Los dueños del piso Franco se rinden ante las amenazas de gloria que están recibiendo. La violencia del régimen sanchista vuelve a dar fruto.

El Ayuntamiento rechaza la oferta de Urbagestión para el piso de Maricarmen​

El Ayuntamiento de Madrid ha tumbado la propuesta de Urbagestión. Ni Reviva ni ningún otro programa: la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo la declara inviable. Y sobre esa negativa el hilo vuelve a partirse, ahora por el método y por el miedo.

Qué se ha sabido​

Un participante pega el comunicado entero. El Ayuntamiento de Madrid rechaza la oferta de Urbagestión para que Maricarmen regrese a su casa, pero se ofrece a mediar. La empresa propietaria había propuesto incorporar «de urgencia» el inmueble al programa Reviva. Respuesta de la EMVS: «Tras analizarla se ha determinado la inviabilidad de la misma en los términos planteados», porque la inclusión en Reviva no cumple los requisitos legales de las bases del programa ni de los otros programas de compra de vivienda. Ahí queda el asunto, en manos administrativas.

Entra también un enlace a la cobertura de Público sobre la apertura de la empresa a una salida por presión social.

Y un tuit que se comenta de pasada, sin desarrollo:


Otro participante trae el tuit de Bolaños con tres exigencias: votar el decreto de medidas anti-desahucio, ordenar a las comunidades del PP que apliquen la Ley de Vivienda y dejar de apoyar a los especuladores. Se pega y se comenta poco.

Queda anunciada una convocatoria para mañana en Madrid: un participante la llama «manifestación histórica contra el rentismo». Sin hora y sin convocante. Solo el aviso.

Dónde está la bronca​

La negativa municipal no calma a nadie. Un bloque la lee como victoria: «Hoy es un gran día. Así debería ser con todos los especulatas. Victoria de la justicia social», escribe uno. Enfrente no niegan el hecho, discuten el marco.

Primera grieta: la violencia como atajo. Un participante sostiene que «La violencia implícita o explicita, siempre una rápida forma de resolver problemas» y que en España se usa sin coste. Otro avisa de la respuesta simétrica: «Al final habrá una respuesta de autodefensa si se extiende el matonismo de izquierdas», y añade que esto se acerca a Venezuela. El tramo no llega a un acuerdo, solo intercambia temores.

Segunda: el contrato social roto. Varias intervenciones convergen en lo mismo. Si el Estado no da salida, la gente se organiza; hay quien lo formula como que la gente acaba encontrando soluciones «en muchos casos tremendas». Y hay quien lo lleva al terreno del aviso puro: «Yo no daría nada por sentado. No pasa nada hasta que pasa.»

Tercera: a quién señala la presión. Aquí cae la paradoja que más recorre el tramo. Con una empresa pequeña localizas oficina, teléfono y nombres y montas la campaña. Cuando el mercado acabe en manos de grandes fondos, dice un participante, el señalado se topa con sociedades interpuestas, una gestora, un servicio jurídico y una recepción que no sabe de qué piso le hablan. La presión se queda sin puerta a la que llamar.

Cuarta: la edad y la renta. Un mensaje corto zanja la discusión sobre lo que paga la inquilina: «Maricarmen paga su alquiler.» Es la respuesta directa a quienes sostienen que no abona lo que el casero pide.

Y una corrección histórica. Un participante recuerda que el contrato se firmó libremente por las dos partes y que el cambio retroactivo de la renta antigua llegó con la LAU del 94, algo que, dice, debería rechazar cualquier liberal de verdad. Es el argumento que choca con quienes defienden a secas las reglas del mercado. Otra intervención apunta a un caso paralelo que, según él, no ha tenido la misma cobertura mediática.

Qué cambia respecto a antes​

Cambia el eje. Ya no se discute si el piso se vende ni cuánto vale: se discute qué ha hecho el Ayuntamiento con la oferta. El hilo da por superado el marco de las amenazas y lo sustituye por el de la inseguridad jurídica. Un participante lo resume: «El grado de inseguridad jurídica en España es digno de cualquier tiranía tercermundista», y vaticina un sálvese quien pueda de propietarios deshaciéndose del ladrillo por miedo a quedarse con un problema atado a la puerta.

Lo que no cambia: nadie ha visto un documento que cierre nada. El expediente sigue abierto y el hilo, también.