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Mari Carmen, desahuciada a los 87, ingresa en el hospital​

Según varios participantes del foro, Mari Carmen pagaba 500 euros al mes, puntual, religiosamente, con un contrato amparado en la ley. A los 87 años, un juzgado de Madrid ordenó su lanzamiento en el barrio de Retiro y la mujer salió de su casa. Ahora, según un mensaje difundido en el foro, ha sido ingresada en el hospital y su estado de salud es muy delicado. La paradoja no es menor: una inquilina que cumplía con su parte acabó en la calle, y el caso ha pasado de conflicto de vivienda a munición política.

Qué es un contrato de renta antigua y cuántos quedan​

Los contratos de renta antigua —firmados antes del 9 de mayo de 1985— son una reliquia jurídica. Un participante cita estimaciones del sector inmobiliario según las cuales en España siguen vivos entre 100.000 y 130.000, aunque no existe un registro oficial centralizado que dé la cifra exacta. Se concentran en las grandes capitales: unas 20.000 viviendas solo en Madrid. Su perfil es el de personas muy mayores, con rentas congeladas de entre 100 y 300 euros al mes. En el hilo se sostiene que la ley de 1994 fijó su extinción progresiva, casi siempre atada a la vida del inquilino. Nadie los prorroga para siempre, pero tampoco se apagan de golpe.

Pensión y alquiler: las cuentas del caso​

Con una pensión que en el hilo se cifra en 1.350 euros —otras versiones manejan 1.450— y un alquiler de 500, la pregunta que atraviesa el caso es si la mujer podía vivir en otro sitio. Una corriente de análisis sostiene que esa cantidad alcanza para alquilar en la periferia o en municipios de la provincia, y que el problema no era la falta de recursos sino la negativa a moverse del centro. La contraria replica que el propio Estado, que cobró sus cotizaciones durante décadas, debería haber ofrecido alojamiento social en lugar de dejar que el propietario cargue con el coste. El desglose del alquiler frente a la pensión, partida a partida, admite las dos lecturas.

Quién ordenó el lanzamiento y por qué ocurrió ahora​

Un mensaje difundido en el foro sostiene que la orden de lanzamiento la firmó la magistrada Elena Cortina Blanco, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 90 de Madrid. El contexto temporal no ayuda: según otro participante, la moratoria anti desahucios aguantó hasta que PP, Vox y Junts tumbaron su prórroga hace unos meses. A partir de ahí, el juzgado ejecutó el desalojo. No fue un lanzamiento exprés por impago, ni una ocupación: la mujer pagaba. Fue el vencimiento administrativo de un contrato con fecha de caducidad escrita hace cuatro décadas.

La pelea política por convertir el caso en bandera​

Lo que empezó como un drama de vivienda se ha convertido en un campo de batalla. Una parte del arco político responsabiliza a la presidenta madrileña de la situación —hay quien sostiene que «Ayuso la mató»—; la otra responde que el caso se usa como ariete electoral y que la culpa es de la propia ley. Hay quien ya anticipa el impacto en las urnas —uno de los cálculos que circulan habla de un desplome hasta los 140-150 escaños en 2027— y quien advierte de lo contrario: que un mártir perjudica más a quien lo empuja. La salud de la protagonista, mientras tanto, es lo único que no admite interpretación partidista.

Con la inquilina en el hospital, el debate sobre quién debía haber hecho qué se queda sin cerrar. ¿Se puede reformar la renta antigua sin dejar a nadie en la calle, o el problema es que ya nadie quiere pagar el precio de un contrato firmado hace cuarenta años?