Los jueces recuerdan a Sánchez que ni el ni su mujer están por encima de la ley.

La separación de poderes no se decide en las urnas​

Los tribunales que instruyen las causas abiertas alrededor del entorno de Pedro Sánchez no han pasado por ninguna urna. Es, exactamente, el reproche. La respuesta que se impone enfrente es más corta: la ley tampoco se vota. Los mismos juzgados que han condenado a cargos del PP y a miembros de la Casa Real son los que ahora miran hacia el círculo presidencial, y ahí arranca el conflicto: el argumento vale cuando el reo es de derechas y se convierte en sospecha cuando el investigado es del Gobierno. Cuando el asunto se judicializa, la discusión deja de ser política y pasa a ser otra cosa.

¿Quién vota a los jueces?​

Nadie. Ese es el diseño, y no es un descuido. La legitimidad del juez no sale de las urnas: sale del cumplimiento de la ley y de un procedimiento de acceso que se gana a base de exámenes. El poder que se vota es el que redacta las normas; el que las aplica responde ante ellas, no ante el censo. De ahí que exigir refrendo popular a la carrera judicial choque de frente con la separación de poderes. Un juez no controla a la policía ni las leyes que aplica; ejecuta lo que otros escribieron. Si el problema es la norma, el camino pasa por cambiarla en el Parlamento, que sí tiene mandato.

Ahí está el nudo. El mismo criterio que sirve para pedir jueces elegidos serviría para elegir inspectores de Hacienda o a quien practica una detención. Nadie lo plantea en serio. Lo que se discute, en realidad, es el resultado.

La doble vara según quién se sienta en el banquillo​

Hay un patrón que se detecta en los dos sentidos. Cuando la instrucción señala a cargos conservadores o a la realeza, la independencia judicial se invoca como blindaje. Cuando apunta a la trama Koldo o a la investigación sobre la mujer del presidente, la misma independencia se convierte en militancia. Los expedientes judiciales siguen su curso y, a la fecha de esta discusión, lo que consta en los casos del entorno presidencial es una investigación en marcha, sin sentencia firme. Nada más. Y nada menos.

El reproche de fondo es otro: que los instructores deciden qué se investiga y con qué ritmo. Eso existe. Pero de ahí a sostener que se puede prescindir del criterio judicial hay un abismo que nadie ha explicado todavía sin caer en la contradicción.

Cuánto cuesta llegar a ser juez en España​

Según relata un interviniente que tiene un familiar preparando la oposición, el proceso es el siguiente:

• Carrera de Derecho y después un temario de más de 250 temas repartido en tres pruebas.
• Una media de cuatro años encerrado, de domingo a viernes, con el sábado libre como único respiro.
• La precocidad máxima que se menciona es obtener plaza con 25 años.

Ese dato desmonta una acusación habitual: la de que el juez es un privilegiado colocado a dedo. El acceso es una oposición durísima y muy larga, y quien la prepara paga años sin ingresos. Sobre eso se construye la crítica, cierta aunque incompleta, de que solo quien tiene espaldas económicas puede permitírselo. Según un cálculo que circula en el hilo, el juez más precoz formado antes de la muerte de Franco en 1975 tendría hoy 74 años. En la práctica no queda ninguno en activo, y sin embargo se les sigue llamando franquistas.

Una sentencia que tumbó un Gobierno​

El precedente que se saca a relucir una y otra vez es el de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Un interviniente sostiene que lo que desencadenó el cambio de Gobierno no fue una votación, sino una sentencia judicial sobre la financiación irregular del partido, y que el Ejecutivo cayó con más escaños en el Congreso de los que tiene el actual. Si un juez pudo hacer eso, la pregunta incómoda que se plantea es por qué no podría hacerlo en el otro sentido.

Ahí la conversación se parte. Unos ven independencia; otros ven mano política moviendo los hilos desde fuera del Parlamento. El análisis se atasca justo aquí, porque ninguna de las dos versiones se sostiene sin un supuesto que no está probado.

El Constitucional y el primer estado de alarma​

El otro asunto que cruza el debate es el confinamiento domiciliario decretado en el primer estado de alarma, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Un interviniente recuerda a los mismos que ahora descalifican a los jueces que ellos exigían, entonces, que obligaran a vacunarse. Cuando la decisión judicial favorece, es técnica; cuando perjudica, es política. La ley del solo sí es sí y su aplicación posterior encaja en el mismo patrón.

Y así se llega al punto del que no se sale: si el sistema judicial funciona cuando condena a unos y conspira cuando investiga a otros, entonces lo que está en duda no es el juez, sino la ley que todos hemos aceptado. Nadie ha propuesto aún sustituirla por algo mejor. Nadie ha dicho con qué.