La DANA baja a 207 muertos y el recuento oficial se atasca
La cifra de fallecidos por la DANA en España bajó a 207. Lo llamativo no es el descenso, sino que el número de desaparecidos siguió subiendo mientras el de muertos retrocedía. La actualización de datos, difundida por
Mundo Deportivo, desató una tormenta de interpretaciones: desde el milagro administrativo hasta la constatación de que el sistema de identificación va por detrás de la realidad. Según un participante en el debate, el Centro de Integración de Datos solo contabiliza a los fallecidos que ya están en el Palacio de Justicia. Los que esperan traslado no entrarían en el cómputo oficial. Esa es la explicación técnica que se dio. La política, en cambio, fue otra cosa.
Por qué bajan los muertos y suben los desaparecidos
El mecanismo no es misterioso. El Centro de Integración de Datos, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, canaliza toda la información relativa a autopsias e identificaciones. Solo suma a quienes ya han pasado por sus instalaciones. Un cuerpo en una cámara frigorífica a la espera de traslado, o pendiente de identificación plena, no aparece en la cuenta. Cuando se completa el circuito, la cifra sube. Cuando se depura un duplicado o se confirma que una persona dada por desaparecida está viva, la cifra baja.
El artículo 37.6 del decreto que regula el sistema atribuye esa competencia al TSJ valenciano, no al Gobierno central ni a la Generalitat. Ese detalle jurídico, que en un país normal sería una nota a pie de página, aquí se convirtió en el eje del incendio.
El TSJ de Valencia es quien da el número oficial, y eso descolocó a quien esperaba otro responsable.
La confusión entre desaparecidos y fallecidos no identificados es la raíz del ruido. Un desaparecido no es un muerto. Un cuerpo sin identificar no es un desaparecido. Pero en la contabilidad diaria, las tres categorías se mezclan y producen titulares que parecen milagros.
El milagro como marco: de la pandemia al barro
La comparación con la pandemia apareció pronto. Durante la crisis sanitaria, las cifras de fallecidos se inflaron al principio para justificar medidas excepcionales y después se recortaron cuando la gestión empezó a cuestionarse. Ese patrón, real o percibido, se proyectó sobre la DANA con una velocidad notable.
La sospecha de que el recuento se manipula según convenga política es hoy un lugar común en buena parte del análisis crítico.
El argumento tiene dos versiones. La primera sostiene que el Gobierno central infló las cifras iniciales para dramatizar la catástrofe y justificar ayudas y competencias. La segunda, más extendida, apunta a que el recorte posterior busca maquillar la gestión. Ninguna de las dos se ha demostrado. Pero la coincidencia temporal entre ajustes de cifras y debates políticos alimenta la desconfianza.
Hay quien señala que el propio sistema de identificación forense, con más de cien profesionales desplazados, trabaja con criterios técnicos y no políticos. Y hay quien responde que un sistema que tarda semanas en cuadrar un número no puede presentarse como modelo de transparencia. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.
Quién da la cifra oficial de muertos por la DANA
La competencia es del TSJ valenciano. Eso lo dejó claro el propio tribunal al recordar que su Oficina de Comunicación canaliza toda la información sobre autopsias e identificaciones. El Gobierno central y la Generalitat pueden comparecer, pero el número oficial sale de ahí. Es un detalle que desmonta la teoría del decreto-ley propagandístico, aunque no desmonta la sospecha sobre los tiempos.
El problema es de ritmo. La identificación forense requiere cotejo de ADN, historiales clínicos y confirmación de familiares.
Solo 167 de los 207 fallecidos estaban plenamente identificados en el momento de la actualización. Los demás estaban contabilizados pero no cerrados. Esa brecha entre contabilizado e identificado es la que produce los saltos.
La burocracia, en una catástrofe, no es neutral. Cada día que pasa sin cifra cerrada es un día de especulación. Y la especulación, en España, tiene siempre signo político.
El uso político del recuento
La cifra de muertos se convirtió en campo de batalla. Unos la usan para exigir dimisiones. Otros, para defender la gestión. Los menos, para pedir que se separe el dato técnico del relato. La discusión sobre si el Gobierno devuelve la vida a los muertos es, en el fondo, una discusión sobre quién controla la narrativa de la catástrofe.
El cambio climático entró en la ecuación como justificación de nuevas políticas fiscales. La idea de que los fallecidos no contabilizados acabarán engrosando el argumento climático circula con insistencia. No hay prueba de ello. Pero la sospecha de que una desgracia se convierte en oportunidad presupuestaria tiene precedentes y no necesita demostración para instalarse.
La ironía del asunto es que el sistema que genera las cifras es judicial, no político. Y aun así, la política se lo ha comido.
El punto exacto donde el análisis se atasca
La cifra bajará o subirá según se cierren identificaciones y se depuren duplicados. El TSJ seguirá dando el número. El Gobierno seguirá recibiendo las críticas. Y la desconfianza, que ya no depende de los datos, seguirá su propio camino. Nadie ha explicado todavía por qué el número de desaparecidos sube mientras el de muertos baja. Técnicamente tiene sentido. Políticamente, no hay manera de que cuadre.