Más de 35 jóvenes se atrincheran en el hospital de Son Espases

Son Espases: 35 indigentes atrincherados en Urgencias y la gerencia pide ayuda a la policía​

Más de 35 personas sin hogar llevan años asentadas en el recinto del hospital de Son Espases, sobre todo en el área de Urgencias, según el relato que abre este asunto. La gerencia ha terminado reclamando auxilio policial. El cuadro que se describe no es de ocupación simbólica: incidentes violentos, agresiones al personal sanitario y de seguridad, insalubridad, escenas de índole sexual delante de menores y enfrentamientos diarios. La mayoría son jóvenes, de nacionalidades diversas, y buena parte con problemas de alcohol y drogas.

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El patrón que se dibuja tiene tres capas. La primera es la convivencia: personas que pernoctan, beben y orinan en zonas comunes del recinto hospitalario. La segunda es la seguridad: el personal facultativo y los vigilantes aparecen como receptores habituales de agresiones. La tercera es la sanitaria: un área de Urgencias no está pensada para alojar a nadie, y menos a población con patologías asociadas al consumo crónico.

Hay un dato que descoloca a cualquiera que haya pisado una gerencia hospitalaria: la antigua dirección permitía residir allí con la condición de que a las siete de la mañana estuvieran fuera. En pocos meses, la situación se fue de las manos. Las ONG entran directamente al hospital a llevarles comida. Cuando el problema ya no se podía tapar, la gerencia pidió ayuda a la policía. La secuencia —tolerancia, desbordamiento, llamada a emergencias— es un clásico de la gestión pública española.

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La explicación que circula es menos épica de lo que parece: nadie quiere firmar la expulsión. Echar a 35 personas de un recinto sanitario exige coordinación entre gerencia, policía, servicios sociales y autoridad judicial, y cada eslabón tiene incentivos para no mover ficha. El resultado es una zona gris donde el derecho a la asistencia sanitaria se confunde con el derecho a pernoctar en la puerta de Urgencias.

El argumento que más se repite es el del buenismo institucional: se tolera lo intolerable para no aparecer en un titular de desalojo. Enfrente, la objeción es de manual: un servicio público esencial no puede convertirse en refugio permanente sin normas, porque el coste lo pagan los pacientes y los trabajadores. Entre ambos extremos, la pregunta que nadie contesta es quién asume la responsabilidad legal si un incidente grave ocurre dentro del recinto.

Las agresiones al personal sanitario y los robos en el hospital​

El goteo de denuncias es lo que ha roto la paciencia. Los sanitarios exigen controles de acceso para frenar las agresiones. Se han descrito robos a pacientes, incluido un episodio en habitaciones de maternidad. La dirección ha quedado retratada entre dos fuegos: los trabajadores piden medidas y los gestores no quieren asumir el coste político de un desalojo.

En el trasfondo aparece una discusión más amplia sobre la seguridad en los hospitales públicos. Hay quien sostiene que el problema no es la falta de recursos, sino la ausencia de voluntad para aplicar los que ya existen. El argumento contrario apunta a que sin plazas de acogida, sin atención a la salud mental y sin dispositivos de baja exigencia, cualquier expulsión es un traslado de la patología a la acera de enfrente.

Quién responde por los años de ocupación del recinto​

La pregunta que sobrevuela todo el asunto es de responsabilidad. Si la situación se prolonga durante años, alguien firmó las instrucciones, alguien miró hacia otro lado y alguien decidió que era más cómodo convivir con el problema que resolverlo. La gerencia actual hereda el marrón y pide refuerzos. La anterior, según el relato, puso la alfombra de salida a las siete de la mañana.

En paralelo, el debate se ensancha hacia el modelo de atención a la exclusión severa. Los dispositivos de acogida están saturados, la salud mental comunitaria es un erial y la vía penal no resuelve nada cuando el infractor no tiene nada que perder. Esa combinación —demanda social alta, oferta institucional baja— explica por qué los hospitales acaban absorbiendo funciones que no les corresponden.

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¿Cuántos años de tolerancia hacen falta para que un problema de exclusión se convierta en un problema de seguridad hospitalaria? La respuesta, de momento, la está escribiendo el personal de Urgencias a base de aguantar.