Las dos españolas del daesh repatriadas del califato con 10 descendientes piden anular su regreso a prisión

Dos repatriadas del Daesh piden esquivar la cárcel por sus hijos​

¿Puede una condena por integración en organización terrorista quedar en suspenso porque la rea tiene niños pequeños? Es la pregunta que planea sobre el escrito que dos españolas repatriadas del califato han presentado ante la Audiencia Nacional. Ambas aceptaron en su día una pena de tres años por integración en organización terrorista y ahora piden anular su regreso a prisión. Su argumento central no es jurídico, es familiar: «Necesitan a su madre».

Yolanda Martínez y Luna Fernández se marcharon a Siria con sus maridos para vivir bajo el autoproclamado califato del Estado Islámico. Acabaron en un campo para familias de yihadistas bajo control kurdo y fueron repatriadas a España en 2023. Bajaron del avión con 13 menores a su cargo, varios de ellos hijos de otras madres. Tras un periodo en prisión preventiva quedaron en libertad provisional. Hace meses aceptaron la condena y ahora toca volver a la sombra. Ellas intentan que no.

Qué alegan las dos condenadas para no volver a prisión​

El escrito de Yolanda Martínez, al que ha tenido acceso El Confidencial, sostiene que es «madre de cuatro niños, tres de ellos pequeños» y que debe «trabajar para mantener» a sus hijos. La tutela de los menores está atribuida a los abuelos, los padres de la condenada, pero «dada su elevada edad, necesitan ayuda». Añade que durante su estancia en los campamentos de Siria nunca se separó de sus hijos, de ahí un vínculo afectivo que describe como muy fuerte, y lamenta que ya fue separada de ellos al llegar a España.

En su defensa, ambas mujeres siempre sostuvieron que viajaron a Siria siguiendo a sus maridos y negaron su adhesión a los postulados yihadistas. No lo ven así ni la Fiscalía, ni la acusación popular de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ni los jueces de la Audiencia Nacional. Los maridos murieron combatiendo o desaparecieron. Yolanda Martínez afirma además que ha iniciado los trámites de divorcio de su esposo, Omar El Harchi, de 41 años y nacido en Tetuán con nacionalidad española, al saber que sigue vivo en una cárcel kurda. Fue procesado en rebeldía en 2016 por integrar la llamada Brigada al-Ándalus, dedicada a la captación y el adoctrinamiento.

El curso de desradicalización que nadie se cree​

Ambas alegan haber colaborado con la Policía y haber completado un curso de «desradicalización». Ese es, precisamente, el punto que más ampolla levanta. La reacción dominante es de escepticismo: se argumenta que un cursillo no desactiva una ideología y que la prueba de su ineficacia es que las dos mujeres siguen apareciendo con la misma indumentaria y el mismo discurso. Hay quien lo resume con retranca: si bastara un taller, sobrarían las cárceles.

El debate deriva rápido hacia el terreno económico, que es lo que aquí interesa. Se sostiene que, al salir de prisión, estas personas acceden a vivienda, prestación y asistencia social, y que el coste lo asume el contribuyente. La comparación que circula es hiriente por lo cotidiana: a un autónomo que declare mal un gasto le cae un castigo mayor que a quien se fue voluntariamente a un territorio controlado por una organización terrorista. Es una hipérbole, pero mide bien el cabreo.

Quién tutela a los menores y quién paga la factura​

El caso abre una pregunta incómoda: si los hijos son el argumento para no entrar en prisión, ¿quién responde de esos menores? La tutela está en manos de los abuelos, de edad avanzada según el propio escrito. Una parte del análisis pide separar dos cosas que el escrito mezcla: la pena por terrorismo y la protección del menor. La primera se cumple; la segunda se resuelve con recursos públicos, no con impunidad.

Otra corriente va más lejos y plantea la deportación o la retirada de la nacionalidad. Y una tercera, minoritaria, recuerda que la repatriación ya se hizo con todas las cautelas legales y que ahora toca ejecutar lo pactado. En lo que casi nadie discrepa es en el diagnóstico de fondo: el mecanismo de reinserción, tal como está diseñado, no convence a nadie que no esté obligado a defenderlo.

En qué queda el regreso a prisión​

La Audiencia Nacional dictó en junio la orden de ingreso voluntario en prisión. La presentación de estas solicitudes ha paralizado la medida a la espera de que los jueces resuelvan. No hay desenlace. El asunto sigue exactamente donde estaba: dos condenas firmes en lo esencial, dos escritos pidiendo excepción y un tribunal que debe decidir si los niños son atenuante, coartada o simple moneda de cambio.

Mientras tanto, el cálculo que hace la calle es otro. Si el Estado ya pagó el rescate, la manutención en el campo kurdo, el vuelo de vuelta, la prisión preventiva y ahora el cursillo, la pregunta no es si estas dos mujeres merecen otra oportunidad. La pregunta es cuántas oportunidades más piensa financiar el contribuyente antes de admitir que el problema no era de ellas.