Municipal de vitoria multa a más de 200 conductores el día antes de jubilarse.

Un municipal de Vitoria multa a 205 conductores antes de jubilarse​

¿Cuántas multas de tráfico caben en una sola mañana? Doscientas cinco. Ese es el saldo que dejó un agente de la Policía Municipal de Vitoria, uno de los más veteranos de la ciudad, que a falta de dos días para colgar la placa salió con el único radar móvil del que dispone el consistorio y volvió con 205 denuncias bajo el brazo. El propio Ayuntamiento calificó el episodio como una «gamberrada». La identidad del agente no ha trascendido.

El caso tiene un problema práctico que lo envenena todo: las multas son legales. Quien iba por encima del límite, iba por encima del límite. Y el cuerpo no puede sancionar a quien ya está jubilado y fuera de la primera línea de fuego. La broma, si es una broma, se la comen los conductores.

Qué pasó con el radar móvil de Vitoria​

El relato es sencillo y por eso escuece. Un agente veterano, a dos días de la jubilación, coge el único radar móvil municipal y se planta donde habitualmente no se planta. En una sola mañana, 205 multas. El Ayuntamiento lo llama gamberrada; los afectados lo llaman recaudación exprés. La diferencia entre ambas cosas depende de a quién le preguntes y de cuánto le haya costado el flashazo.

Hay un detalle que agrava la sensación de indefensión: las denuncias son absolutamente legales. No hay margen para retirarlas por la vía del recurso fácil. El agente tampoco puede ser sancionado internamente porque ya disfruta de su jubilación. El sistema, en definitiva, funciona como estaba previsto. Solo que esta vez el que apretaba el botón sabía que era su última mañana y no tenía nada que perder.

¿Se puede recurrir una multa puesta por un agente que ya está jubilado?​

Esa es la pregunta que sobrevuela el caso y que nadie ha respondido con claridad. Si el agente que firma la denuncia ya no está en activo, ¿quién sostiene el expediente si el conductor recurre? ¿Quién comparece si el asunto llega más lejos? El vacío administrativo que deja una jubilación exprés convierte cada recurso en un laberinto sin funcionario al otro lado.

La paradoja es fina: el mismo sistema que permite multar a 205 personas en una mañana no tiene un mecanismo ágil para defender esas multas cuando el que las puso ya está en casa leyendo el periódico. Los conductores afectados quedan atrapados entre una sanción que no pueden tumbar fácilmente y una administración que tampoco tiene incentivos para revisarla de oficio.

El debate sobre los límites de velocidad y su función recaudatoria​

El caso ha reabierto una discusión que en España nunca se cierra del todo: ¿los límites de velocidad protegen o recaudan? Hay quien sostiene que el episodio demuestra, por reducción al absurdo, que buena parte de los conductores circula habitualmente por encima del límite y que eso no genera siniestralidad por sí solo. El argumento es que la velocidad natural de la vía y el límite legal llevan años divorciados, y que todo el mundo frena antes del radar y acelera después.

En contra pesa un dato que no se puede ignorar: un atropello a 50 km/h causa daños mucho más graves que a 30. Las calles con límite reducido no están pensadas solo para coches, sino para peatones que cruzan, bicicletas que comparten calzada y niños que aparecen donde no deben. La discusión, por tanto, no es si los límites son incómodos, sino si el diseño de las vías y la señalización acompañan al límite o lo contradicen.

Lo que sí admite poca discusión es el efecto perverso que genera la fiscalización selectiva. Si el radar solo aparece en determinados puntos y en determinados momentos, el mensaje que llega al conductor no es «respeta el límite», sino «no te pillen». Y eso convierte la seguridad vial en un juego de azar con recaudación incorporada.

Productividad policial, incentivos y el factor humano​

El episodio también ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿existen incentivos internos para multar más? No hay confirmación oficial de bonus por denuncias, pero la sospecha circula con la misma naturalidad con la que circulan los coches por encima del límite. Un agente que en su última mañana multiplica por veinte su producción habitual invita a pensar en muchas cosas, y no todas son inocentes.

Hay quien lo lee en clave de venganza laboral: un veterano harto de ciertos mandos que decide irse por la puerta grande, cumpliendo la ley al pie de la letra y sin margen para la interpretación. Es la hipótesis del funcionario que se toma la norma al pie de la letra como forma de sabotaje. También hay quien lo lee como simple vocación: la última oportunidad de ejercer la autoridad antes de que se apague la placa.

En cualquier caso, el resultado es el mismo para los 205 afectados. La ley se aplicó. El agente se jubiló. Y el Ayuntamiento, dos días después, seguía sin saber muy bien cómo explicar que su radar móvil había batido un récord del que nadie quiere acordarse.

Qué pasa ahora con las 205 multas de Vitoria​

A la fecha de esta discusión, las multas siguen en pie y no hay indicios de que vayan a retirarse. El agente está jubilado. El consistorio ha calificado el episodio de gamberrada, pero no ha anunciado medidas concretas para revisar las denuncias. Los conductores afectados tendrán que decidir si recurren, si pagan y se olvidan, o si esperan a ver si el asunto se desinfla solo.

Mientras tanto, el radar móvil de Vitoria sigue siendo uno. El único. Y el próximo que lo coja no estará a dos días de jubilarse, lo que probablemente sea una buena noticia para todos. O no.