La liga y timofónica prohíbe las vpn proton y nord

La Liga bloquea VPN: Proton y NordVPN, en el punto de mira​

Una orden judicial dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba ha autorizado a LaLiga a exigir a los operadores españoles el bloqueo de direcciones IP vinculadas a servicios de VPN, entre ellas las de Proton VPN y NordVPN. El objetivo declarado es cortar el acceso a retransmisiones de fútbol sin licencia. El resultado, según los datos disponibles, es que el organismo que preside Javier Tebas ha acabado bloqueando también el acceso a freedom.gov, una web oficial del Gobierno de Estados Unidos. La medida llega sin notificación previa a las empresas afectadas, según han declarado las propias compañías.

Qué dice la orden judicial y a quién afecta​

El auto, dictado por el mismo magistrado titular del Juzgado Mercantil de Córdoba que en noviembre ya autorizó a LaLiga el acceso a la identidad de clientes cuya IP fuera detectada reproduciendo partidos vía AceStream, extiende ahora esa lógica a los túneles cifrados. La instrucción es clara: los proveedores de acceso deben impedir el tráfico hacia los rangos de IP de los servicios señalados.

Proton AG ha reaccionado con un comunicado en el que asegura no haber recibido notificación formal alguna y sostiene que cualquier resolución dictada sin dar audiencia a las partes afectadas sería «procesalmente inválida». La compañía suiza recuerda que opera bajo jurisdicción helvética y que no ha sido parte en el procedimiento. NordVPN, por su parte, no aparece citada en el auto con la misma claridad, pero su nombre circula en el centro del asunto desde el primer momento.

El detalle que descoloca a los técnicos es el bloqueo colateral de freedom.gov, una página institucional estadounidense sin relación con el fútbol. La explicación más probable es que comparta infraestructura de red o rango de direcciones con alguno de los servicios señalados. Es el clásico daño colateral de los bloqueos por IP: se apunta a un servidor y se tumba a los vecinos.

Por qué las VPN no pueden bloquear nada​

Hay una contradicción técnica de fondo que el requerimiento no resuelve. Una VPN no bloquea contenidos: existe precisamente para saltarse bloqueos. Pedirle a un servicio de túnel cifrado que restrinja el tráfico de sus clientes es pedirle que deje de ser lo que es. La mayoría de estos proveedores están radicados en Suiza o Panamá, fuera del alcance de los tribunales españoles, y no tienen obligación legal de acatar una orden emitida en un país donde no operan.

El cálculo que manejan quienes siguen el asunto es sencillo: ceder a la presión de un juzgado extranjero implicaría perder a millones de clientes en todo el mundo. Ninguna empresa cotizada va a sacrificar su negocio global por un requerimiento local. El propio comportamiento del mercado lo confirma: durante la emisión de un partido del Real Madrid, los túneles seguían funcionando con normalidad, según los datos que se han ido compartiendo.

El precedente de los bloqueos masivos y su factura​

No es la primera vez que se intenta cortar el acceso por la vía de las direcciones IP. Ya ocurrió con Cloudflare, cuyos rangos compartidos acabaron bloqueando sitios legítimos que nada tenían que ver con la piratería. Una asociación con millones de dominios ajenos al contenido pirata recurrió aquel bloqueo, y el argumento que se impuso fue que perjudicar a terceros no se justifica por el objetivo perseguido.

La factura técnica de estos bloqueos la pagan, en última instancia, los usuarios de servicios legítimos. Empresas que usan VPN para teletrabajo, ciudadanos que las emplean para proteger su conexión en redes públicas o viajeros que necesitan acceder a su banca desde el extranjero se encuentran con que su herramienta habitual deja de funcionar. El bloqueo no distingue entre el que piratea y el que simplemente cifra su tráfico.

Qué alternativas quedan y qué dicen los que las usan​

El ecosistema de proveedores es amplio y las opciones se multiplican cuando una puerta se cierra. Hay servicios que no solicitan dato personal alguno para darse de alta, lo que dificulta enormemente cualquier entrega de información a un tercero. Y existe la vía artesanal: montar un servidor propio con protocolo WireGuard, que deja el tráfico fuera del alcance de cualquier lista de bloqueo comercial.

La conversación derivó también hacia la estructura empresarial de algunos de los proveedores más populares. Se ha señalado que varios servicios conocidos comparten matriz o fundadores con empresas de ciberseguridad, y que esa concentración merece un escrutinio que rara vez se aplica. La recomendación que se repite es la misma: desconfiar de los gigantes con millones de servidores y buscar proveedores pequeños, aunque sea a ciegas.

El problema de fondo: pagar aquí lo que fuera es gratis​

Más allá del pulso técnico, el asunto destapa una asimetría de precios que sostiene buena parte del cabreo. Un aficionado español paga entre 25 y 120 euros al mes según el paquete que contrate para ver un puñado de partidos de primer nivel. El mismo contenido se ofrece en mercados latinoamericanos a precio reducido o directamente en abierto, como herramienta de captación de audiencia futura.

La lógica del negocio es la de siempre: exprimir al mercado cautivo y regalar el producto donde aún no hay clientes que exprimir. El aficionado local es la vaca lechera; el de fuera, el cliente que hay que enganchar. Y mientras tanto, la respuesta del espectador español es cada vez más frecuente: conformarse con los resúmenes de minuto y medio que se publican gratis en plataformas de vídeo.

¿Cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que criminaliza al que paga y premia al que no puede ser perseguido?