Los nuevos facinerosos para el pogrerio.. los agricultores:

El campo no es fascista: es un sector asfixiado​

¿Cuánto tarda en aparecer la etiqueta de fascista cuando un sector productivo se echa a la calle? Menos que un rastrojo en agosto. El periodista Antonio Maestre publicó un mensaje en el que sostenía que la estrategia de la extrema derecha en las movilizaciones agrarias consiste en «hacer pasar a empresarios por jornaleros» para mostrarse como garante del Estado social «solo para los de casa». La respuesta del sector no se hizo esperar y fue, en buena medida, un manual de economía agraria básica.

La primera corrección llegó por la vía de la definición: un agricultor es el propietario de una explotación agrícola; un jornalero es quien trabaja por cuenta ajena en ella. Confundir ambos términos no es un matiz, es no haber pisado un rastrojo. Y sobre esa confusión se construyó el resto del argumento.

Quién es empresario y quién dobla el lomo​

El retrato que se hizo del campo español no resiste el contacto con la realidad de la mayoría del territorio. En el centro y el norte del país, la inmensa mayoría de las explotaciones son unidades familiares en las que el titular es también el primer trabajador, a veces con ayuda de la familia. Pocos propietarios pueden permitirse contratar un peón agrario. Ese es el punto de partida que se obvió.

El debate derivó rápido hacia el coste real de producir. En un par de años se han acumulado restricciones que encarecen la actividad: prohibición de podas, de quemar rastrojos, de arar de determinada manera, de ciertos tratamientos. Cada una tiene su justificación ambiental y su factura económica. El resultado es un sector que compite en desventaja con importaciones que no soportan las mismas reglas.

Ahí apareció el argumento más incómodo para el relato oficial: no se puede exigir a la agricultura europea una legislación restrictiva por motivos ambientales mientras se firman acuerdos comerciales con terceros países que cultivan sin esas restricciones. Marruecos y Mercosur se citaron como ejemplos de esa asimetría.

El agricultor que pierde dos tercios de sus árboles​

Frente a la etiqueta ideológica, la contabilidad. Un agricultor a tiempo parcial describió su ejercicio: dos tercios de sus árboles perdidos por la sequía, abono y gasoil por las nubes, una retención del 20% de Hacienda cuando la cooperativa le paga la cosecha y, aun así, una declaración que le sale a pagar. Cada hora de riego, poda, abonado o reparación de gomas es una hora que no se recupera. Su conclusión, que si la explotación no fuera heredada, el campo no merecería la pena.

Ese testimonio no es una excepción retórica: es la estructura de costes de buena parte del sector primario español. Y explica por qué la protesta no se agota en la consigna política.

La sospecha de la manipulación cruzada​

No todo el análisis fue blanco o negro. Una parte de los mensajes sostuvo que los agricultores tienen razón en el fondo pero están siendo utilizados por quienes defienden precisamente la deslocalización que los arruina. Es decir: los mismos que aplauden la protesta son los que firman los tratados que la provocan. La conclusión de esa corriente es que el cabreo es legítimo y el destinatario del cabreo está mal elegido.

Otra línea apuntó a la mecánica perversa de la regulación por compensación: se prohíbe casi todo por un lado y se subvenciona por otro. El consumidor acaba pagando la fiesta mientras el sector aprende a pedir el cazo en lugar de producir. Es una crítica al diseño institucional, no a los agricultores.

El desabastecimiento como escenario​

La conversación derivó hacia lo que puede pasar si el conflicto se cronifica. Se compartieron imágenes de supermercados europeos con estanterías vacías y se especuló con bloqueos de carreteras y puntos de control en vías que comunican regiones enteras. La pregunta de fondo es si el Estado puede gestionar un desabastecimiento sostenido con controles policiales en las entradas de los centros logísticos. La respuesta, por lo que se lee, no es tranquilizadora.

El cierre del asunto no llegó. La fecha señalada para las movilizaciones quedó como una incógnita y las posiciones siguen donde estaban: unos ven una base fascista en la protesta, otros ven una factura impagable. Lo único que parece claro es que el campo ha dejado de pedir permiso para hablar de sus números.