Opinión: La libre acampada, es legal

Pernoctar en una furgoneta o acampar en Sol: qué castiga la ley​

La acampada de la Puerta del Sol ha reabierto una pregunta vieja: ¿puede cualquiera plantar una tienda donde le venga en gana? La respuesta corta es no. La larga depende del lugar y, sobre todo, del motivo. El ordenamiento separa la acampada libre —prohibida fuera de zonas habilitadas— de la acampada como protesta, amparada por el derecho de reunión. Esa frontera explica casi todo lo que viene después.

¿Es legal acampar en la vía pública?​

Depende de la norma local. La pernocta con furgoneta o tienda en la calle se rige por las ordenanzas municipales, y hay quien relata que la policía municipal le invitó a marcharse por pernoctar en un sitio prohibido. No hay criterio único: el mismo acto puede estar tolerado en un término municipal y sancionado en el de al lado.

La protesta es otra cosa. Cuando la acampada tiene carácter reivindicativo, es pacífica y va escoltada por una pancarta o una convocatoria, entra en juego el derecho de reunión. De ahí la receta que se repite: no acampar «a secas», sino protestar por algo concreto. El envoltorio jurídico cambia el resultado.

Por qué el agravio comparativo no anula la multa​

Aquí está el corazón del asunto. La ley y su aplicación son, en la práctica, discrecionales: que al lado haya otro incumpliendo lo mismo sin castigo no libra de la sanción al multado. Es el argumento que más veces se repite y el que menos consuelo da.

Lo que sí se discute es la segunda parte. Si la norma se aplica según el criterio del agente, ¿dónde queda la seguridad jurídica? Para una parte de quienes siguen el caso, el agravio comparativo es un arma de doble filo: puede alegarse como indefensión, pero exige demostrar un trato desigual que rara vez se documenta. Y el recorrido judicial es largo. Tanto que, como se apunta con sorna, casi nadie llega al final.

Acampar en Oslo o en los Alpes: por qué allí nadie multa​

La comparación internacional aparece pronto. Hay testimonios de quien ha puesto la tienda durante días en el centro de Oslo o en pueblos grandes de los Alpes sin recibir un solo aviso. La explicación no es que allí no existan normas, sino que el marco de uso del espacio público y las prioridades de vigilancia son distintas. Y también pesa la visibilidad: acampar en mitad del monte no moviliza a nadie.

De fondo late una cuestión económica. Una sanción solo se cobra si el sancionado puede pagarla. Quien vive con una tienda en un parque suele ser insolvente, y las administraciones no persiguen con el mismo empeño lo que no van a recaudar.

Prevaricación: cuándo la discrecionalidad se convierte en delito​

La pregunta que sobrevuela la discusión es si aplicar la norma «según salga de la gana» es simple discrecionalidad o algo más. La línea entre margen de apreciación y decisión arbitraria es fina, y solo un tribunal puede trazarla. Mientras tanto, el sistema convive con un statu quo incómodo: la norma es igual para todos, pero su aplicación no siempre lo parece.

Y ahí se atasca el análisis. Con criterios dispares entre municipios, márgenes amplios para el agente y recursos que tardan años, la pregunta de si uno puede acampar donde le plazca no se resuelve mirando la ley. Se resuelve mirando dónde.