Pila Alegría llorando por la retirada de la paguita a los menas: «Esos menores son los descendientes e hijas del Gobierno de Aragón»

La polémica paguita a menores inmigrantes en Aragón: 68 euros semanales que nadie quiere reconocer​

El Gobierno de Aragón ha retirado una asignación económica de 17 euros semanales (68 al mes) que se entregaba a cada menor extranjero no acompañado acogido en la comunidad. La medida, detectada tras una auditoría interna impulsada por la llegada de Vox al Ejecutivo, ha desatado un cruce de acusaciones entre la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el actual gobierno regional.

La ministra, natural de La Zaida (Zaragoza), calificó a esos menores como «hijos e hijas del Gobierno de Aragón» y criticó la supresión de la ayuda, que según fuentes de la Consejería carecía de asignación presupuestaria. La cifra total destinada a estas pagas no ha sido oficialmente cuantificada, pero se estima que afecta a varios cientos de jóvenes tutelados.

¿Existía o no la paguita? El debate sobre los datos​

Mientras la consejería asegura que se trataba de un gasto irregular sin cobertura presupuestaria, diversos verificadores de datos, como Maldita.es, han recogido que todas las comunidades autónomas niegan la existencia de prestaciones específicas para menas. Sin embargo, el caso aragonés revela que sí se entregaban cantidades en efectivo para «libre disposición» de los menores, un sistema que algunos califican de opaco.

La polémica no es nueva: en el debate público se enfrentan quienes consideran estas ayudas un coladero de dinero público sin control y quienes las defienden como parte del sistema de acogida. Un usuario señaló que «si no hay dinero para pensiones cotizadas, tampoco puede haberlo para paguitas no cotizadas», reflejando el malestar social.

El factor político: Pilar Alegría, entre el escrutinio y el pueblo​

La ministra, que arrasó en su municipio con más del 80% de los votos en las últimas elecciones, se ha convertido en el blanco de las críticas. Mientras tanto, en La Zaida no existe ningún centro de acogida de menores migrantes, una paradoja que no ha pasado desapercibida. «Qué fácil es hacer una ley antitabaco, pero qué difícil debe ser hacer una ley antiokupa», apuntó irónicamente un analista.

La decisión de retirar la paga se enmarca en la auditoría de gastos que Vox exigió al entrar en el gobierno autonómico. El Consejero responsable cifró el ahorro potencial en cifras aún no reveladas, aunque el debate de fondo trasciende lo económico: la tensión entre la tutela estatal y la responsabilidad individual.

El dilema de fondo: ¿Estado paternalista o desprotección?​

Más allá de las acusaciones mutuas, el caso plantea una pregunta incómoda: ¿debe el Estado asumir el rol de padre para menores que han llegado solos? La expresión «hijos del Gobierno de Aragón» usada por la ministra refleja una concepción donde la administración reemplaza a la familia biológica. Frente a ello, una corriente de opinión sostiene que lo correcto es localizar a los padres y repatriar a los menores, calificando de «secuestro» su permanencia en España.

El cruce de argumentos dejará secuelas. Mientras tanto, la paguita —que algunos dudan que existiera— ha desaparecido, y con ella, una fuente de ingresos para jóvenes que, según los informes, la destinaban a «tabaco y pegamento» según críticas, o simplemente a cubrir necesidades básicas, según sus defensores.

La pregunta que queda en el aire: ¿quién asume ahora el coste de mantener a esos menores?