La onu alerta de un aumento de discursos "contra los catalanes" en españa

La ONU alerta de un aumento de denuncias por delitos de odio contra los catalanes​

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha puesto el foco en España. En la primera sesión de evaluación sobre el respeto a los derechos civiles y políticos celebrada en Ginebra, el órgano ha detectado un incremento de denuncias por delitos de odio dirigidos a varios colectivos, entre ellos el catalán. Es la primera vez en diez años que España se somete a este examen. La reunión se cerró con un aviso incómodo y con una pregunta que la delegación española esquivó en sus discursos.

Qué dice exactamente el comité de la ONU​

El organismo, encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha identificado un aumento de denuncias por delitos de odio que afectan a las comunidades romaní, judía, musulmana, LGBT, catalana y a personas de ascendencia africana. El abogado estadounidense Laurence Helfer, experto del comité, calificó la tendencia de preocupante y alertó en particular del aumento de discursos de odio neofascistas, sobre todo entre adolescentes, tanto en línea como en manifestaciones.

La sesión no se quedó en las cifras. El comité cuestionó también las identificaciones policiales por perfil racial, la reparación a las víctimas del franquismo, el reconocimiento de las personas no binarias y la lucha contra la violencia machista. La delegación española, según el relato de la jornada, ignoró en sus intervenciones la mención al pueblo catalán.

La pregunta que España no respondió sobre Puigdemont y Junqueras​

El chileno Hernán Quezada, miembro del comité, fue más lejos. Recordó que una sentencia del Tribunal Supremo de 2018, relativa a un caso de violencia contra las mujeres, reconocía el valor vinculante de las resoluciones del comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Y preguntó si esa misma posición se extiende a los dictámenes del comité de derechos humanos sobre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

El origen está en dos resoluciones separadas, de 2022 y 2023, en las que la ONU concluyó que España violó el derecho político de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Carles Puigdemont al suspenderlos como diputados en el Parlament antes de que existiera condena por el referéndum del 1-O, sin motivos que el comité considerara razonables y objetivos. Quezada preguntó además cómo se garantiza en España la aplicación de las recomendaciones si existe un mecanismo para supervisarlas. Otro experto inquirió por la investigación de la violencia policial durante el 1-O.

El embajador admite errores y el informe se decide el 14 de julio​

El embajador permanente de España ante Naciones Unidas en Ginebra, Marcos Gómez, reivindicó las medidas desplegadas por el Gobierno en los últimos años para atajar estas problemáticas, pero reconoció que todavía hay algunos errores a corregir. La segunda sesión quedó fijada para la mañana siguiente y las conclusiones del comité se adoptarán el 14 de julio.

La financiación de la oficina que firma los informes​

Una de las líneas de contestación más repetidas apunta al origen del dinero. Hay quien sostiene que la Generalitat pagó el año pasado casi medio millón de euros a la oficina de la ONU que elaboró el informe sobre Pegasus, y que no es la primera vez que el gobierno catalán financia a este organismo, al que se atribuyen varios informes alineados con las tesis independentistas. Otra cifra que circula: 1,3 millones entregados al Alto Comisionado, con 200.000 euros recién asignados que se suman a los 290.000 de 2021 y los 350.000 de 2020, entre otras aportaciones. La conclusión que se extrae de esos números es incómoda: si el pagador es parte interesada, la autoridad del informe queda en entredicho.

El relato de la victimización y su reverso​

Frente a esa lectura, otra corriente subraya que la ONU no inventa nada: se limita a constatar un aumento de denuncias por delitos de odio. Y añade un matiz que incomoda a los dos bandos: el victimismo no es patrimonio de nadie. Hay quien recuerda que durante el procés hubo discursos incendiarios desde el independentismo sin que el comité dijera nada, y quien responde que la violencia policial del 1-O tampoco se ha investigado a fondo.

El punto donde el análisis se atasca es el de siempre. Unos ven un aviso técnico de un organismo internacional; otros, una operación pagada con dinero público. Y mientras tanto, el 14 de julio se acerca.