Regularización de medio millón de inmigrantes: ¿más PIB a costa de los salarios?
La próxima regularización de alrededor de 500.000 extranjeros que ya viven y trabajan en España, según BBVA Research, traerá un aumento del PIB y de las horas trabajadas, pero también una caída del 0,6% en los salarios reales por hora. El efecto composición explica el descenso: aflorará empleo de baja remuneración que reduce la media. El debate, sin embargo, va más allá de la macroeconomía: ¿qué pasa con el PIB per cápita, los servicios públicos y la vivienda?
El informe de BBVA: luces y sombras
El banco prevé que la regularización eleve la afiliación a la Seguridad Social, las horas trabajadas y los ingresos públicos. Pero el salario medio caerá un 0,6% por el aumento de oferta de trabajadores en sectores de baja productividad. Este cálculo asume que todos los regularizados pasan a cotizar, algo que muchos consideran ingenuo: las empresas que los tenían en B difícilmente los darán de alta con los nuevos papeles. La historia del 'ejército industrial de reserva' resurge: mano de obra barata para presionar salarios a la baja.
Los costes ocultos: inflación, vivienda y servicios
Más población sin el correspondiente aumento de infraestructuras sanitarias, educativas y de vivienda genera tensiones. El gasto público no crece al mismo ritmo: se necesitan más hospitales y colegios, pero no se ven planes concretos. El mercado inmobiliario, ya tensionado, sufrirá mayor demanda. El PIB per cápita, ya bajo en comparación europea, podría desplomarse hasta niveles rumanos en la próxima crisis, como apuntan algunos análisis. La paradoja: más ocupados pero menos horas trabajadas totales (584.000 ocupados más y horas que bajan) sugiere una economía de empleo precario y baja productividad.
¿A quién beneficia realmente la medida?
Los empresarios son los primeros en aplaudir: obtienen trabajadores regulares sin subir salarios. Los sindicatos, callados ante el SMI, no protestan. Mientras, los trabajadores nativos y los inmigrantes legalizados de años atrás ven cómo sus condiciones empeoran. La pregunta que nadie responde: ¿cuánto pagaremos en impuestos adicionales para sostener los servicios que esta nueva población demandará?
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