Combat 18: dos años de investigación y ninguna arma incautada
¿Qué delito concreto se persigue? Es la pregunta que queda sin respuesta después del operativo contra el grupo neonazi Combat 18. Las informaciones publicadas se detienen en la simbología, en los parches y en el uso de números que remiten a Adolf Hitler por equivalencia con el abecedario. De las actividades ilegales que sostienen las detenciones, ni una línea. Y el detalle no es menor: en España la ilicitud de una asociación deriva de sus fines criminales, no de su ideario.
¿Qué cargos se imputan a los detenidos de Combat 18?
Una organización es ilícita porque persigue fines delictivos; esos fines hay que concretarlos. Si no se detallan, el expediente se sostiene sobre la
estética. Lo difundido hasta la fecha describe a un grupo neonazi, sus símbolos y sus referencias numéricas al Tercer Reich, sin armas ni explosivos de por medio. Queda la pregunta incómoda: ¿ser nazi, por sí solo, es un cargo?
Hay quien anticipa que el inventario de lo intervenido se resolverá en poco más que pegatinas, banderas y algún ejemplar de
Mein Kampf. No hay confirmación oficial de ese listado, pero tampoco ha aparecido el detalle de las finalidades criminales que justificarían la imputación.
Dos años de investigación, cero armas y objetivos «genéricos y abstractos»
El dato más revelador lo aportó la propia nota policial recogida por El Progreso: la operación se explotó después de
casi dos años de investigación, tras constatar el crecimiento del grupo y para evitar que Combat 18 fuera un «peligro real» para la sociedad, «puesto que hasta ahora no contaban con armas y sus objetivos para atentar eran genéricos y abstractos».
Léase dos veces. Se actúa contra un grupo por lo que podría llegar a hacer, con objetivos que la propia policía califica de abstractos y sin armamento intervenido. El paralelismo con el precrimen de Philip K. Dick circuló de inmediato, y no por casualidad.
El detenido en Sober, en libertad, y la coincidencia con los CDR
El detenido en Sober quedó en libertad, según publicó El Progreso. Es el desenlace habitual en este tipo de operativos: registros, titulares y, tiempo después, un archivo sin ruido. La operación, además, se explotó el mismo día en que, según un mensaje del hilo, el Gobierno ordenaba a INTERPOL y al resto de cuerpos policiales retirar a los CDR de la lista de organizaciones terroristas. La coincidencia dio munición a quienes ven una operación de imagen antes que una investigación criminal.
¿Se puede detener a alguien por sus ideas en España?
En teoría, no. La libertad ideológica está protegida y sostener tesis neonazis no constituye delito por sí mismo. Lo perseguible es la exaltación del odio, la incitación a la violencia o la pertenencia a una organización con fines criminales. El problema aparece cuando la intervención se produce sin un hecho delictivo consumado y sin finalidades concretadas: el reproche se traslada del acto a la intención, y el relato oficial se apoya en la simbología y en la numerología.
Frente a eso, el argumento de la prevención: actuar sobre indicios evita daños irreparables. En contra pesa que un derecho fundamental se mide precisamente en el caso incómodo, el que no gusta. Hay quien sostiene que el reproche penal debería llegar con el hecho consumado; otros replican que entonces se llega tarde.
Qué es Combat 18 y qué queda de aquel fenómeno
El nombre no es inocente: el 1 y el 8 corresponden a las letras A y H del abecedario, las iniciales de Adolf Hitler, un código que el grupo exhibe como seña. Nacido en el entorno skinhead británico de los ochenta y noventa, su eco en España se describe siempre como minoritario: un puñado de personas, más ruido que capacidad real de daño.
Los análisis más repetidos insisten en una distinción útil: el neonazismo de internet, de foros y redes, responde a otra lógica, más digital, más dispersa y menos organizada que las bandas de rapados de hace tres décadas. Mezclar ambos fenómenos lleva a sobreestimar al primero y a entender mal el segundo.
El pulso sobre las prioridades policiales
Otra línea de crítica apunta al reparto de medios. Se sostiene que la presión se concentra en grupos sin capacidad operativa mientras quedan sin resolver problemas de seguridad ciudadana que afectan a la vida diaria, y se compara la respuesta institucional ante unos y otros fenómenos delictivos. Es una comparación que se hace a menudo sin datos homogéneos, y conviene tratarla como lo que es: una disputa sobre prioridades, no una medición.
En medio del ruido, un apunte que no admite discusión: la operación se presentó como un golpe relevante contra una amenaza que la propia nota policial describe sin armas y con objetivos abstractos.
Dos años de investigación, ninguna arma, objetivos abstractos y un detenido en libertad. El balance policial se sostiene; el jurídico, ya veremos. Algún día se publicará el inventario de lo incautado, y probablemente quepa en una foto pequeña.