La Policía denuncia a un concejal de Vox en Murcia por llevar un espray de pimienta ilegal con el que presuntamente amenazó a un inmigrante
El concejal de Vox en Murcia, Fernando Sánchez-Parra, fue denunciado el 14 de junio de 2026 por la Policía Local por portar un aerosol de defensa no homologado en España. Según su versión, lo llevaba porque se sentía "amenazado de muerte" —en sus palabras— por personas de origen norteafricano, y asegura que no llegó a usarlo contra el inmigrante al que, según la denuncia, intimidó. El edil afirma que el trabajador de aparcamiento "se estaba poniendo muy violento" y que pagará la multa "religiosamente".
Un espray ilegal y una justificación polémica
La normativa española solo autoriza aerosoles de defensa homologados, y el que portaba Sánchez-Parra no lo estaba. El argumento de la autoprotección frente a "los moros" —expresión que el concejal habría usado según la denuncia— ha desatado críticas. Mientras unos ven un acto de racismo y abuso de autoridad, otros se preguntan por qué la policía no actúa contra los "gorrillas" que coaccionan a conductores. El debate enfrenta dos visiones: la del político que se siente desprotegido y la de un inmigrante que, según el relato, también podría haber sido víctima.
Las reacciones en redes y la tensión política
El caso ha generado comentarios sarcásticos: desde quien sugiere que debió rociar al inmigrante y deshacerse del spray hasta quien ironiza con que la fiscalía ya habrá pedido prisión permanente revisable. Sin embargo, más allá del humor negro, el incidente refleja la creciente crispación en torno a la inmigración y la seguridad. Sánchez-Parra, concejal de Vox, se ha convertido en símbolo de una postura dura que ahora choca con la ley.
El concejal no ha aclarado por qué eligió un spray no homologado ni si conocía la prohibición. Lo que sí está claro es que su explicación no convence a todos: pagar la multa no borra la sospecha de que, al menos, hubo una intimidación. Con la denuncia sobre la mesa, el caso pasará a la vía judicial. Veremos si el juez considera que la amenaza de muerte invocada justifica portar un arma ilegal.
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