¿Por qué tanto miedo a los pensionistas?

Las pensiones contributivas se pagan con las cotizaciones sociales de quienes trabajan, no con una caja a nombre de cada jubilado. Por eso el peso electoral de los pensionistas no equivale a su peso económico: son una minoría del electorado y el coste recae sobre la mayoría ocupada.

El miedo a los pensionistas tiene una explicación sencilla y otra incómoda. La sencilla es electoral: se les atribuye un poder de movilización y una lealtad de voto que los partidos no quieren poner a prueba. La incómoda es que ese poder se mide en votos, pero el dinero se mide en cotizaciones. Y ahí la aritmética cambia.

Cerca del 30% del electorado, no del país

Los pensionistas no llegan al 30% del electorado. Eso significa que más del 70% de quienes votan no son pensionistas. El dato desmonta la idea de un bloque capaz de decidir elecciones por sí solo, aunque también explica por qué los partidos los tratan con guantes: un bloque cohesionado del 30% pesa mucho más que un 70% disperso en edades, rentas e intereses.

La discusión pública se ha centrado en el peso demográfico de los jubilados, en su número creciente y en su capacidad de castigar en las urnas. Se habla menos del peso demográfico de los no pensionistas, que son mayoría y que sostienen el sistema con sus nóminas.

De dónde sale el dinero de las pensiones

Las pensiones contributivas no salen de una caja con el nombre y los apellidos de cada pensionista. Salen de las cotizaciones sociales de los trabajadores en activo, que financian las prestaciones de quienes ya no trabajan. Es un pacto entre generaciones, no una cuenta de ahorro individual.

De ahí nace el agravio que recorre el debate: un trabajador que cobra 1.300 euros ve cómo una parte de su nómina se destina a pagar pensiones que en algunos casos superan esa cantidad. La mitad del presupuesto público se dedica a pensiones, según los cálculos que se manejan en esta discusión. Si esa partida se redujera a la mitad, un trabajador al que le retienen 1.000 euros en la nómina pasaría a retenerle 750: 250 euros más al mes en el bolsillo.

Ese es el argumento que algunos esgrimen para sostener que bajar las pensiones debería ser una medida popular. Perjudicas a una minoría para beneficiar a una mayoría. En términos electorales, la cuenta sale.

El problema de la audacia política

La cuenta sale sobre el papel y se complica en la práctica. Recortar pensiones exige antes construir un relato: convencer a los cotizantes de que ganarían más si los jubilados cobraran menos. No es imposible. Es una operación política de fondo, que requiere cambiar el tablero y decidir qué temas importan, en lugar de adaptarse a los que ya están puestos.

Hay quien sostiene que la derecha prefiere gestionar lo existente antes que abrir ese frente. Y que la izquierda, por su parte, tiene un incentivo claro para no tocarlo. El resultado es un statu quo que nadie mueve y un debate que se queda en la superficie: los pensionistas como amenaza electoral, sin entrar en quién paga la factura.

Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin respuesta pública. Si el 70% no es pensionista y sostiene el sistema con sus cotizaciones, ¿por qué el debate político se organiza casi siempre alrededor del 30% que sí lo es?

Esto es análisis de política económica, no asesoramiento financiero ni fiscal. Cualquier decisión sobre pensiones o cotizaciones conviene consultarla con un profesional.