Lo que pasa cuando cumples años en la sanidad privada

El seguro privado de salud sube la cuota al envejecer y el cliente queda atrapado​

Cumplir 65 años y recibir un recibo un 30% más caro. Eso le ocurrió, según relata el autor de un artículo que ha abierto el debate, a un asegurado de salud privada que llevaba quince años pagando su póliza sin rechistar, y que al llamar a la compañía recibió una explicación de manual: había pasado a «un segmento más alto». La operadora, con el tono de quien recita una obviedad, le adelantó además que a los 75 años escalará a otro segmento y volverá a pagar más. El afectado se siente atrapado: cambiarse de aseguradora le costaría más caro por falta de antigüedad, y darse de baja supondría tirar a la basura quince años de cuotas.

El caso sirve para poner el foco en un negocio que factura con la salud ajena y que, según varios intervinientes, tiene un incentivo perverso: cuanto más sano estás, más rentable eres; cuanto más mayor, más caro te sale el paraguas.

Por qué sube la prima justo cuando más la necesitas​

La lógica del seguro es implacable y varios intervinientes la defienden sin ambages: si el riesgo sube, sube el precio. A los 65 años la probabilidad de necesitar atención médica se dispara, y la aseguradora no es una hucha donde se acumula lo pagado, sino un contrato anual que se recalcula. «Si sube el riesgo, sube el precio del seguro», resume uno de los mensajes más votados, que compara la queja con pretender que le aseguren un Ferrari al precio de un Corsa.

Otros van más lejos y sostienen que el problema no es la subida, sino la confusión de conceptos: quien lleva años pagando cree haber hecho una inversión, cuando en realidad ha comprado una cobertura que ha podido usar o no. La comparación con el seguro del coche aparece varias veces: nadie espera que la prima baje porque no has dado partes; al contrario, si das uno, te la suben.

El negocio de cubrir a los sanos​

Aquí está el núcleo económico del asunto. La sanidad privada, señalan varios análisis, es rentable porque cubre sobre todo a pacientes jóvenes y sanos, mientras la pública atiende a la población envejecida y crónica. La frase que resume esa asimetría es contundente: en los hospitales privados se ven catarros y niños con fiebre; en los públicos, ancianas. El negocio consiste, según estos análisis, en seleccionar el riesgo y en no soltar billetes cuando llega lo caro.

De ahí que muchos desconfíen de la promesa comercial. Un seguro te deja un paraguas, pero se organiza para evitar dártelo cuando llueve. Y cuando el caso se complica —urgencias graves, quemados, cuidados intensivos—, la derivación a la pública es la salida habitual, según varios mensajes, porque casi ningún hospital privado tiene unidades preparadas para eso.

La trampa del cliente cautivo​

El afectado lo dijo con claridad: se siente atrapado. No puede irse a otra compañía porque le cobrarían una prima mucho más alta al carecer de antigüedad, y tampoco puede abandonar sin más porque perdería todo lo aportado. Esa es la trampa del seguro de salud frente al de automóvil: aquí la antigüedad es un activo que no se puede traspasar.

El debate deriva entonces hacia el papel del Estado. Si las aseguradoras de salud operan en un sector regulado y se han convertido en refugio de cientos de miles de pacientes que huyen de las listas de espera públicas, ¿quién supervisa sus cobros? ¿Cuánto ganan con las cuotas de quienes llevan décadas pagando? ¿Cubren esos desembolsos las atenciones futuras? Son preguntas que el artículo lanza y que nadie responde con números.

Sanidad pública, privada y el debate de fondo​

La discusión se encona cuando se cruza con el modelo sanitario. Una parte sostiene que el auge del seguro privado no es la causa del deterioro de la pública, sino su consecuencia, y que ese deterioro responde a una estrategia política deliberada para empujar a los ciudadanos al mercado. La otra parte responde con un argumento de libertad individual: nadie obliga a contratar un seguro, y quien no esté de acuerdo que no lo firme.

El punto intermedio que más recorrido tiene en el intercambio es el de la doble tributación: quien paga un seguro privado sigue pagando la sanidad pública vía impuestos, de modo que usa una u otra según le convenga. Y una pregunta incómoda sobrevuela el conjunto: si el sistema público es tan bueno, ¿por qué más de diez millones de españoles tienen seguro privado y la cifra crece?

El análisis se atasca justo ahí, en el punto donde el cálculo económico choca con la legitimidad del modelo. Nadie discute que las aseguradoras necesitan beneficios para mantener la licencia. Lo que queda sin resolver es cuánto de ese beneficio se sostiene sobre la selección de riesgos y cuánto sobre la promesa incumplida de acompañar al cliente cuando de verdad lo necesita.