Pedro Sánchez, sobre la crisis de Ceuta: «¿Qué hubiera hecho otro Gobierno? ¿Se hubiera liado a tiros con miles de jóvenes?»

Ceuta: Sánchez rechaza los tiros y 75.000 entradas sin respuesta​

Cuarenta días después del 30 de julio, un general de brigada retirado de la Guardia Civil hace balance de la crisis de Ceuta y su diagnóstico no se anda con rodeos: hubo avisos previos y faltó dispositivo. En el otro extremo, el relato oficial sostiene que la única alternativa a contener sin disparar era un baño de sangre con miles de jóvenes en el agua. La pregunta que Pedro Sánchez dejó caer en el Congreso —«¿qué hubiera hecho otro Gobierno? ¿Se hubiera liado a tiros con miles de jóvenes?»— ordena todo el debate. Nadie discute que la frontera se desbordó. La discrepancia es cómo se evita eso sin convertir la valla en un campo de tiro.

Qué pasó el 30 de julio en la frontera​

La cifra que maneja la lectura más dura habla de más de 75.000 entradas vinculadas al episodio, con el pico concentrado en una sola jornada. El general retirado José Luis Gómez sostiene que la prioridad de los agentes vino marcada por el ordenamiento jurídico, no por una decisión operativa, y cuestiona la versión que el propio presidente trasladó en el Congreso sobre por qué no se elevó el despliegue. Se argumenta, además, que hasta 72 horas antes ya existían señales suficientes para anticipar el movimiento. El Ejecutivo no lo niega: lo encuadra como la prueba de que la disyuntiva real era una frontera contenida o un amasijo de cadáveres que nadie podría gestionar.

La escala de medios que existía antes de las armas​

Aquí está el núcleo técnico. Antes de llegar al arma de fuego hay toda una gradación: refuerzo de infraestructuras en el espigón, cañones de agua de mar, gases lacrimógenos, despliegue de antidisturbios. La crítica más repetida es que varios de esos recursos se emplean con normalidad contra manifestantes en territorio español y no se activaron con la misma determinación en la frontera. La contrarréplica oficial es que cualquier escalada podía degenerar, y que forzar ese error era justamente lo que buscaba el otro lado.

El coste internacional de disparar​

Que un baño de sangre habría tenido un coste reputacional irreversible —y habría servido los intereses de quien lo provocaba— es el pilar del discurso gubernamental. Frente a él pesa una tesis incómoda: España acumula decisiones tomadas con el orgullo antes que con la cabeza, y los imperios que gestionaron peor de lo que sus medios permitían no escasean.

Con la valla igual y sin una cifra pública que diga cuántos agentes más habrían bastado, el dato que descoloca es otro: cuarenta días después nadie ha puesto sobre la mesa el cálculo que el propio presidente exige a los demás.