquiler en España?​

Entre 1,4 y 1,6 millones de inmuebles están arrendados por población nacida en el extranjero, lo que equivale a entre el 40% y el 45% del mercado total de alquiler. Traducido: la demanda extranjera no es un fleco, es una de las patas del mercado. Quien mire solo la nacionalidad del titular del contrato se está perdiendo a media clientela.

La horquilla importa porque no distingue entre un ingeniero con contrato indefinido y cuatro personas compartiendo habitación. Y esa mezcla es, precisamente, donde el análisis se rompe.

¿Cuánto pesa el alquiler turístico en el mercado?​

Aquí los datos van en dirección contraria a la intuición. El alquiler turístico supone alrededor del 10% del mercado; el 90% restante es alquiler residencial convencional. Las 341.001 viviendas turísticas registradas apenas alcanzan el 1,28% del parque inmobiliario nacional, según la estadística experimental del INE citada en la discusión.

Que el peso nacional sea pequeño no significa que no distorsione. Una cifra agregada no mide lo que pasa en tres calles del centro de una capital, donde el piso turístico compite directamente con el vecino de toda la vida. Pero sirve para descartar que el turismo, por sí solo, explique la escalada. El culpable único no existe.

Sobrecupo, dumping social y el ladrillo que ya no está​

Hay quien sostiene que el verdadero resorte es el sobrecupo: varias familias compartiendo un piso de 80 metros, gastos repartidos y condiciones de hacinamiento que un inquilino español medio no aceptaría. De ahí se deriva un supuesto dumping social —capacidad de pagar rentas que otros no pueden asumir— que presionaría los precios al alza mientras la competencia por el mismo puesto de trabajo empuja los salarios a la baja.

Es una tesis repetida con convicción y cero estadística detrás. No existe un registro público que mida cuántas personas duermen por vivienda alquilada, así que el cálculo se apoya en la observación de vecindario, no en un padrón.

Otra línea de análisis retrocede más: cuando llegó el grueso del ciclo migratorio, la construcción pesaba cerca del 25% del PIB, y el estallido posterior de la burbuja cerró la espita de obra nueva. Menos obra, mismo apetito de vivienda.

¿Por qué un propietario prefiere el piso vacío?​

Porque el riesgo no le sale gratis. El arrendador asume de su bolsillo los impagos del inquilino en situación vulnerable, y la respuesta instintiva es subir el precio para filtrar hacia perfiles solventes. Un problema de ocupación sin solución legal rápida añade otra razón: quedarse el piso cerrado, venderlo o pasarlo al circuito turístico sale mejor que pleitear. Y con oferta escasa, el casero elige al mejor postor, que casi nunca es el que más lo necesita.

A eso se le suma, en otra corriente del análisis, el gasto público: pensiones y nóminas del sector público como partidas que absorben renta disponible y tensionan el conjunto.

Con este cóctel, lo previsible es que la presión sobre las rentas no ceda mientras no cambie la oferta. Aunque conviene andarse con cuidado: cada vez que alguien promete haber encontrado la causa única, suele estar vendiendo la conclusión que ya traía puesta.