La España que deja Sánchez: los 45 hitos

Un repaso que circula por redes atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez 45 hitos negativos, entre ellos una pérdida de poder adquisitivo superior a la del resto de la UE desde 2018 y 213.000 millones de euros adicionales en impuestos y cotizaciones. La lista mezcla datos económicos con causas judiciales abiertas y condenas firmes.

Hay listas que se leen como un ajuste de cuentas y otras que funcionan como un inventario. La que atribuye a Pedro Sánchez 45 hitos desde su llegada al poder en 2018 pertenece al segundo grupo, aunque su tono sea el del primero. Conviene separar lo que son cifras contrastables de lo que son causas judiciales en curso, porque mezcladas pierden fuerza las dos cosas.

Poder adquisitivo, pobreza y vivienda

El primer bloque es económico. Según este repaso, España es el país de la Unión Europea con mayor pérdida de poder adquisitivo desde 2018, el primero en indicadores de pobreza infantil, el tercero en pobreza relativa total y el quinto en pobreza absoluta. Son posiciones relativas dentro de los Veintisiete, no cifras absolutas, y eso importa: ser tercero en pobreza relativa significa que la distancia entre los ingresos bajos y la media es de las más amplias de la UE, no que haya más pobres en términos absolutos que en países con rentas medias más bajas.

El cuarto puesto lo ocupa España en imposibilidad de las familias de costearse ni una semana de vacaciones al año. Es un indicador clásico de carencia material, el que Eurostat mide preguntando si el hogar puede permitirse una semana fuera de casa. Que un país con costa y turismo masivo aparezca tan arriba tiene su lógica: la vivienda y la energía se comen el presupuesto antes que el ocio.

La lista añade 213.000 millones de euros de saqueo adicional entre impuestos y cotizaciones sociales desde 2018, y 400.000 viviendas que habrían salido del mercado de alquiler. El dato del IMV también aparece: 2,7 millones de personas reconocidas oficialmente como pobres a través del Ingreso Mínimo Vital. Es decir, el propio Estado certifica la pobreza que la prestación pretende paliar.

Las causas judiciales y las condenas

Aquí la lista se mueve en terrenos distintos. Menciona 15 casos de corrupción en el entorno del presidente, la condena del fiscal general Álvaro García Ortiz, la del exsecretario de organización José Luis Ábalos por lucrarse con mascarillas durante la pandemia —cuando en España murieron más de 120.000 personas— y la de su asesor Koldo García Izaguirre. También sitúa en el banquillo a Begoña Gómez por presuntos enchufes universitarios y señala al nuevo secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como presunto cabecilla de una trama.

No todas esas situaciones están en el mismo estadio procesal. Una condena firme no es lo mismo que una imputación, y una imputación no es lo mismo que una investigación preliminar. La lista las presenta juntas, y ahí pierde precisión: quien lea de corrido puede pensar que todo está juzgado y cerrado cuando no es así. El caso de las mascarillas sí terminó en condena. Otras cosas siguen su curso.

El texto habla de una trama de más de 700 millones en la SEPI, de obras públicas adjudicadas a dedo y de dos rescates de aerolíneas bajo investigación por presunto tráfico de influencias. Son investigaciones, no sentencias. La diferencia no es un matiz legal: es la diferencia entre un hecho y una acusación.

Amnistía, indultos y política exterior

El bloque político arranca con la amnistía y los indultos como condiciones de gobernabilidad, y sigue con los apoyos parlamentarios de formaciones como Bildu. Menciona la salida de más de 100 etarras de prisión, el enfrentamiento con Israel, Estados Unidos, Alemania y la propia OTAN, y lo que describe como favorecimiento de la situación migratoria en Ceuta. También acusa al Gobierno de haber desmantelado la unidad antidroga OCON Sur y de haber manipulado la cúpula de la Policía Nacional.

La parte institucional es la más delicada de leer. Habla de un intento de asalto al Poder Judicial, de la invasión del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, de listas negras de periodistas y de una cloaca que habría contactado con narcos para eliminar a jueces. Afirmaciones así, sin sentencia que las respalde, son acusaciones. Se pueden recoger, pero no se pueden dar por probadas.

El cierre de la lista es una frase que resume el tono: más imputados que diputados. Es un golpe retórico, no un dato. Y como golpe retórico funciona, pero quien lo lea debería saber que no hay un recuento oficial que lo sostenga.

Lo que conviene retener

De todo el conjunto, lo que se puede verificar con fuentes públicas son las posiciones relativas en pobreza y poder adquisitivo, las cifras de presión fiscal y cotizaciones, y las condenas firmes que ya existen. Lo demás son causas abiertas, acusaciones en curso o afirmaciones que aún no han pasado por un tribunal.

La lista tiene 45 puntos y ninguno sobra para quien la escribió. Para quien la lee, el ejercicio útil es otro: separar lo que ya está juzgado de lo que está pendiente, y lo que es una cifra de lo que es una opinión con formato de cifra. Eso no la hace menos incómoda. La hace más difícil de discutir.