La ZBE de Zaragoza queda sin efecto gracias a Vox

Zaragoza deja sin efecto su ZBE tras el pacto de PP y Vox​

La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza queda sin efecto. El PP ha aceptado la exigencia de Vox para aprobar los presupuestos municipales del año, y la medida —bandera de la anterior corporación— se desactiva contra todo pronóstico después de una negociación que se dio por rota hasta el último momento. La alcaldesa había fijado apenas unos días antes la ZBE como línea roja. Ahora es papel mojado.

El pulso no es un caso aislado. Toledo, Sevilla, Valencia y Burgos acumulan episodios parecidos, con la formación de Abascal como socio necesario para desactivar restricciones de circulación en ayuntamientos donde el PP gobierna sin mayoría absoluta. En Madrid, en cambio, el intento se quedó en manifestaciones de protesta.

Qué cambia para el conductor de Zaragoza​

El efecto inmediato es que los vehículos sin etiqueta ambiental —los que la norma empujaba fuera del centro— recuperan la posibilidad de circular por el perímetro antes restringido. El argumento que más peso tuvo en la negociación no fue el medioambiental, sino el patrimonial: una parte del parque móvil español es de los más viejos de Europa y su renovación no está al alcance de cualquier bolsillo.

Hay quien sostiene que la medida va mucho más allá del coche viejo. La tesis que circula es que el sistema de control de acceso permite registrar entradas y salidas de cualquier vehículo, también de los modernos, y reconstruir patrones de movilidad. Es decir, control. Ese marco —vigilancia frente a calidad del aire— es el que ha convertido una ordenanza municipal en un asunto de principios.

¿Es obligatorio tener una ZBE en España?​

No hay una ley que imponga las ZBE como tales. Lo que existe es un marco estatal que persigue cumplir los límites de calidad del aire y un sistema de subvenciones para los ayuntamientos que las implantan. De ahí que quitar la restricción no sea, en principio, saltarse una obligación: si la ciudad está dentro de los límites, la zona no sería necesaria.

El matiz importa porque en la mayoría de ciudades de más de 50.000 habitantes los niveles están dentro de los umbrales, y en las grandes solo se tensan en episodios concretos, como las inversiones térmicas. La discusión de fondo es si la solución técnica elegida —prohibir por año de matriculación— es la adecuada, cuando un utilitario reciente puede emitir menos que un todoterreno antiguo.

El aviso que sobrevuela el pacto​

La advertencia que más se repite es jurídica y económica. La norma estatal contempla sanciones para los municipios que no cumplan, y esas sanciones empezarían a aplicarse este año. El cálculo que se hace es incómodo: la multa podría costar más que el coste de aplicar la restricción. La contrarréplica es que las directivas europeas fijan objetivos de calidad del aire, no la forma concreta de alcanzarlos, y que el Estado lleva años incumpliendo directivas sin consecuencias visibles.

Ahí está el nudo. Un pacto municipal no puede derogar una ley estatal, y quien quiera cambiar el marco tendrá que hacerlo en el Congreso. Mientras tanto, Zaragoza sirve de ensayo: si el modelo funciona sin ZBE, otros ayuntamientos tendrán un argumento; si llega la sanción, tendrán una factura.

La predicción más razonable, con los datos disponibles, es que esto se convierta en un goteo de municipios y no en un cambio de política nacional. Aunque nadie firma dónde acaba.