Gibraltar: 15.000 trabajadores y una verja que VOX quiere cerrar
¿Puede España hundir la economía de Gibraltar sin mover un solo tanque? La respuesta corta es sí, y el
Daily Mail lo ha dejado por escrito: si las conversaciones con Londres no cierran un acuerdo y si las encuestas aciertan el 23 de julio, el Peñón se queda en el aire. El contencioso es viejo. Lo nuevo es el calendario.
Gibraltar, con más de
34.000 habitantes, quedó fuera de la unión aduanera y de la libre circulación cuando el Reino Unido salió de la UE. Madrid concedió entonces una
exención temporal a trabajadores y turistas para que la vida no se parase. Esa exención no es un derecho: España puede rescindirla cuando le convenga. Toda la discusión va de eso.
¿Por qué se han bloqueado las conversaciones sobre Gibraltar?
Las negociaciones que siguen al Brexit se atascaron al exigir Madrid jurisdicción sobre el
aeropuerto. No es un aeropuerto cualquiera: está dentro de una base de la RAF y pegado a la frontera, así que quien entra desde España circula por Winston Churchill Avenue, una carretera que atraviesa la única pista. Para los diplomáticos británicos es una demanda inaceptable que toca la soberanía; desde el lado español se replica que Londres discute
tontunas y hace cuentas de centavos y libras.
Hay un segundo frente abierto, menos aireado: el papel de la policía española en los controles de acceso. Si el territorio quiere entrar en el espacio Schengen, los controles de personas y mercancías pasan a ser controles europeos. Y quien controla la puerta, controla la casa.
¿De qué depende la economía de Gibraltar?
Pues de unos
15.000 trabajadores españoles que cruzan la frontera cada mañana y vuelven cada tarde a sus casas de Andalucía. Duplican la fuerza laboral del Peñón todos los días y cubren servicios que van desde la hostelería hasta la atención sanitaria. A cambio cobran más que en España: un empleado de residencia de ancianos llegó a declarar al
Financial Times que ganaba
1.500 libras, frente al salario mínimo español de 1.100 euros.
El tamaño de esa dependencia se discute. Hay quien la rebaja a dos mil camareros que además cobran prestación en La Línea, y quien sostiene que son 10.000 empleos directos y que Gibraltar es el primer empleador de Andalucía. La diferencia no es retórica: cambia por completo el impacto de un cierre sobre la comarca.
La aritmética del 23 de julio que incomoda en Londres
La encuesta de Sigma-Dos para
El Mundo, entre el 16 y el 23 de junio, dibuja un escenario incómodo: el PP obtendría
140 escaños, el PSOE 102, Sumar 35 y VOX 35. Con la mayoría absoluta en 176, una coalición de PP y VOX se quedaría a un solo escaño. Traducción: a un diputado de distancia de decidir qué pasa con la verja.
Según el relato que recoge la prensa británica, el problema no sería un cierre inmediato, sino la pérdida de interlocución. Un acuerdo fronterizo exige voluntad política en ambos lados, y esa voluntad es justo lo que el nuevo mapa parlamentario pone en duda.
Qué ha prometido VOX con la verja
En 2021, la entonces secretaria general de su grupo parlamentario,
Macarena Olona, defendió cerrar la puerta a cualquier acceso a Gibraltar por tierra, mar y aire, y
asfixiar el territorio hasta la sumisión, con calificativos despectivos hacia sus autoridades y hacia quien, según ella, pagaba las consecuencias. En su momento se leyó como la salida de tono de un partido marginal. Ese marco se ha roto.
La idea del cierre circula además con variantes de gestión: desde la propuesta de un peaje de 50 euros por persona para entrar y salir hasta la de prohibir el paso a todo lo que no sea alimentación y ropa. Con la frontera abierta, el debate suena a bravata. Con la frontera cerrada, deja de sonar a bravata.
Paraíso fiscal, aguas ocupadas y el Tratado de Utrecht
El otro paquete de agravios tiene poco que ver con las elecciones. Se argumenta que Gibraltar funciona como
paraíso fiscal dentro de la eurozona, con miles de sociedades domiciliadas en un apartado de correos, y que basta imaginar una zona franca a 25 kilómetros a la redonda para que el modelo pierda sentido. Se añade que el Peñón es un santuario del narcotráfico y que consume infraestructuras —agua, electricidad, comunicaciones— sostenidas desde territorio español.
A eso se suman los rellenos sobre aguas propias: la entrega de las primeras viviendas de las Terrazas del Centenario, levantadas sobre tierras ganadas al mar, se lee como una ocupación de hecho. Y hay quien recuerda que el aeropuerto se construyó sobre terreno español y que, según el
Tratado de Utrecht, la frontera debería retroceder a la fortaleza y el puerto.
Autodeterminación o reivindicación territorial: el malentendido de fondo
Aquí se cruzan dos lenguajes que no se entienden. Una corriente invoca el principio de autodeterminación y el marco de descolonización de Naciones Unidas: si la población del Peñón no quiere ser española, no lo será. Otra corriente responde que la reivindicación española no va sobre los colonos, sino sobre el territorio, y que a España no le hace ninguna falta sumar ciudadanos que no quieren serlo.
Entre medias queda el recuerdo del cierre físico de la verja, la secuencia de la ONU urgiendo a descolonizar y la respuesta británica convocando un referéndum en el que solo votan los residentes. Cada parte cuenta la historia empezando por el capítulo que le conviene.
Con 15.000 personas cruzando la frontera cada mañana y 35 escaños en juego, la única certeza es que nadie quiere ser el que explique a La Línea por qué se cerró la puerta.