Piso de estudiantes en Santiago: ratas, termitas y humedades que amenazan derrumbe

Santiago: 475 euros al mes por un piso con ratas, termitas y humedades​

Un piso en Santiago de Compostela con termitas, humedades y ratas se ha convertido en el símbolo de algo más incómodo que la simple dejadez de un casero. Se alquila por unos 475 euros al mes y sus inquilinos, estudiantes, comprobaron al entrar que la advertencia del propietario —«no está en su mejor momento a nivel estético, pero no vais a tener problemas para convivir»— era un eufemismo de categoría. «Pasas una mano por la pared y se queda empapada», resume uno de ellos. En el piso no hay calefacción: solo calefactores.

La anécdota, viralizada en redes universitarias, ha dejado de ser anécdota. Lo que se discute no es si ese piso concreto es inhabitable, sino cuántos iguales sostienen el mercado del alquiler en una ciudad universitaria sin que nadie mueva un papel. Y de fondo, la pregunta que divide: ¿es esto avaricia, es esto escasez, o es esto lo que pasa cuando el Estado regula la estética y desregula la habitabilidad?

Qué condiciones tiene el piso de Santiago​

El relato de los inquilinos es minucioso y poco edificante. Paredes que empapan la mano, ventanas agrietadas por las que entra el frío, ausencia de calefacción fija y un edificio antiguo en el que conviven termitas, humedades y ratas. Uno de los estudiantes recuerda que en cursos anteriores le ofrecieron una habitación con solo tres paredes: la cuarta era una cortina, y la casera lo negaba. Otro relata ventanas agrietadas y frío dentro de casa.

El propio afectado quita hierro al asunto con una frase que duele más que cualquier denuncia: «Sabes que por 200 euros es posible que el piso pueda tener alguna humedad, pero esto no debería ser lo normal». La resignación como norma. Y un detalle que explica la viralización: en los grupos de estudiantes de la facultad, dicen, la situación se celebra como espejo de lo cotidiano, no como excepción.

¿Cuánto se paga realmente por ese piso​

Aquí conviene afinar, porque el titular fácil se rompe con una calculadora. El alquiler declarado ronda los 475 euros mensuales, que entre tres inquilinos salen a unos 158 euros por cabeza; con gastos incluidos, la cifra que manejan los afectados se acerca a los 200 euros por persona. Es decir, el propietario no ingresa 600 euros limpios: los gastos no los cobra el arrendador, aunque el inquilino los pague en la misma transferencia.

Ese matiz importa porque desmonta dos relatos a la vez. Ni es un pelotazo inmobiliario de manual, ni es un precio de mercado libre en sentido estricto. Es un zulo ruinoso a precio de zulo ruinoso en una ciudad donde la alternativa es peor. Y cuando el producto malo se vende, el incentivo para mejorarlo desaparece.

El argumento del casero: reformar no sale a cuenta​

La defensa más repetida del propietario no es que el piso esté bien, sino que arreglarlo es imposible sin arruinarse. El edificio es centenario, de piedra y madera, y la normativa patrimonial obliga a reconstruir con materiales tradicionales: vigas de madera, tejado de teja, proyecto de restauración a la manera de hace un siglo. Un presupuesto que no se recuperaría ni en décadas con rentas de 475 euros.

La alternativa lógica —tirar y construir pisos modernos— choca con la protección urbanística de la zona, próxima a la estación intermodal. De ahí sale el argumento más repetido: si el suelo no se puede densificar ni el casco histórico se puede tocar, la oferta se congela y el stock viejo se alquila como está. La conclusión que extraen algunos es incómoda: el problema no es el casero, es el marco que convierte la reforma en ruina y la demolición en delito.

Quién tiene la culpa: el propietario, el inquilino o la norma​

El reproche al inquilino también aparece, y con dureza: si nadie firmara, el casero tendría que reformar o vender. Es el argumento de la responsabilidad del que acepta. La contra replica que quien no tiene pasta no puede permitirse el lujo de rechazar un techo, y que en Santiago el alquiler estudiantil está tomado por pisos turísticos que expulsan al residente del mercado.

En medio queda la vía administrativa: si la vivienda no reúne condiciones de habitabilidad, el ayuntamiento no debería permitir su alquiler. Se apunta que probablemente tiene los papeles en regla porque nadie controla nada. Y una advertencia que conviene retener: hay quien recuerda que cualquier vivienda debe cumplir unos mínimos y que los caseros que se saltan la ley luego lloran cuando el inquilino también se la salta.

El contexto que nadie discute: precios y comparaciones​

La comparación internacional sirve para calibrar, no para consolar. Quien ha alquilado en el norte de Europa describe otro equilibrio: el inquilino paga un precio razonable, cuida la casa y el casero mantiene el inmueble. En España, sostienen, abunda el acaparador que no conserva lo que acumula. En Sudamérica, relatan, el casero avisa de que el piso «está malito» y baja el precio; aquí el piso malo se ofrece al alza.

También hay memoria histórica del alquiler estudiantil: en 1983, un cuarto piso sin ascensor en la Diagonal de Barcelona, encima de una marisquería, con olor a pescado rancio y plomos que saltaban, costaba 12.000 pesetas al mes entre cuatro, unas 3.000 por cabeza. En 2012, una buhardilla con humedades en Santiago se pagaba a 110 euros. La serie no invita al optimismo.

Qué se puede hacer y qué se está haciendo​

Las recetas chocan de frente. Unos piden intervención pública, límites a las zonas tensionadas y control efectivo de habitabilidad. Otros responden que intervenir el mercado solo reduce la oferta y que el resultado es más zulos, no menos. Y una tercera vía, la más incómoda para todos: que la solución no es regular el precio del piso malo, sino permitir construir el bueno.

Mientras tanto, el piso sigue alquilado. Los estudiantes siguen estudiando. Y la pregunta que sobrevuela el caso no es cuánto cuesta reformar un edificio centenario, sino cuántos edificios centenarios como este sostienen en pie el mercado del alquiler de media España sin que ninguna administración haya llamado a la puerta.