Nutritius máximus: Rubén Gilisbert llorando tras ser imfrutado por desinformador

Rubén Gisbert anuncia un proceso del Gobierno por desinformación​

Gisbert anunció que el Gobierno abre un proceso contra él por «desinformación» y «delito de odio». Lo hizo en un mensaje en redes, y con eso encendió el enésimo capítulo de una guerra cultural que hace tiempo dejó de ir sobre Ucrania. Va de dónde termina la crítica y dónde empieza la censura. El proceso —que se conoce solo por su propio relato— coloca al abogado y polemista en el centro de un debate que divide tanto como el conflicto que lo provocó.

Qué se le reprocha y por qué importa el encaje legal​

Gisbert no es un personaje cualquiera. Abogado, muy activo en redes y con un discurso que buena parte del público lee como alineado con el relato del Kremlin, se ha construido un perfil incómodo a base de intervenir en cada polémica. Quienes lo detestan lo describen como un personaje que busca protagonismo. Quienes lo defienden, aunque no compartan nada de lo que dice, señalan lo mismo por otro lado: aquí lo que se persigue no es el personaje, es el mensaje.

El problema jurídico es el de siempre. Varios participantes subrayan que «desinformación» no es una categoría del Código Penal y que el «delito de odio» es un tipo lo bastante elástico como para que quepa casi cualquier cosa. En la discusión se apunta a que el delito de odio tiene poco recorrido en un caso así, y que el verdadero encaje podría buscarse en otro sitio: los artículos 592 y 593, pensados para quien mantiene «inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros» con el fin de perjudicar la autoridad del Estado.

¿Qué pena tiene el artículo 592 del Código Penal?​

El artículo 592 castiga con pena de prisión de cuatro a ocho años a quienes, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran relaciones con Gobiernos extranjeros, sus agentes o grupos y organizaciones internacionales. El 593 aparece citado en relación con el anterior, y en el análisis que circula se desliza que, si el asunto va por ahí, el terreno es mucho más pantanoso que el de una opinión molesta.

Un blanqueo de capitales por las «donaciones» en directo de billetes morados es la hipótesis que algunos deslizan. Nada de eso está acreditado. Todo esto es, a la fecha de la conversación, un proceso abierto sin desenlace.

El «delito de desinformación» y el fantasma de la censura​

La pregunta que recorre el asunto es incómoda: ¿existe el delito de «desinformación»? La respuesta que se da en el debate es que no con ese nombre, pero que la maquinaria puede fabricar un equivalente. En el ambiente flota una comparación recurrente: se recuerda el caso de un general alemán suspendido de empleo y sueldo por admitir la superioridad rusa, y se lamenta que aquí muchos se alegraran de ello. El argumento que se repite es que la censura ya no necesita prohibir: le basta con que el Estado tenga más capacidad de litigar que el particular y pueda esperar a que un juez se aburra.

La sombra sobre la Fiscalía es explícita. Se recuerda que hace dos meses, en palabras que se atribuyen al presidente del Gobierno, la respuesta a «¿de quién depende la Fiscalía?» era un «pues eso» cargado de intención. Y en paralelo circulaba la referencia a un discurso filtrado de la moción de censura en el que se calificaba el reino de España de autocracia.

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El personaje: pro-ruso, abogado y polemista​

A Gisbert se le tacha de propagandista ruso porque, se argumenta, repite punto por punto las excusas del Kremlin para la invasión de Ucrania: los nazis, el genocidio del Donbás, la expansión de la OTAN. En el debate se le reprocha haber frecuentado el terreno de una supuesta espía rusa en el Donbás y haber acusado a Occidente de genocidio de civiles.

Quienes lo ven como una operación de aviso a navegantes sostienen que lo van a empapelar por otra cosa, pero que el mensaje de fondo es claro. La réplica a eso es tan incómoda como pertinente: si el Gobierno puede abrir un proceso por lo que uno opina, la lista de los siguientes es larga y empieza por quien hoy aplaude. Una de las enumeraciones que más circuló —control de la justicia, medios como propaganda, ideologización de la educación— se lee entera en la fuente original.

Las tres posturas ante el proceso​

Hay tres corrientes nítidas. La primera celebra el proceso: lo veían venir y asumen que hay movimiento de dinero ruso detrás. La segunda, entre quienes no tragan al personaje pero defienden el principio, sostiene que no se puede estar de acuerdo con lo que dice y a la vez alegrarse de que lo persigan, porque mañana el criterio se aplica a otro. La tercera apunta al propio sujeto: manipulador y prorruso, y sin embargo con derecho a soltar sus opiniones en libertad, porque de eso depende que el país siga siendo libre.

El caso se ha convertido en un test incómodo para casi todos. Y el test no lo va a resolver un tuit.

Los que celebran el proceso se quedan con el desprecio hacia el personaje. Los que lo temen se quedan con el precedente. El proceso, a día de hoy, sigue sin sentencia, sin acusación formal conocida y sin una explicación oficial que desmienta o confirme la versión que él mismo publicó.