Inmobiliaria: Pidro Sanchis aprueba no uno sino dos "decretos Maricarmen"

Dos decretos de vivienda y un órdago a los socios​

El Gobierno ha cerrado un acuerdo que, en realidad, le quita de encima el problema. PSOE y Sumar han pactado sacar no uno, sino dos decretos de vivienda para dar cabida a todas las medidas de la llamada vía Maricarmen, y a continuación han dejado la aprobación de los dos textos en manos de sus socios parlamentarios. El consenso existe. Solo sobre el papel. La votación, esa que decide de verdad, sigue pendiente.

Cuando un Ejecutivo presume de consenso y en la misma frase se desentiende de quién lo va a votar, conviene leer la letra pequeña. El plan no es aprobar: es repartir el desgaste.

Qué incluyen los dos decretos de vivienda​

Los textos se han partido en dos. Según una de las intervenciones del hilo, el primero, más básico, cuenta con el respaldo de Junts; el segundo, el que arrastra la reforma de la ley de alquileres y el paquete más intervencionista, se queda fuera del acuerdo y lo acabarían votando Sumar y Podemos. Un ejercicio de equilibrismo que coloca cada pieza donde menos daño hace al relato oficial.

Hay quien sostiene que la maniobra es puro teatro: si el decreto radical decae, el Gobierno se queda con la foto del intento y deja a la oposición como la que tumbó la supuesta protección al inquilino. El argumento contrario es que, sin mayoría, cualquier decreto de vivienda es un brindis al sol. Ambos diagnósticos caben y ninguno se cierra.

Por qué Junts mantiene el veto al decreto de alquileres​

Junts mantiene el veto al decreto de vivienda al considerar una «imposición» que se incluya en él la reforma de la ley de alquileres. No es un detalle menor: la formación independentista se juega su base de pequeños propietarios y comerciantes. Y ahí está la trampa.

Si Junts y PNV votan a favor de la renovación automática y de la suspensión de desahucios, se enajenan a su electorado más productivo. Si votan en contra, quedan retratados como quienes frenaron la norma. Cualquiera de los dos caminos cuesta votos. La suspensión de los desahucios hasta 2030, según apunta una de las intervenciones, aparece como el punto directamente invotable para los socios.

Política para trileros, resume la sensación más repetida. Y no va desencaminada: el que firma la norma que paraliza el suelo es el mismo que llama a la protesta por la vivienda.

El propietario responde subiendo el precio​

En cuanto a la oferta, el diagnóstico más extendido es que regular más encarece el alquiler en lugar de abaratarlo. El argumento del exceso de intervencionismo sobre la propiedad privada apunta directamente a un efecto contrario al buscado, con Cataluña como caso citado de referencia.

La otra cara aparece en el día a día del arrendador: según varios participantes, ante un marco más rígido el dueño exigirá más garantías al inquilino. Avales, nóminas, meses por adelantado. Legislar en caliente, sostienen quienes conocen el papeleo, es lo peor que se puede hacer con un mercado tan rígido.

Y queda el problema de definir compra especulativa. Cualquier redacción que se intente tumba al que compró para su hijo, al que heredó y no vende por líos familiares o al que espera dos años a que el ayuntamiento le visé un proyecto. La norma, dicen, acaba señalando al pequeño ahorrador mientras deja intacto al grande.

900 leyes y 960.000 páginas de regulación al año​

Ahí está el dato que ninguna rueda de prensa menciona. España publica 900 leyes y 960.000 páginas de regulación cada año. Solo en 2016, Estado y autonomías aprobaron 681 nuevas normas y 895.820 páginas de boletines oficiales. Entre 1970 y 2016, las normas estatales suman 41.336, a un ritmo medio de 900 leyes anuales.

Ese es el verdadero cuello de botella: hiperregulación, burocracia extrema para obtener licencias y liberar suelo, inseguridad jurídica. Sumado a un país con cifras récord de divorcios, de turismo y de presión migratoria sobre el parque existente, el resultado no es misterio.

Para algunos participantes, los propietarios que complementan su pensión con un piso heredado han pasado a engrosar la lista del nuevo enemigo público. De rentistas a sospechosos de un plumazo. ¿Cui prodest? Cada cual saque sus conclusiones.

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Dos decretos, dos bandos enfrentados y una votación que sigue pendiente. Si el problema es de oferta y de papeleo, ¿qué arregla exactamente un tercer texto legal sobre los otros dos?