La persona que atendió el aviso de la pasarela (Policía Municipal) no tramitó el caso ni aviso a nadie. Incredibol

La llamada al 112 que quedó sin registrar antes del colapso​

Un vecino de Santander llamó al 112 para avisar de que algo no cuadraba en una pasarela. La alerta terminó en un teléfono móvil de la Policía Local, uno de los que se usan cuando la línea fija está ocupada. La agente que descolgó consideró, según el informe que cita la alcaldesa, que no existía «un riesgo grave o inminente». Dijo que iba a abrir una incidencia. No la abrió. Tampoco contactó con ningún equipo para comprobar si había alguno libre. La estructura se vino abajo y, según varios participantes en el debate, el colapso dejó víctimas mortales.

La palabra que repite el Consistorio es tramitar. La que no aparece en ningún sistema es registro.

Qué dice el informe que cita la alcaldesa de Santander​

El documento describe una cadena de omisiones encadenadas. La agente «no advierte un riesgo grave o inminente», según el resumen que hace la propia regidora. Anuncia que va a hacer una incidencia y no la tramita. Alega que en ese momento no había equipo disponible, pero, según el informe, ni siquiera lo comprueba: «Se constata que ni se puso en contacto con ningún equipo para ver si podía o no». Y añade un detalle que pesa: si no hubiera efectivos, el aviso habría quedado en cola. Tampoco quedó.

La valoración municipal es dura: «No puede ser que se despiste, aunque no entienda que sea tan urgente. Un policía local o cualquier persona santanderina sabe que ahí si te caes a las rocas tienes mucho peligro». El expediente queda abierto, sin resolución conocida en el material.

¿Por qué el aviso del 112 no consta en la Policía Local?​

Porque el 112 es competencia del Gobierno regional, no del Ayuntamiento. Esa es la primera derivación del caso: el canal oficial del ciudadano y la ventanilla que acaba gestionando la emergencia no coinciden. La segunda es técnica. La llamada entró a través de un móvil, el que se coge cuando el número fijo está ocupado, y por ese conducto no quedó grabación ni traza en la centralita.

Ahí está el agujero: sin registro no hay cola, no hay incidencia y no hay manera de saber cuántos avisos se evaporan cada día por el mismo camino. El sistema existe para que un ciudadano no tenga que decidir quién es competente. En la práctica, alguien lo decide en el primer minuto, y ese alguien es una persona al teléfono con criterio propio sobre lo urgente.

Del caso concreto al juicio sobre la administración​

Buena parte de la reacción se fue mucho más allá del expediente. Hay quien lo convirtió en una condena del empleo público como categoría, con la tesis de que todo lo público lastra al país, y comparaciones con sanidad, justicia o educación. Otra línea situó el foco en el mando: si el eslabón superior deja pasar la llamada, el fallo no es de una persona sola. Alguna contribución, sin ningún respaldo en el informe, atribuyó el desenlace al perfil de quien atendió; el documento municipal no sostiene nada parecido.

Entre medias apareció el argumento de la carga de trabajo, el único que trae números. El turno habitual del cuerpo es 7x7: siete días trabajados y siete librados, con 22 días de vacaciones y 7 de asuntos propios al año. El cálculo que circula sostiene que, al pedir vacaciones durante la semana de servicio, el sistema descuenta solo cinco días, porque el programa nunca se actualizó tras implantar ese calendario. Si el cómputo es correcto —y se lee como denuncia interna, no como dato oficial—, cada agente gana descanso sin gastar permiso. El desglose completo da una diferencia que sorprende.

También hubo coincidencia en un punto procesal: un aviso de peligro estructural no se resuelve por teléfono. La receta que se repite es enviar una patrulla, comprobar la peligrosidad, precintar si se confirma y avisar después a los servicios operativos. Decidir si algo es urgente no es trabajo de quien descuelga.

El conflicto entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Santander​

Hay un contexto que el caso saca a la luz: la plantilla municipal arrastra un enfrentamiento prolongado con el equipo de gobierno. Se habla de meses de conflicto con la alcaldesa, de interlocución rota y de una política de multas que ha tensado la relación. Que el primer reproche aterrice en forma de expediente sobre la persona que estaba al teléfono, y no sobre un protocolo o un mando, encaja mal en esa relación ya deteriorada.

La comparación territorial también salió a relucir: policías locales de grandes ciudades evaluadas como profesionales frente a plantillas medianas señaladas por enchufismo y por acabar descargando trabajo en otros cuerpos. Sin datos públicos que lo confirmen, eso se queda en percepción.

¿Quién revisaba la pasarela que colapsó?​

El informe responde a lo inmediato, no a lo estructural. Y la pregunta se cuela en el caso: si el aviso parte de un vecino, ¿quién tenía la obligación de revisar la estructura periódicamente? Según prensa regional citada en el debate, el Estado reparó hace dos años dos pasarelas cercanas a la siniestrada. Eso deja abierta la duda del criterio: por qué esas y no esta. Ninguna respuesta institucional ha cerrado esa vía.

Un aviso, dos teléfonos y ningún rastro​

El caso tiene una parte reconocible para cualquiera que haya llamado a una administración: el aviso existe, alguien lo escucha y el sistema lo pierde. Contra eso, un expediente es una respuesta pequeña. La propia regidora admite que el 112 no depende del Ayuntamiento y, aun así, el expediente apunta a quien cogió el teléfono.

Dos pasarelas vecinas se repararon hace dos años. Esta, no. El criterio por el que una sí y otra no sigue sin explicación pública.