La gente renuncia en masa a las mesas electorales

Nadie está libre de una mesa electoral hasta la misma semana del 23J​

No hay manera de certificar, con antelación, que uno no terminará sentado detrás de una urna el 23 de julio. Ni haber recibido la notificación dentro de plazo, ni no haberla recibido en absoluto. El plazo oficial para ser avisado ha llegado a su fin y el pleno municipal en el que se sortean los puestos de la mesa ya se cerró el miércoles, pero la Junta Electoral Central ya ha advertido de que un aviso tardío no invalida la designación. El sorteo, en la práctica, sigue abierto hasta la recta final de la campaña.

Por qué los tres días de plazo no protegen a nadie​

La ley de régimen electoral concede un máximo de tres días para recibir la notificación desde el pleno municipal en el que se sortean los puestos de la mesa. Ese sorteo se celebró el miércoles pasado, de modo que el calendario ya estaría agotado. La advertencia de la Junta Electoral Central desmonta esa coartada: si el aviso se produce más tarde, el retraso no será causa invalidante de la designación.

Hay un segundo mecanismo que mantiene viva la amenaza. Cada vez que se acepta una excusa —y se están aceptando muchas— hay que sustituir al designado por otra persona y repetir avisos. El resultado es una rueda que no se detiene: cuantas más renuncias se validan, más ciudadanos entran en el bombo.

Las vacaciones de julio, la excusa que lo cambia todo​

Ese goteo de sustituciones tiene una causa concreta: el calendario. Viajes ya contratados, enfermedad, embarazo, bodas y el cuidado de mayores o niños figuran entre los motivos que se admiten como eximentes. Y, mayoritariamente, esas excusas aceptadas se apoyan en las vacaciones.

Desde la Junta Electoral de Ferrol lo describen sin paños calientes: hay mesas «imposibles», con bajas desde el primer momento, que resultan muy difíciles de cubrir. Y el proceso, avisan, va a estirarse en algunos casos hasta los últimos días de campaña. En el debate hay quien sostiene que los comicios podían haberse unido a los del 28 de mayo y haberse ahorrado el despliegue entero.

Carteros de puerta en puerta y portales que no se abren​

La designación no llega por correo y ya está. Funcionarios municipales —o Correos, en los municipios grandes— tienen que entregarla en persona, puerta a puerta. Ahí aparece el siguiente cuello de botella: la gente no abre. Desde Pontevedra señalan que se nota que hay alguien dentro, ruido en el interior, pero la puerta no se mueve, una actitud que se multiplica tanto en la ciudad como en localidades cercanas.

Cuando el caso es flagrante, se reclama a la Policía Local para que entregue la misiva. En otros puntos se llama a horas distintas para probar suerte, y en Ourense se acumulan las peticiones de exclusión de mayores de 65 años, que pueden pedir ser liberados por edad de esta obligación.

¿Qué pasa si no me presento?​

No hay una cifra pacífica. Se sostiene que la ley no fija en su articulado la cuantía exacta de la sanción por no acudir, lo que alimenta la sensación de impunidad y las teorías sobre lo que ocurre de verdad. Sobre la compensación, las referencias que circulan son dispares: se citan 70 euros por la jornada completa frente a las 5.000 pesetas —unos 30 euros— de la década de 1990, y hay quien menciona 50 euros. Para más de doce horas de encierro, la cuenta no sale.

El cálculo más repetido apunta a que la coacción real es otra: cuando una mesa no se constituye a las ocho de la mañana, los primeros votantes que aparezcan por allí pueden acabar obligados a ocupar los puestos vacantes. Esa es la razón por la que se recomienda no madrugar.

Alegaciones: dos horas de cola frente a diez minutos por internet​

El trámite para justificar una renuncia tiene dos caras. La presencial terminó con colas de más de dos horas para entregar el escrito, hasta el punto de que hubo que cerrar antes de las 19:00 y avisar a quien seguía llegando. La telemática, en cambio, se resuelve en minutos: quien lo hizo por la web habla de diez minutos charlando con el juez tras corregir un documento que faltaba acreditar.

La diferencia importa porque el volumen de solicitudes no deja de crecer y cada expediente mal presentado es una sustitución más que hay que sortear.

Deber cívico contra el relato de la obligación​

Aquí el asunto deja de ser logístico. Una corriente defiende la mesa como aportación al sistema: si nadie fuera, no habría recuento. La contraria responde que trabajo social obligatorio es un eufemismo y que quien pringa es siempre el asalariado, mientras otras capas de la población —se enumeran empleados públicos, perceptores de prestaciones y cargos de libre designación— quedan al margen. El agravio se repite: la carga cae sobre quien ya trabaja el resto del año.

Se apunta además a una anomalía comparada. Hay quien sostiene que España es el único país del entorno donde las mesas se forman por sorteo y con obligación, y propone listas de voluntarios. La propuesta de pagar más aparece una y otra vez, y no solo entre quienes han sido designados.

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Con este cóctel —plazos rotos, vacaciones de por medio, portales que no se abren y una compensación que no convence a nadie— lo razonable sería esperar una constitución de mesas accidentada el 23J. Los datos que lleguen esa misma mañana dirán si el pronóstico se queda corto o si, como pronostican desde Ferrol, las mesas «malditas» llegan hasta la recta final de la campaña.