No, no es «la casa de Maricarmen» (Cristian Campos en El Hapañol)

No, Maricarmen no tiene título legal para seguir en el piso de Sainz de Baranda, y el desalojo se ejecutó el 23 de septiembre. Pero el caso tampoco es el de una empresa que se forra: Urbagestión pagó menos de 250.000 euros por un inmueble que hoy vale cerca de 800.000 y acabó aceptando una renta de 500 euros al mes.

El 23 de septiembre se ejecutó el lanzamiento de Maricarmen, la inquilina que ocupaba un piso de 93 metros cuadrados en la calle Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro de Madrid, con un contrato de renta antigua. La propiedad es de Urbagestión, una empresa que compró el inmueble entre 2018 y 2020 por una cifra que baila entre los 240.000 y los 247.000 euros, muy por debajo del precio de mercado de la zona en esas fechas, que rondaba los 400.000. El descuento tenía explicación: el piso se vendía con inquilina dentro y con una discusión judicial abierta sobre la subrogación de su contrato.

No, Maricarmen no tiene derecho a seguir viviendo en ese piso. No hay título legal que la ampare para quedarse, el contrato se agotó y un juzgado ordenó el desalojo, que ya se ha cumplido. Lo que no encaja es el otro relato, el de la empresa que se forra a costa de una señora. En 2026 ese piso vale alrededor de 800.000 euros y Urbagestión acabó aceptando una renta de 500 euros al mes, cuando en el mercado libre podría pedir cinco veces más. Ahí no hay película.

Los números de la operación

Nadie compra barato por casualidad. Un piso de 93 metros cuadrados en Sainz de Baranda, a un paso del Retiro, por menos de 250.000 euros en plena horquilla de 2018 a 2020 solo tiene sentido si el vendedor arrastra un problema y el comprador cree saber resolverlo. El problema era la inquilina. El comprador creyó que el contrato estaba vencido y que un juez le daría la razón en poco tiempo. Fue a juicio.

Esa es la mecánica del inversor que compra contratos en lugar de ladrillos: se paga menos porque hay litigio, se litiga, y si se gana, la rentabilidad se dispara. Si se pierde o el juzgado se atasca, el dinero se queda quieto y la propiedad genera una miseria. Los pleitos son lentos y los inquilinos se resisten. Eso también forma parte del precio.

Ninguna ley obligaba a Urbagestión a esperar a que la inquilina muriera para sacar rendimiento al piso. Cierto, y conviene no disfrazarlo de obligación moral. Lo que sí existe es una intuición bastante extendida: si has pagado un precio con un descuento de seis cifras precisamente porque apostabas a ganar un pleito rápido, toca apechugar cuando el pleito no es rápido. Entre una cosa y otra, la empresa ha pasado años cobrando 500 euros al mes por un inmueble que en el mercado libre se alquilaría por cinco veces más. Sale a cuenta a largo plazo. A corto, no.

Qué es la renta antigua y de dónde viene

Los contratos de renta antigua son los firmados al amparo de la legislación de arrendamientos de mediados del siglo pasado, congelados en el tiempo. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 fijó unas rentas que después apenas se actualizaron, y permitió además que el derecho del inquilino se transmitiera a determinados familiares por subrogación. El resultado, décadas después, es un parque de vivienda alquilada donde el propietario cobra muy por debajo del mercado y el inquilino acumula un derecho que no es propiedad, pero se le parece bastante.

Hay quien sostiene que el propietario con un inquilino de renta antigua subvenciona a este. En términos económicos no es una transferencia directa de dinero: es un lucro cesante, un coste de oportunidad. El dueño no le paga nada a nadie, simplemente deja de ingresar lo que ingresaría en otro escenario. La diferencia importa, porque una subvención se puede cuantificar y hasta devolver; un lucro cesante se acumula en silencio durante décadas.

Ese diseño tuvo consecuencias visibles. Cuando alquilar deja de ser rentable, el propietario deja de mantener. El parque de vivienda de alquiler de las décadas de 1960 y 1970 envejeció sin reformas, con calidades baratas y con apaños de obra pensados para disimular defectos. El gotelé, ese texturizado que aún aparece en miles de pisos españoles, nació de esa necesidad: tapar las imperfecciones de un tabique mal hecho a base de gotas de yeso. No es una anécdota estética, es un fósil del sistema.

El desalojo, el alcalde y una etiqueta

El 23 de septiembre el lanzamiento se ejecutó. La sentencia se cumplió, no hubo resistencia física reseñable y el piso quedó libre. Hasta ahí, funcionamiento normal de un Estado de derecho: un juzgado decide y la decisión se aplica aunque no guste.

Lo raro vino después. Con la sentencia ya ejecutada y la inquilina fuera, el foco nacional se puso sobre el caso y el alcalde de Madrid se metió a negociar un contrato nuevo entre las partes. Ese detalle cambia la naturaleza del asunto. Si el alcalde aparece cuando el desalojo ya se ha producido, no está presionando a quien ya está fuera del piso. Está presionando al propietario para que acepte un acuerdo que, en condiciones normales, no firmaría.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había calificado antes a la empresa de «pyme buitre carroñera», una etiqueta que en la práctica funciona como una licencia para el ataque público. El privilegio de este caso no es judicial, porque los tribunales dieron la razón al propietario. Es mediático y municipal. Muy poca gente consigue que, después de perder su pleito y ser desalojada, el foco nacional y el Ayuntamiento se pongan a buscarle una solución habitacional en el mismo edificio del que acaba de salir.

Los desalojos que no salen en los informativos

Cada año se ejecutan en España decenas de miles de lanzamientos por impago o por fin de contrato. El análisis publicado en El Español sobre este caso habla de más de 240.000 desahucios en ocho años bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. La cifra exacta depende de qué se cuente y de qué fuente se use, pero el orden de magnitud sirve para lo importante: de todos esos casos, el de Sainz de Baranda es el único que ha generado una reacción política de esta escala.

Eso no significa que Maricarmen sea una mala persona ni que su situación fuera cómoda. Con una pensión de entre 1.300 y 1.450 euros al mes, y pagando unos 450 euros entre alquiler y suministros, lo que le quedaba para vivir era menos de mil euros. No da para ahorrar gran cosa. Tampoco da para comprar un piso de 240.000 euros, y ningún banco concede una hipoteca a alguien de su edad sin aval. Sin más datos sobre su patrimonio, cualquier conjetura sobre lo que hizo con el dinero que se ahorraba sobra.

Lo que queda sobre la mesa es una pregunta incómoda, y es de política, no de moral. España tiene un mercado de alquiler intervenido a trozos, con normas heredadas de hace sesenta años, con propietarios que no mantienen lo que no rentabilizan y con inquilinos atrapados en derechos que no se pueden convertir en propiedad. Cada intento de arreglarlo ha acabado añadiendo capas. El caso de Sainz de Baranda no es la excepción que confirma la regla. Es la regla, con cámara delante.

Y si alguien está pensando en comprar un piso con inquilino dentro, o en pelear una subrogación, más le vale hablarlo con un abogado especializado en arrendamientos antes de firmar nada.