Los menas recibirán una paga hasta os 25 años

La paga a extutelados hasta los 25: 658 euros y una edad bajo sospecha​

¿Cuánto cobra un joven que llegó a España como menor no acompañado y qué ocurre cuando deja de serlo? La cifra que se repite en la conversación pública es 658 euros mensuales en concepto de Ingreso Mínimo Vital para jóvenes extutelados, con la cobertura extendida en principio hasta los 23 años. En Canarias se ha pedido estirar esa prestación hasta los 25. Sobre el papel es una herramienta de emancipación; en la práctica, y a la vista de los datos que van saliendo, es una de esas políticas donde el diseño, el control y la factura no acaban de encajar.

¿Qué prestación es y hasta qué edad se cobra?​

La medida aprobada permite que quienes llegaron al sistema de tutela como menores no acompañados accedan al IMV al cumplir la mayoría de edad, en lugar de quedarse en tierra de nadie al salir del centro. El importe que se cita es de 658 euros al mes y el horizonte, los 23 años. La propuesta canaria de llevarlo hasta los 25 convirtió una ayuda de transición en algo parecido a una renta de larga duración.

Aquí empieza el primer desajuste. Una prestación pensada para el salto a la vida adulta necesita una puerta de salida clara: formación, contrato, autonomía. Cuando el periodo se estira sin condiciones exigentes, la ayuda deja de ser un trampolín y pasa a ser un suelo blando. Nadie discute que exista; se discute si alguien ha definido cómo se sale de ella.

¿Cuánto cobran de verdad y cuántos trabajan?​

Los números concretos son más modestos y más incómodos que el titular de los 658. Una encuesta de la federación que agrupa a entidades de atención a jóvenes tutelados y extutelados, hecha sobre más de 3.000 jóvenes de entre 16 y 23 años, apuntaba que la práctica mayoría percibe una paga de 600 euros mensuales y que solo el 30% accede a ayudas de vivienda.

El otro dato que rompe el relato triunfal es el de la afiliación: apenas un 10% de los MENAs estaría dado de alta en la Seguridad Social. Es decir, la inversión se hace, el gasto corre, pero el retorno en forma de cotización y empleo llega a cuentagotas. Quien sostiene que el sistema funciona habla de procesos lentos y de cohortes que aún son demasiado jóvenes para evaluarlas. Quien sostiene lo contrario señala ese 10% y se queda mirando.

El caso viral: de Canarias a un hotel de Barcelona​

El episodio que encendió la mecha fue un vídeo difundido en redes: un varón que llega de forma irregular a Las Palmas y termina alojado en un hotel de Barcelona, con todo el trayecto grabado y compartido por él mismo. La escena —llegada irregular, alojamiento a gastos pagados en otra punta del país— resumió en treinta segundos lo que muchos llevaban tiempo diciendo sin prueba gráfica.

Conviene separar el caso del sistema. Un itinerario concreto no demuestra cómo funcionan cientos. Pero sí ilustra un problema real de trazabilidad: si un recurso de acogida acaba en alojamiento hotelero en otra comunidad, alguien está pagando una factura sin control aparente sobre el circuito completo.

La edad, el agujero por el que se cuela todo​

La Fiscalía ha denunciado que entidades como Cruz Roja registran como menores a migrantes «claramente mayores de edad», según las informaciones publicadas. Es la pieza que sostiene el resto del mecanismo: sin una determinación fiable de la edad, toda la arquitectura de tutela, ayudas y plazos se construye sobre arena.

El asunto no es exclusivamente español. En el Mundial sub-20 de atletismo celebrado en Tampere (Finlandia) saltó la polémica con la ficha de una atleta etíope, nacida según su documentación en noviembre de 2001, compitiendo en categoría sub-20. Las pruebas de determinación de edad biológica siguen siendo un terreno minado, discutido y, en la práctica, poco utilizado. Mientras eso no se resuelva, cualquier umbral —18, 23 o 25 años— es una convención administrativa que se puede negociar con un papel.

Centros, subvenciones y quién cobra del sistema​

Aquí aparece la pata económica que casi nadie discute de frente. La atención a menores tutelados mueve un volumen notable de contratos públicos y conciertos con entidades. Hay quien ha comprobado, calculadora en mano, que el margen de un centro de estas características no es despreciable; y hay quien advierte de que el sector está cerrado a los de siempre, con adjudicaciones que rara vez abren competencia real.

La propia dinámica de resultados genera dudas. Testimonios del sector describen que hace unos años los chavales salían con trabajo y formación y que ahora acumulan estancias de dos y tres años con el mismo gasto y peores salidas. En paralelo, se ha publicado que el PP votó en el Parlamento Europeo contra una iniciativa que buscaba auditar a las ONG subvencionadas, sumándose a la posición del resto de grupos mayoritarios.

Comparar la paga con lo que cobra el de al lado​

El malestar no nace tanto del importe absoluto como de la comparación. Puestas en fila, las cifras que maneja el sistema de protección social dejan un retrato incómodo:

• IMV para jóvenes extutelados: 658 euros al mes, hasta los 23 años (25 en la propuesta canaria).
• Paga media percibida por jóvenes tutelados y extutelados según la encuesta sectorial: 600 euros.
• SOVI, la pensión para mayores sin cotización suficiente: 560 euros.
• Subsidio por discapacidad grave reconocida: 550 euros, que quedan en 254 al compatibilizarse con un paro de 467.

A eso se añade el testimonio de quien recuerda su primer empleo como químico, en un pueblo perdido, cobrando 600 euros netos y dando las gracias por la oportunidad. La brecha entre esas dos realidades —600 por trabajar, 658 por salir de un centro— es la que hace saltar la chispa.

El cálculo completo de lo que cuesta el circuito, sumando alojamiento, manutención, paga semanal y prestación posterior, no aparece desglosado en ningún sitio oficial. Esa opacidad, más que cualquier cifra, es lo que alimenta la sospecha.

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Con el SOVI en 560 euros para quien se pasó la vida trabajando, hay un debate que no se va a cerrar solo. Aunque, claro, siempre se puede ampliar la ayuda un par de años más y dejar que lo arregle el siguiente gobierno.