Miles de abogados se manifiestan por una pasarela al Régimen de Autónomos y pensiones dignas

Abogados del turno de oficio reclaman cotizar en el Régimen de Autónomos​

Un abogado cierra un caso abierto en 2013 y cobra menos de 700 euros por él. Otro calcula que la mayoría de sus compañeros mutualistas aportaban unos 400 euros mensuales y ahora se encuentran con pensiones de 600. La protesta del colectivo, que reclama una pasarela al Régimen General de la Seguridad Social, se topa con una respuesta incómoda: durante años la Mutualidad privada fue la opción de los más listos de la clase, y ahora que la caja no cuadra toca mutualizar las pérdidas.

La manifestación derivó en altercados y las fuerzas del orden tuvieron que disolverla. Entre los objetos lanzados, ejemplares comentados del Código Civil y de la Constitución, además de tomos del Estatuto de la Abogacía contra la fachada del Ministerio de Justicia. Los grupos más radicales iban encapuchados y vestidos con togas. La escena resume el tono del asunto: un colectivo que maneja la ley como herramienta de trabajo la usó como proyectil.

Por qué los abogados del turno cobran una miseria​

El núcleo del conflicto está en la remuneración. En comparación con países del entorno como Italia, Francia, Alemania o Suecia, los abogados españoles cobran una auténtica birria por el turno de oficio, y además ponen los medios materiales para el Estado. Hay letrados que llevan casos durante una década y no llegan a los 700 euros por el conjunto del procedimiento. El turno se convierte así en una pesadilla recurrente: el día de la marmota pero sin cobrar.

El argumento oficial sostiene que el turno se cubre por vocación, no para enriquecerse. Un abogado veterano que ejerció hasta 2022 lo defendía exactamente así: el buen profesional gana dinero con clientes privados y asume el turno por compromiso moral. La respuesta desde el otro lado es que los tiempos han cambiado y hoy hay un número de letrados que hace inviable repetir aquel modelo. La masa crítica de abogados se ha multiplicado y el pastel se reparte entre muchos más.

La Mutualidad: cotizar 400 euros y jubilarse con 600​

El segundo frente es el de las pensiones. La mayoría de los abogados mutualistas pagaban cuotas de en torno a 400 euros al mes y ahora se encuentran con jubilaciones que rondan los 600. La comparación con el Régimen General es brutal: la Seguridad Social paga de media un 63% más de lo que el trabajador ha contribuido, mientras que una mutua privada solo puede repartir lo que efectivamente se ha aportado, sin déficit ni nuevos cotizantes que sostengan el sistema.

De ahí el problema estructural. Pasar a decenas de miles de jubilados de la Mutualidad al sistema público implicaría que sus cotizaciones se consumirían en pocos años, según los cálculos que circulan. Los mutualistas que se acogieron a esta fórmula a partir de 1996 lo hicieron con una ventaja clara: pagaban hasta un 20% menos que la cuota mínima de autónomos. Los que estaban obligados antes de 1995, en cambio, tendrían reconocido un bonus al traspasar sus cotizaciones. Esa distinción entre listos por elección y atrapados por obligación atraviesa todo el asunto.

Qué propone la pasarela al Régimen de Autónomos​

La propuesta del PSOE contempla una pasarela, pero no para todos los abogados. Sumar ha presentado una disposición adicional que ordena al Gobierno incluir a los letrados del turno de oficio en el Régimen General, en términos similares a los aplicados a los jueces de paz y a los interinos de justicia anteriores a 1990, que estaban en MUGEJU sin cotizar a la Seguridad Social. La enmienda de Junts, en cambio, se considera poco útil porque no ataca el problema de fondo: la remuneración del turno.

El alud de enmiendas en el Congreso ha agitado la negociación sobre el futuro de los mutualistas. La intención que se atribuye al Gobierno pasa por eliminar la opción de que los profesionales colegiados se acojan a una mutualidad como cobertura alternativa. Mientras, los sindicatos del sector —antes solo había colegios profesionales— se han convertido en el actor que mueve casi todo el conflicto.

La salida que nadie quiere poner en práctica​

La única forma real de presión que se señala es una baja colectiva del turno de oficio. El razonamiento es simple: si todos los abogados abandonaran el servicio, el Gobierno se vería obligado a negociar. El obstáculo es que el turno funciona como una obligación cuasi-funcionarial sin derecho a huelga: en derechos son autónomos, en deberes se parecen a empleados públicos. Y muchos no pueden permitirse dejarlo porque necesitan esos ingresos para pagar las cuotas que les permiten seguir ejerciendo.

El trasfondo es más grande que los abogados. Los mismos problemas afectan a autónomos con bases mínimas, a pensionistas cuyas pagas extra se financian con deuda y a cualquier colectivo que dependa de un sistema de bienestar tensionado por el envejecimiento. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que promete a cada nuevo grupo lo que ya no puede pagar al anterior?