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María del Carmen Abascal Martín, la vecina de Retiro convertida en símbolo contra los desahucios, figura en el Registro Mercantil de Madrid como administradora única de FIEBA SA y consejera de JINUR SA, dos sociedades dedicadas a invertir en inmuebles y explotarlos en alquiler.
María del Carmen Abascal Martín, la vecina de Retiro convertida en símbolo contra los desahucios, figura en el Registro Mercantil de Madrid como administradora única de FIEBA SA y consejera de JINUR SA, dos sociedades dedicadas a invertir en inmuebles y explotarlos en alquiler.
La historia pública de María del Carmen Abascal Martín, fallecida y conocida como Maricarmen, la situó como rostro del Real Decreto-ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Antes de eso, durante dos décadas, ocupó una vivienda en el barrio de Retiro (Madrid) con un contrato de renta antigua ya extinto y acabó desahuciada. Lo que no había trascendido hasta ahora es su pasado societario: según la nota simple de la entidad aportada por el Registro Mercantil, Abascal fue administradora única de FIEBA SA y, después, consejera y vicesecretaria del Consejo de Administración de JINUR SA.
FIEBA SA y JINUR SA compartían domicilio social en la calle Pradillo, 36, de Madrid. El Boletín Oficial del Estado de 1982 califica a FIEBA SA como empresa «de inversión mobiliaria». El objeto social de JINUR SA, recogido en la nota simple, era «la realización de inversiones en bienes inmuebles y su explotación en forma de arrendamiento», además de la urbanización y parcelación de solares.
El nombramiento de Abascal como consejera de JINUR SA se produjo el 1 de julio de 1994, en Junta Universal de Accionistas, junto al de otros tres consejeros. Todos ellos ya formaban parte del órgano de gobierno de FIEBA SA y formalizaron su salida de esta en agosto de 1994, un mes después de desembarcar en JINUR. El traslado fue, en la práctica, un movimiento de recursos entre dos sociedades del mismo fondo de inversión inmobiliaria.
Los documentos registrales detallan que los consejeros tenían facultad para «representar a la sociedad en juicio», contratar, acudir a actos y negociaciones y administrar «toda clase de bienes inmuebles y mobiliarios» de la entidad. Abascal cesó como vicesecretaria de JINUR SA el 1 de julio de 1995, solo un año después de su nombramiento, según el acuerdo del Consejo de Administración recogido en la información registral.
Cinco años más tarde, en el año 2000, la denominación social de JINUR SA desapareció y la compañía se integró, mediante una nueva fusión, en BASCADI SA, otra sociedad dedicada a la inversión inmobiliaria. La trayectoria societaria de Abascal se desarrolló, por tanto, en el mismo segmento que después se convirtió en diana política: la compra de viviendas para explotarlas en alquiler.
Ni Abascal, ni su abogada, ni el Sindicato de Inquilinas detallaron públicamente durante el proceso de desahucio dónde había trabajado. Sí trascendió, desde su entorno, que estudió taquimecanografía y secretariado. En las semanas más mediáticas del lanzamiento del decreto se extendió el rumor de que había sido funcionaria.
El diario El País apuntó en 2024, a partir de una entrevista con la propia mujer, que había trabajado como «secretaria del Consejo de Administración de una empresa farmacéutica». El análisis de los objetos sociales de todas las sociedades en las que Abascal ocupó un puesto de poder administrativo no muestra negocio farmacéutico alguno. Los documentos consultados dibujan un perfil vinculado a la inversión inmobiliaria, no a la industria del medicamento.
La coincidencia entre el símbolo público y el historial registral plantea una pregunta incómoda sobre cómo se construyen los iconos políticos. También recuerda que el Registro Mercantil es una fuente abierta: cualquiera puede consultar quién administró qué sociedad, cuándo y con qué objeto social. Conviene manejar estos datos con cautela y contrastarlos siempre con la documentación oficial antes de extraer conclusiones.
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