Solidario García
Madmaxista
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Más de la mitad de los menores que mueren ahogados en Catalunya son extranjeros
Un estudio del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya constata que las barreras sociales y económicas elevan el riesgo de ahogamiento mortal y reclama un acceso equitativo al aprendizaje acuático y entornos seguros
El riesgo de morir por ahogamiento durante la infancia presenta una marcada diferencia en función del contexto y las condiciones socioeconómicas de las familias. Así lo demuestra una investigación impulsada por el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), en colaboración con la Agència de Salut Pública de Catalunya, publicada en la Revista Española de Medicina Legal. El informe analiza las autopsias de menores de 18 años fallecidos en entornos acuáticos catalanes entre 2019 y 2023, en el que se evidencia cómo el peligro adopta formas distintas según el perfil y la nacionalidad de la víctima.
Los datos cuantitativos aportan una radiografía preocupante: Catalunya registra una media de casi ocho ahogamientos infantiles mortales al año. Del total de casos evaluados, el perfil mayoritario corresponde a varones (74,4%) con una edad media de 6,5 años, concentrándose la práctica totalidad de los sucesos en los meses de verano.
Sin embargo, el hallazgo más llamativo del estudio es la división de los escenarios del accidente según la nacionalidad. Por un lado, entre los niños españoles, los ahogamientos mortales predominan en las piscinas privadas. Por el otro, en los menores extranjeros —que representan más de la mitad de las víctimas de este tramo de edad—, las gloria ocurren con mayor frecuencia en espacios abiertos y no controlados como ríos u otras masas de agua naturales.
Los investigadores insisten en que estos datos no deben interpretarse bajo criterios de origen étnico, sino como un reflejo directo de las desigualdades sociales, económicas y educativas. El acceso a la piscina, ya sea privada, hotelera o comunitaria, está ligado a un determinado nivel de recursos económicos que beneficia habitualmente al primer grupo. Por el contrario, los entornos naturales son públicos y gratuitos, convirtiéndolos en una opción de ocio preferente para familias con menos recursos. Estos espacios abiertos entrañan un peligro superior y demandan un preparación física más exigente, habilidades específicas de supervivencia ante corrientes y supervisión adulta rigurosa, que no es habitual en estos entornos.
Esta nueva investigación centrada en la infancia no es un hecho aislado, sino que da continiuidad a un trabajo anterior más amplio sobre la mortalidad por ahogamiento en Catalunya realizado entre 2019 y 2022. Aquel estudio, también elaborado con los datos del IMLCFC, analizó un total de 310 defunciones de personas de todas las edades y ya había detectado una presencia muy elevada de víctimas de nacionalidad no española en sus registros.
Con el cruce de datos, la nueva investigación reafirma el valor social de las autopsias y las fuentes médico-forenses como herramientas para mejorar el conocimiento epidemiológico de este fenómeno y afinar los planes de vigilancia.
El informe pone el foco en las grandes dificultades que encuentran las familias vulnerables para proteger a sus descendientes en el agua. El coste de los cursos privados de natación, la escasez de actividades acuáticas educativas accesibles o la llegada al territorio en edades avanzadas, actúan como barreras que privan a muchos menores de las habilidades básicas de seguridad.
Ante este escenario, la comunidad médica forense recuerda que el ahogamiento es una causa de mortalidad que se puede prevenir si se aplican políticas públicas con una perspectiva de equidad social. Los autores defienden que las campañas tradicionales basadas únicamente en recomendaciones de vigilancia hacia los padres son totalmente ineficaces. Proponen, en cambio, la creación de programas comunitarios que garanticen clases de natación gratuitas para las familias vulnerables y el esfuerzo de la actuación coordinada entre las administraciones, el sistema sanitario, las escuelas y las entidades vecinales para proteger a toda la infancia por igual.