La Comisión Europea recibe una denuncia contra la presidenta del CGPJ por tramitar de forma «exprés» una queja contra Peinado

Denuncian en Bruselas a la presidenta del CGPJ por una queja exprés contra el juez Peinado​

El choque institucional entre el Consejo General del Poder Judicial y el juez instructor del caso Begoña Gómez escala a Europa. Una denuncia presentada ante la Comisión Europea acusa a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, de haber tramitado de forma “exprés” una queja contra el juez Peinado, impulsada por el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Los hechos apuntan a una maniobra para frenar la instrucción judicial que investiga a la mujer del presidente del Gobierno.

El incidente se precipitó el pasado domingo, cuando el pleno del CGPJ fue convocado de urgencia para atender una reclamación contra Peinado por supuestas filtraciones. La rapidez de la tramitación –un expediente que en circunstancias normales lleva semanas– levantó sospechas de un uso partidista del poder disciplinario. Quienes han llevado el caso a Bruselas sostienen que se ha vulnerado la independencia judicial, al permitir que el Ejecutivo, a través de sus afines en el Consejo, presione a un juez que investiga al entorno de Sánchez.

Órganos políticos y una reunión dominical​

La convocatoria en domingo no es un detalle menor. En la vida judicial española, las reuniones del CGPJ en fin de semana son excepcionales y suelen reservarse para asuntos de máxima gravedad. En este caso, la urgencia no parecía justificada: la queja contra Peinado llevaba días en los medios sin que se hubiera activado el procedimiento. Solo cuando desde el ala gubernamental se forzó el acelerador, la presidenta convocó el pleno. Este hecho es el núcleo de la denuncia europea: se habría creado una vía rápida ad hoc para neutralizar al juez.

“Que lo machaquen Europa y a ver si espabilan”, se lee en los corrillos más críticos con la cúpula judicial. La expectativa es que Bruselas, que ya ha amonestado a España por la falta de renovación del CGPJ, entre ahora a valorar si la utilización partidista del órgano disciplinario vulnera el Estado de Derecho.

La sombra del caso Begoña Gómez​

La querella contra la presidenta del CGPJ no es un incidente aislado. Se enmarca en la ofensiva judicial que rodea al presidente Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez. El juez Peinado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Cada paso que da el instructor es observado con lupa por el Ejecutivo y sus aliados institucionales. La queja exprés por filtraciones –que según los denunciantes no existieron– sería un intento de apartar a Peinado de la causa.

La denuncia ante la Comisión Europea incluye los nombres de la presidenta del CGPJ y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como presuntos instigadores de la maniobra. La “bajada de bragas de la rubia ante el monigote Bolaños” es una expresión gruesa que circula entre quienes ven en Perelló una pieza dócil del engranaje gubernamental. Más allá de la crudeza del lenguaje, el fondo es una acusación de tráfico de influencias en la cúpula del Poder Judicial.

¿Y ahora qué?​

La Comisión Europea tiene ahora la pelota en su tejado. Si admite la denuncia a trámite, abrirá una investigación preliminar que podría derivar en un dictamen sobre la independencia judicial en España. El precedente no es bueno para el Gobierno: en 2023, Bruselas ya vinculó la no renovación del CGPJ con la degradación del Estado de Derecho. Un nuevo episodio de injerencia política en lo judicial sería combustible para que la UE active el mecanismo de condicionalidad de fondos, algo que Sánchez quiere evitar a toda costa.

Entre tanto, el juez Peinado sigue instruyendo. La presión sobre él no ha cesado, pero la denuncia europea puede convertirse en una cobertura ante futuras intentonas disciplinarias. Si Bruselas tumba la queja exprés, el mensaje será claro: el Poder Judicial no puede ser plegado a conveniencia del Ejecutivo. Si la admite, arranca un nuevo frente para Sánchez en Europa. Con un CGPJ caducado y una causa penal abierta en su entorno, el margen de maniobra se reduce. La pregunta que queda en el aire es cuánto peso tiene aún Bruselas para meter en cintura al relato oficial.