Opinión: La contradicción del PSOE: defiende un modelo socialdemócrata en la vivienda (casa 47. Modelo de Viena) sin dotar suficientes medios economicos.

El plan Casa 47 aspira a replicar el modelo de Viena con un parque público de alquiler que cubra el 40% del total, pero España dedica a vivienda pública alrededor del 0,3% del PIB, muy lejos del 2% anual durante ocho años que requeriría. La contradicción es real: se defiende un modelo socialdemócrata sin los medios económicos que ese modelo exige.

La vivienda pública en España lleva décadas siendo la hermana pobre del Estado del bienestar. Sanidad se come cerca del 7% del PIB y educación alrededor del 4%. Vivienda, en cambio, se queda en torno al 0,3% del PIB. Esa asimetría no es casual: responde a decisiones políticas sostenidas durante décadas, no a un accidente presupuestario.

El modelo de Viena como espejo

Viena lleva un siglo construyendo vivienda pública en alquiler. Hoy, más de la mitad de los residentes de la capital austriaca vive en algún tipo de vivienda con apoyo municipal. El sistema se financia con impuestos generales y con un fondo específico de vivienda que grava a empresarios y trabajadores. No es magia: es dinero público comprometido durante generaciones.

El plan Casa 47 quiere importar esa lógica a España. La empresa pública se creó para levantar un parque de alquiler asequible donde la renta no supere el 30% de los ingresos netos del inquilino, sumando comunidad y suministros. Sobre el papel, suena razonable. El problema aparece cuando uno mira la caja.

Finlandia gasta alrededor del 1% del PIB en vivienda pública. España, un tercio de eso. Y no es solo una cuestión de cifras: la estructura fiscal territorial deja a autonomías y ayuntamientos sin músculo financiero para acometer inversiones de esa escala. Por economía de escala, sostienen los expertos, sería el Estado central quien tendría que liderar el parque, con las administraciones territoriales aportando suelo público urbanizable.

Lo que costaría de verdad

Para que Casa 47 fuera ambicioso y cubriera el 40% del parque total en régimen de alquiler en ocho años, España necesitaría invertir cada año alrededor del 2% del PIB. Esa cifra equivale a lo que se dedica a Defensa. No es calderilla.

Hay tres vías para conseguir ese dinero, y ninguna es indolora: emitir más deuda pública, subir impuestos directos o indirectos, o reordenar el gasto público con nuevas prioridades. Las tres implican costes políticos. La socialdemocracia clásica financió sanidad y educación con presupuestos potentes y tipos impositivos altos. Con vivienda, ese pacto nunca se cerró.

La contradicción del PSOE es evidente. Defiende un modelo socialdemócrata de vivienda, pero no pone encima de la mesa el dinero que ese modelo requiere. El votante medio socialista es propietario de su vivienda, y una parte importante alquila otras. Subir impuestos para financiar un parque público de alquiler no es precisamente una receta electoral ganadora.

La ley de alquiler y el efecto contrario

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, competencia estatal, buscaba proteger al inquilino. El resultado, según varios análisis, ha sido el contrario: reducción de la oferta de vivienda usada en alquiler, propietarios que exigen avales y garantías más estrictos para cubrirse ante impagos, y un acceso más difícil para las rentas bajas. El Estado endosa a los propietarios las familias vulnerables, pero el propietario se protege como puede.

El parque de vivienda pública en alquiler no despega. Y mientras tanto, la demanda de nuevos hogares sigue creciendo, impulsada por la inmigración y por los cambios en la estructura familiar. Los planes de ordenación urbanística se diseñan sobre estimaciones de población futura para dotar de servicios: red eléctrica, saneamiento, colegios, centros de salud. Si esa población crece más rápido de lo previsto, cualquier planificación se rompe.

Alternativas sobre la mesa

El modelo de Singapur aparece como contraste. Allí, el derecho de superficie a 99 años permite que la vivienda vuelva al Estado, con VPO en propiedad. En España, algunas autonomías ya exploran fórmulas de propiedad pública permanente: Galicia aplica desde 2025 precios tasados en las nuevas promociones de VPO, de modo que solo se puede vender o alquilar dentro de esos límites.

La cuestión de fondo es si España quiere un parque público de alquiler al estilo vienés o un modelo de propiedad protegida al estilo singapurense. O ambos. Lo que no parece sostenible es anunciar Casa 47 sin explicar de dónde sale el 2% del PIB anual durante ocho años. Sin ese dinero, el plan es un folleto. Con él, es una revolución fiscal que nadie ha explicado a los votantes.