Poder adquisitivo: ¿por qué es tan difícil vivir hoy?

El sueldo ya no compra lo que compraba​

Hay una escena que resume la última década en España: dos titulados universitarios mirando el escaparate de una inmobiliaria y haciendo cuentas para descubrir que el piso que sus abuelos pagaron en dos años les costaría a ellos medio siglo de nómina. El desahogo contra el coste de la vida ha dejado de ser una queja de barra de bar para convertirse en el eje de cualquier conversación económica. Y los números que se manejan en esa conversación son tozudos: según un cálculo que circula en el hilo, desde 2018 la vivienda se ha encarecido un **60%**, los alquileres un **40%**, la cesta de la compra entre un **35% y un 45%** según el producto, y la presión fiscal sobre los hogares ha subido un **10%**. La pregunta ya no es si el sistema funciona, sino para quién.

Qué ha subido y cuánto desde 2018​

El cuadro que circula con más insistencia desglosa el golpe partida a partida. La vivienda lidera con ese **60%**; el alquiler le sigue con un **40%**; la inflación general acumulada se sitúa en el **25%**; la gasolina ha subido un **20%** y la luz un **25%**. En el carro de la compra, la fruta se ha encarecido un **35%**, la carne un **45%** y el pescado un **40%**. Los coches nuevos, un **40%**. Sobre esa base, la presión fiscal que soportan los hogares ha crecido un **10%** adicional.

La comparación con décadas anteriores es el argumento que más se repite. Se sostiene que en los años sesenta, setenta y ochenta una persona sin estudios podía firmar una hipoteca de dos años y mantener a una familia numerosa; que en los noventa bastaba con **5.000 pesetas** en el mercado para llenar el carro hasta arriba con producto fresco. Hoy, ese mismo carro se traduce en **500 euros**. La distancia entre ambas cifras no es una anécdota: es la medida del desplome.

El diagnóstico que divide: impuestos o modelo​

Aquí empieza el desacuerdo real. Una corriente sostiene que el problema es el **capitalismo de amiguetes** que lleva décadas instalado: un Estado hipertrofiado que no sirve al ciudadano sino a sus propios intereses y a los lobbies de turno. Desde esa óptica, el franquismo no privatizó nada —creó el INI y mantuvo un control férreo— y fueron la transición y los gobiernos posteriores, de todos los colores, los que fueron vendiendo la joya de la abuela a precio de saldo.

La tesis opuesta apunta a la **regulación y los impuestos** como causa directa del encarecimiento. El ejemplo del vendedor de mercado es recurrente: antes despachaba la lechuga a lo que le costaba más un margen; ahora necesita título de manipulador de alimentos, cursos de igualdad, furgoneta con etiqueta medioambiental, cuota de autónomos, IVA y la tasa de estacionamiento. Todo eso, se argumenta, acaba en el precio final. La conclusión de esta línea es que hace falta **más liberalismo**, no menos: que cada uno venda lo que quiera y responda ante la justicia si lo hace mal.

El cálculo que más se repite en esta disputa es fiscal: un trabajador pagaría alrededor del **80% de su sueldo** entre Seguridad Social (en torno al **35%**), IRPF (entre el **19% y el 40%**), IVA (**21%**), impuestos especiales, tasas y contribuciones. Comparado con 1970, el gran cambio no sería el salario bruto, sino la porción que se queda el Estado para mantener su estructura.

La vivienda como fractura generacional​

Si hay un punto donde el desahogo se vuelve unánime es la vivienda. El argumento central es demográfico y de oferta: durante el franquismo el Estado construyó millones de viviendas para que todo español tuviera una; hoy, se sostiene, el Estado se encarga de recibir a millones de personas pero no construye ni deja construir. El resultado es una generación con dos carreras viviendo de alquiler en habitaciones, sin posibilidad de cambiar de provincia porque alejarse del colchón familiar equivale a la ruina.

Hay quien añade una capa más incómoda: la **familia** como marcador de clase. Antes, cualquier persona de pueblo tenía pareja y descendencia; hoy, se afirma, solo unos cuantos acceden a formar una familia, y el resto queda fuera del mercado.

El desahogo contra el relato oficial​

El hilo no se queda en el diagnóstico económico. Buena parte del malestar se dirige contra la gestión política y contra la sensación de que el discurso oficial no reconoce el problema. La crítica más repetida apunta a que la subida de precios se atribuye a factores externos mientras la presión fiscal y el coste de la vivienda son decisiones internas. También hay quien recuerda que el acceso a la sanidad pública se ha deteriorado —citas médicas a seis meses— y que la inversión en infraestructuras no acompaña.

El contrapunto llega desde quienes sostienen que con el gobierno anterior se estaría igual o peor, y desde quienes advierten de un sesgo de confirmación: la percepción de declive se alimenta de lo negativo y omite lo que sí ha mejorado. La discusión, en cualquier caso, no se cierra: cada bloque tiene su propia lista de culpables y su propia cifra estrella.

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¿Cuánto tendría que subir un sueldo medio para que la ecuación volviera a cuadrar? Nadie en la conversación se atreve a poner el número, y quizá porque el número ya no importa: lo que se discute no es cuánto falta, sino si el marco en el que se calcula sigue siendo el correcto.