La vivienda era el 16º problema de los españoles cuando llegó Sánchez: ahora es el primero.

La vivienda ha escalado del puesto 16º al primero en la lista de problemas de los españoles desde 2018, pasando de ser una inquietud para el 2,5% a serlo para el 37,5%.

El ascenso imparable de la vivienda como problema

Hace no tanto, allá por septiembre de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, la vivienda era un asunto que preocupaba a un escaso 2,5% de los españoles. Ni de lejos se acercaba a los grandes temores de la época, como el paro, que acaparaba la atención del 60% de la ciudadanía, o la corrupción, que inquietaba al 25,2%. La vivienda se situaba en un discreto decimosexto lugar en el ranking de los quebraderos de cabeza nacionales.

La pandemia de Covid-19 en 2020 supuso un paréntesis. El miedo a la enfermedad y sus consecuencias económicas relegó la vivienda a la posición 26ª, siendo un problema solo para el 1,2% de la población. Sin embargo, tras ese respiro temporal, la situación dio un vuelco. La preocupación por el acceso a una vivienda digna y asequible comenzó a crecer de forma vertiginosa.

De la preocupación latente a la crisis social

La tendencia alcista se hizo imparable. En apenas unos años, lo que era un problema secundario se ha convertido en la principal inquietud para una parte cada vez mayor de la sociedad. Si hace un año la vivienda ya suponía un problema para el 30,4% de los españoles, situándose como la preocupación principal para el 14,8%, la situación se ha recrudecido considerablemente.

Actualmente, el 37,5% de los españoles considera la vivienda un problema grave, y para el 19,5% es la principal preocupación del país. Por detrás, aunque todavía relevantes, se sitúan la crisis económica y los problemas de índole económica, que generan inquietud en el 21,6% de los encuestados, y la inmigración, que preocupa al 19,7%.

Las reacciones y las medidas gubernamentales

Este descontento ha llegado a las calles. El reciente desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años en Madrid, ha avivado las protestas y puesto de manifiesto la urgencia de la crisis habitacional. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado al PP como responsable de la situación y ha anunciado medidas contrarreloj.

Se espera la aprobación de un nuevo decreto de vivienda en el Consejo de Ministros. Sánchez ha apelado a los grupos parlamentarios para su convalidación, destacando la necesidad de actuar "por Maricarmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda". La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, busca, entre otras cosas, "privilegiar el uso residencial frente al turístico" y aumentar la oferta asequible, aunque su impacto aún está por verse en un contexto donde la preocupación ha seguido creciendo.