Mirad este menor que se acaba de convertir en MENA

La radiografía de muñeca que decide quién es menor de edad​

Un joven que declara tener 17 años acaba de ingresar en un Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Barcelona. Queda bajo la gestión de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) hasta que la Fiscalía de Menores ordene las pruebas radiológicas que confirmen su edad. La imagen de su llegada —que varios participantes describen como de adulto, con canas— ha bastado para reabrir el pulso sobre un sistema que trata a quien dice ser menor como menor hasta que se demuestre lo contrario. La discusión, sin embargo, va mucho más allá de un solo caso.

¿Qué pasa desde que entra hasta que se confirma la edad?​

El protocolo no es inmediato. Entre el ingreso y la resolución la persona ocupa una plaza, con manutención y tutela administrativa, en un recurso de protección. Solo cuando la Fiscalía de Menores ordena la prueba radiológica se activa el mecanismo que puede revertir la situación. Ese trámite separa dos regímenes jurídicos que no tienen nada que ver: el de un menor tutelado y el de un adulto en situación irregular. Todo el edificio se apoya, por tanto, en un único informe técnico.

La prueba de la muñeca: qué mide y por qué se discute​

El método más citado es la radiografía de la muñeca, que estima la edad ósea. No es una medición exacta: es un rango estadístico, y de ahí que el resultado se impugne casi siempre. Quienes defienden el sistema recuerdan que es la única herramienta objetiva disponible a gran escala. A quien lo critica le parece que convierte una horquilla en una certeza administrativa. Y con esa certeza se decide una tutela.

El relato que circula por los centros apunta en la misma dirección. Una persona que dice trabajar en un recurso de acogida sostiene que a todos se les practica la radiografía de la muñeca y que, a la mínima, se les considera mayores de edad. Es un testimonio, no un dato oficial. Pero explica por qué el asunto despierta tanta desconfianza en las dos direcciones: la prueba puede fallar tanto al colar a un adulto como al expulsar a un menor real.

El coste público y el efecto llamada​

El gasto vertebra buena parte del desacuerdo. Mantener una plaza en un centro cuesta dinero cada mes, y el proceso de verificación consume recursos aunque termine concluyendo que la persona no era menor. Una parte del análisis sostiene que el diseño convierte la simple declaración de edad en una puerta de entrada barata. La otra responde que tratar como sospechoso a cualquier menor de aspecto maduro castiga justo a quien tiene derecho a protección. Ninguna de las dos posturas se sostiene sin un coste.

El destino que no quiere nadie: España como pasillo​

Aparece un elemento que suele quedar fuera del titular. Según el relato de quien asegura conocer el funcionamiento interno de un centro, muchos de los ingresados tienen familiares en la península, pero su objetivo es continuar hacia Francia o más al norte. De los que tienen alguna posibilidad, sostiene, ninguno quiere quedarse. Si el patrón fuera general, el problema no sería solo el de la edad declarada, sino el de un sistema que retiene a quien no desea quedarse. Es una afirmación sin verificar, y conviene tratarla como tal.

Qué ocurre cuando el resultado dice que no es menor​

Cuando el informe concluye que la persona supera la edad de tutela, la protección desaparece y con ella la plaza. El tránsito a la vida adulta de un migrante sin red familiar ni laboral es abrupto, y el margen administrativo, mínimo. Ese es el nudo de fondo: no tanto quién entra, sino qué se hace con él después. La ironía más repetida —que pasará de la ayuda por menor a la jubilación— señala un problema real aunque lo disfrace de chiste.

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Ninguna de las dos orillas parece dispuesta a ceder. Unos seguirán pidiendo pruebas más duras y verificaciones más rápidas; otros mantendrán que la presunción de minoría protege a quien más lo necesita. Lo probable es que el sistema siga resolviendo caso a caso, con el foco puesto en la imagen del recién llegado y no en el protocolo. Un dato oficial de aciertos y errores obligaría a rediseñarlo. No hay señales de que ese informe esté cerca.