Le han dado una yoya y han salpimentado a roman cuesta, el doxeador de pablo iglesias

Gas pimienta, navaja y doxeo: el episodio que expone a los Red Birds​

Román Cuesta salió de su casa con una navaja y volvió con gas pimienta en la cara, según las versiones que circulan sobre el incidente. El resto —quién fue hasta su portal, con qué intención y quién ostenta el título de víctima— es un pulso que se dirime en redes desde hace meses y que este incidente ha vuelto a poner sobre la mesa.

El propio implicado lo contó en su cuenta: tres personas, a las que calificó de fascistas, se habrían presentado en la puerta de su vivienda para agredirle. Según su versión, solo consiguieron rociarle con un espray de gas pimienta y salieron huyendo; todo habría quedado grabado en vídeo, aunque —añadió— no lo publicarán. Del otro lado la lectura es la contraria: un grupo habría acudido a increparle y él habría salido a la calle armado. La navaja, que no figura en su propia versión, centra buena parte de las críticas.

El doxeo como actividad: qué se le atribuye​

A Cuesta se le vincula profesionalmente al Canal Red de Pablo Iglesias y, sobre todo, a una práctica que le ha granjeado tantas adhesiones como denuncias: publicar la identidad real de cuentas anónimas que se oponen al Gobierno. Doxear, en la jerga de internet. Sus defensores lo presentan como un correctivo contra discursos de odio; sus detractores, como una condena civil extrajudicial disfrazada de justicia.

Lo que se le reprocha no es solo el nombre y el apellido. Según quienes han seguido su rastro, en algunos casos habrían salido a la luz datos de familiares, direcciones y teléfonos, material que convierte una trifulca tuitera en un problema de seguridad física. De ahí que la respuesta a una agresión —presunta o no— genere tan poca simpatía en ciertos sectores: se argumenta que quien lleva meses señalando puertas ajenas no puede sorprenderse cuando alguien llama a la suya.

¿Es legal publicar los datos de un opositor?​

Aquí el diagnóstico técnico incomoda a casi todos. Quienes manejan la normativa de protección de datos sostienen que el margen es mínimo: publicar la matrícula de un coche ya es problemático, y difundir nombre, fotografía y domicilio de un particular sin base jurídica encaja mal en cualquier lectura de la ley. La broma recurrente entre empleados públicos es que a ellos se les exige un celo extremo con cada expediente mientras ciertos entornos parecen operar con barra libre.

Hay quien defiende que estas prácticas se amparan en una laguna legal —o directamente en un fraude de ley— que los tribunales no terminan de atajar. Y sobre el caso que afecta al fiscal general del Estado planea la sensación, extendida en los mentideros, de que será el único que acabe respondiendo. Su caso ya clama al cielo, se repite, medio en serio medio en broma.

Un funcionario de prisiones detenido por filtrar datos​

El episodio con trascendencia judicial es otro. Una versión difundida en el propio hilo apunta a que la policía habría detenido a un funcionario de prisiones asturiano, señalado como integrante de los Red Birds —la supuesta red de doxeadores que se atribuye a Cuesta—, por obtener datos personales de ciudadanos a través de aplicaciones de uso laboral. El acceso a bases de datos oficiales, puesto al servicio de una causa privada, sitúa el fenómeno muy lejos del activismo espontáneo.

En paralelo circulan capturas de cuentas que anuncian que darán identidades «en breve» y mensajes que airean nombres de presuntos agresores, uno de ellos vinculado a Vox, según publicaciones que no han sido verificadas judicialmente. El efecto es el de siempre: cada bando convierte la misma escena en prueba de cargo contra el contrario.

Navaja, espray y el límite de la legítima defensa​

La discusión jurídica más repetida se refiere a la proporción del medio empleado. Se argumenta que esgrimir un arma excede lo exigible para repeler un ataque con gas pimienta, y que ese exceso tendría, en su caso, consecuencias penales. Frente a eso, la otra corriente responde con el manual de resistencia de toda la vida: el espray salió defectuoso, el ataque se deshizo solo y el resultado evidencia que los agresores no buscaban hacer sangre.

El detalle del bote ha generado su propia subcultura. Hay quien pregunta la marca para no comprarla nunca y quien recuerda que las concentraciones de principio activo llevan años bajando, no sea que el ciudadano pueda defenderse. Humor de trinchera para un asunto que, en el fondo, habla de otra cosa.

Qué se juega la próxima ronda​

Con los tribunales todavía lejos de resolver y una investigación sobre filtraciones de datos oficiales en marcha, lo previsible, con las reservas de siempre, es que el próximo capítulo vuelva a escribirse primero en redes y después, si acaso, en un juzgado. La navaja seguirá dando conversación mucho después de que el espray se haya secado.