Isabel rodríguez, ministra de vivienda: "hay que prohibir airbnb"

Isabel Rodríguez abre la puerta a prohibir Airbnb y el alquiler sube un 13,2%​

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha mostrado partidaria de prohibir Airbnb. Lo dijo en una entrevista en la cadena SER y le puso una condición: vetar los pisos turísticos cuando «entran en contradicción con el derecho de los ciudadanos». La frase llega pegada a un número incómodo. El precio del alquiler se ha encarecido un 13,2% en el último año, muy por encima del poco más del 3% que marcaba el IPC y que la ley de vivienda fijaba como tope. Casi el cuádruple de lo permitido.

El alquiler sube un 13,2% con el tope del IPC en vigor​

El dato sostiene buena parte del enfado. La ley de vivienda prohibía subidas superiores al IPC, poco más del 3% en el último año. Las subidas reales han multiplicado casi por cuatro ese límite. Con esos mimbres, quien defiende el mercado libre tiene un argumento simple: el control de precios no frena la escalada, la disfraza. Quien reclama más intervención responde con otro: sin reglas, la escalada habría sido peor. Ninguna de las dos partes discute la cifra.

La comunidad de vecinos como árbitro real​

Aquí se libra la batalla más concreta. Se argumenta que el propietario de un piso turístico rara vez sufre las molestias que genera: las deja en el rellano. Él cobra; la comunidad se come el trasiego de maletas, el ascensor ocupado a todas horas y la piscina tomada en agosto. Sobre esa base se defiende que el veto no lo decida un ministerio, sino la propia junta de vecinos. La ley ya ampara a las comunidades para limitar actividades molestas dentro del bloque: si se cerró un bar por acuerdo vecinal, un piso turístico debería correr la misma suerte.

La objeción es razonable: quien quiera competir con un hotel, que cumpla la normativa que se exige a un hotel. El reverso también lo es: alguien compró un piso para alquilarlo por semanas y una mayoría de vecinos puede apagarle el negocio de un día para otro.

Cuántas viviendas turísticas hay y cuántas se prohibirían​

Los números que circulan son modestos frente al ruido. Habría unas 30.000 viviendas turísticas susceptibles de prohibición en toda España, de las que 16.000 estarían en Madrid, y no todas legales. Con esas cifras, hay quien sostiene que la medida es un gesto: prohibir 30.000 pisos no mueve el mercado. El déficit de vivienda en Madrid se calcula en decenas de miles de casas, y las promesas de vivienda pública y del Sareb —hasta 180.000— siguen sin aterrizar. El desglose completo de esas cuentas deja un hueco que ninguna prohibición tapa.

Se repite que solo se construye con cuentagotas porque no interesa ni al promotor ni al ayuntamiento, y que ni sacando al mercado todos los pisos turísticos ni todas las viviendas vacías se cubriría la demanda de alquiler barato.

¿Por qué el problema no se resuelve sacando pisos de Airbnb?​

Porque el déficit es estructural. Ni el stock turístico ni las viviendas vacías —y no todas están en condiciones de alquilarse— cubrirían la demanda. La oferta se levanta con cuentagotas y el suelo disponible está sometido a restricciones. Hay municipios, incluso casi desiertos, con todo el término declarado no urbanizable: Gisclareny, el de menos habitantes de Cataluña, con 27 residentes y 36 kilómetros cuadrados, es el caso que se repite. De ahí sale la disputa de fondo: si la norma no deja construir, la escasez la fabrica el propio Estado, y prohibir Airbnb es poner una tirita sobre una hemorragia. Frente a eso, la protección del territorio tiene su lógica: sin límites, se urbaniza lo que haga falta.

El hotel como patrón y el turismo que se queda fuera​

Ahí entra el lobi hotelero, o su sombra. Una parte del análisis sostiene que prohibir Airbnb beneficia al sector reglado: menos competencia y los mismos turistas. Otra recuerda que el apartamento turístico no es nada nuevo, que las habitaciones y los pisos de verano se alquilaban por semanas mucho antes de internet, y que plataformas como Airbnb o Booking solo han hecho fácil lo que antes dependía del boca a boca. El cobro garantizado y el sistema de valoraciones explican su éxito. También explican el problema: el vecino que no quiere vivir dentro de un hotel sin haberlo elegido.

Entre 30.000 pisos que se prohibirían en toda España y un 13,2% de subida anual, la cuenta no cuadra por ninguna parte. Echar el candado al piso turístico del rellano no va a bajar el alquiler del quinto sin ascensor. Pero es mucho más rápido que construir.