María, obligada a opositar tras 13 años de interina: "Si pierdo mi plaza, ¿quién me va a contratar a esta edad?".

Trece años de interina, cuatro títulos y una plaza que no es suya​

María Torres lleva trece años ocupando una silla que nunca ha llegado a ser suya. Salió el jueves pasado a la calle en Madrid, en una manifestación por la consolidación de los interinos, y resumió su situación en una frase: «Si pierdo mi plaza, ¿quién me va a contratar a esta edad?». Tiene cuatro titulaciones universitarias. Y en todo ese tiempo no ha aprobado una oposición. El caso ha abierto una discusión incómoda sobre qué premia el empleo público español: el examen o los años.

La propia protagonista enumera sus obstáculos: «no tengo mucho tiempo para dedicarme a estudiar porque los niños son pequeños y, además, tengo un hijo con discapacidad, con lo cual más». Es decir, quien lleva más de una década cubriendo el puesto no ha convertido esa permanencia en una plaza en propiedad. Ahí empieza el problema.

¿Qué es un interino y cuánto puede durar esa situación?​

Un interino no ocupa una plaza propia: cubre la de un titular o una vacante. Las causas de nombramiento —sustitución, vacante, programa y acumulación de tareas— no han desaparecido, y las bolsas de trabajo siguen abriéndose para cubrirlas. Lo que se ha cerrado, según el análisis que circula, es la figura del interino de por vida que se jubilaba en un puesto estructural.

La clave está en el límite temporal: esas causas tienen una duración máxima de tres años. Pasado ese plazo, la vacante se cubre por los medios ordinarios o se amortiza; si el puesto se consolida como estructural, hay que proveerlo por los procedimientos reglamentarios. Es el punto exacto donde el sistema lleva años haciendo la vista gorda.

El pulso con Bruselas: del 34% de interinidad al 8%​

Aquí aparece la cifra que ordena todo el asunto. La Unión Europea sitúa en un máximo del 8% la interinidad admisible; la administración española rondaría el 34%, con un millón largo de personas afectadas. Traducido: habría que dejar el colectivo en unos 200.000, y no hay forma indolora de hacerlo.

El criterio que se impondría en ese ajuste es un LIFO de manual: el último en entrar, el primero en salir. Los interinos con menos antigüedad se irían antes, mientras los más veteranos aguardarían una consolidación que nadie garantiza. La paradoja es fina: quienes llevan más tiempo reclamando que se les valore la experiencia serían los últimos en sufrir el recorte, y eso alimenta la sospecha de que la antigüedad funciona como escudo de unos pocos.

Cuatro titulaciones y ningún currículum contratable​

La contradicción más dura aparece aquí. Trece años en el mismo puesto y cuatro carreras deberían construir un currículum potente. Sin embargo, la frase que abre el caso sugiere lo contrario: la protagonista no cree que el mercado privado vaya a quererla. Se sostiene que si el trabajo es rutinario y no añade competencias, la experiencia no vale nada al salir. Y que alguien con cuatro titulaciones tenía margen para preparar un examen.

También hay respuesta para eso. Durante años se han convocado pocas plazas; en algunos organismos la oferta pública ha llegado con cuentagotas, y quien aprobaba sin plaza quedaba atrapado en una bolsa, encadenando sustituciones. No es solo dejadez personal: es una estructura que premia la paciencia y castiga el mérito recién llegado.

¿Cuánto pesa la antigüedad frente al examen?​

En los procesos selectivos la antigüedad suma: se habla de unos tres puntos de partida para quien acumula años de servicio. Con ese colchón, aprobar debería ser cuestión de tiempo para un veterano. De ahí la pregunta que muchos se hacen: si existe esa ventaja acumulada, ¿por qué hay quien lleva más de una década sin plaza?

La comparación internacional se cuela en la conversación. En Suiza no existe el funcionario tal y como se entiende aquí: se entra al servicio público, se trabaja y, si se hace bien, se permanece. En España la plaza lleva un blindaje que hace casi imposible despedir a nadie, y esa rigidez explica tanto la resistencia a examinarse como la dificultad política de tocar el sistema.

Sobre cómo se llega hasta ahí hay versiones. Una parte del análisis sostiene que la interinidad sirvió en el pasado como vía de entrada discrecional a la administración; otra recuerda que la mayoría de esas bolsas se forman con opositores que aprobaron sin obtener plaza y quedaron esperando turno.

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El dato que descoloca: de ese 34% habría que bajar al 8%, y la cuenta deja fuera a cientos de miles de personas que hoy consideran su puesto un derecho adquirido. Nadie ha explicado todavía, con nombres y fechas, a dónde van.