Argentina cobra 350.000 dólares por el pasaporte que España no vende
Hay una paradoja que cuesta digerir. Argentina quiere cobrar
350.000 dólares por su nacionalidad y España no exige un euro de inversión por la suya. El Programa de Ciudadanía por Inversión se presentó en París y las primeras solicitudes llegarán, según el calendario oficial, en el
cuarto trimestre de 2026. La comparación la ha puesto encima de la mesa quien mira la cuenta bancaria y luego mira los papeles.
Qué exige Argentina para dar la nacionalidad a cambio de dinero
El mecanismo tiene dos puertas. La primera es una aportación directa y no reembolsable de
350.000 dólares al Tesoro Nacional, que en la práctica se lee como una compra directa del pasaporte. La segunda obliga a suscribir un título público de
800.000 dólares creado para el programa, cuyos detalles siguen sin concretarse. La cifra sube con la familia: el cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años —solteros y sin hijos— añaden 100.000 dólares por cabeza, y cada menor, 25.000. El ejemplo que puso el propio Gobierno sitúa a un matrimonio con dos hijos pequeños en
500.000 dólares.
El encaje legal viene de lejos. El
Decreto 366/2025 reformó la Ley de Ciudadanía para abrir una vía de naturalización a quien acredite una «inversión relevante», sin exigir residencia previa, y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente de Economía. El
Decreto 524/2025 fijó después el procedimiento de evaluación. Argentina se convierte así en el primer país de Sudamérica que usa el pasaporte como reclamo de capital, y lo hace en un momento nada casual: afronta
29.000 millones de dólares de vencimientos de deuda hasta 2027 y calcula que el programa le reporte unos 2.500 millones en cinco años.
Por qué la comparación con España indigna a unos y chirría a otros
El punto que hace sangrar la comparación es el trato inverso. Una parte del análisis sostiene que los argentinos que llegan a España acceden a residencia legal, sanidad y educación públicas, transporte subvencionado y vivienda protegida sin desembolsar nada, mientras un español que quiera instalarse en Argentina se topa con la tarifa de los 350.000 dólares. La ironía se resume en una frase que circula: la historia se repite, primero como tragedia y luego como comedia.
En contra de esa lectura pesa un detalle que conviene no perder de vista. En España la nacionalidad no se compra: se obtiene tras años de residencia y con plazos que cambian según el origen del solicitante, y el acceso a prestaciones depende de estar empadronado y cotizar. La asimetría que se denuncia es de condiciones, no de un precio de venta frente a otro. Eso no desactiva el cabreo, pero lo recoloca.
El riesgo de poner 350.000 dólares en Argentina
El precio no incluye garantías. Quien mete capital en un país con historial de default y controles de cambio asume un riesgo que ningún folleto oficial elimina, y en los análisis que acompañan al programa se recuerda la
expropiación de YPF a Repsol como precedente incómodo, además del temor a que un cambio de Gobierno revise las condiciones o los títulos suscritos. El antecedente internacional tampoco tranquiliza: Turquía llegó a colocar pasaportes por cientos de miles de dólares antes de que estallaran las investigaciones por falsificación documental, con miles de solicitantes atrapados en el limbo. Y en el Caribe, donde el modelo lleva años rodando, una isla retiró el pasaporte a dos inversores conocidos que habían pagado 200.000 dólares cada uno.
Con esos mimbres, el comprador potencial no está pagando por un documento: está comprando una opción sobre la estabilidad de un país. La pregunta que queda abierta es incómoda. Si el precio no garantiza la residencia, ni la devolución del dinero, ni que el programa sobreviva al próximo cambio de color político, ¿qué se está vendiendo exactamente aquí?