La certeza de que Sánchez va a robar las elecciones de 2027 ya está en todos los medios no sanchistas. Hay que prepararse para el conflicto.

La ley de nietos engorda el censo: la sombra que planea sobre 2027​

En 2027 no van a votar solo las urnas. Va a votar un censo que lleva tres años engordando por una puerta administrativa que casi nadie discutió cuando se aprobó. La tesis se ha instalado con fuerza en los medios no oficialistas: el Gobierno estaría preparando el terreno para un resultado irreversible. El asunto, sin embargo, es menos cinematográfico y más burocrático. Y por eso mismo, bastante más difícil de desmontar.

Qué es realmente la ley de nietos​

La llamada ley de nietos no es una norma con nombre propio ni un invento del último trimestre. Es la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Aprobada en 2022. Traducido: el mecanismo lleva en vigor tres años y salió adelante en sede parlamentaria. Ese detalle desactiva media polémica. Si la ventana se abrió en 2022, cabe preguntar qué hizo la oposición durante todo ese tiempo en lugar de recurrirla entonces. Hay quien sostiene que la norma se ha usado para conceder la nacionalidad a descendientes sin vínculo real con el país; enfrente pesa un argumento jurídico tozudo: la disposición es legal y fue votada.

Los números que se están manejando​

Las cifras que circulan en esta discusión merecen leerse con lupa, porque mezclan datos verificables con estimaciones de parte. Las principales:

• Alrededor de 385.000 personas con derecho a voto residirían en Cuba, según las cifras que esgrime la lectura más alarmada.
• 1,6 millones de euros adjudicados por el Gobierno a una empresa vinculada al castrismo para tareas de apoyo a la ley de nietos.
• La ley para nacionalizar saharauis avanza en el Congreso con aprobación prevista para julio, con el rechazo de PP y Vox.

El nudo no es cuánta gente obtiene el pasaporte. El nudo es cuánta de esa gente acaba inscrita en el censo electoral y con capacidad de votar desde el exterior.

El voto por correo y quién lo custodia​

Aquí está el punto que más incomoda y el que menos se explica en televisión. El voto de los residentes en Cuba llega a la Embajada en La Habana pasando por el sistema postal cubano, controlado por el Estado. Quien gana unos pocos dólares al mes custodia, sobre el papel, la papeleta de miles de votantes. Se argumenta que ese es el eslabón débil de toda la cadena. En paralelo, la reforma de la ley electoral que proponía contar las sacas del voto por correo antes de mezclarlas con los votos presenciales en la mesa quedó aparcada. Ese detalle —el control de las sacas— es el que separa una elección auditables de una que no lo es.

La vía judicial choca con el Constitucional​

Vox llevó el asunto al Tribunal Constitucional. La respuesta, según esta lectura, no va a llegar: la composición del órgano se cita como el primer obstáculo. Sin amparo, el recorrido se estrecha. Y el goteo normativo continúa: a la ley de nietos se suma ahora la nacionalización de saharauis, que implica derechos plenos y un coste fiscal que nadie ha cuantificado en público.

Ceuta, Marruecos y el calendario​

A menos de un año de la cita electoral, la presión migratoria en Ceuta entra en la ecuación. La UE ofreció enviar a Frontex y el Gobierno lo rechazó, un movimiento que se lee como señal. La crisis se produce justo cuando empieza la cuenta atrás. Quien quiera entender el tablero de 2027 no puede mirar solo los escaños: tiene que mirar los consulados.

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Si algo se puede anticipar, con toda la cautela que exige un calendario que aún no ha empezado a correr, es que el próximo año no se discutirá sobre programas. Se discutirá sobre quién cuenta los votos y quién certifica que están todos. Que esa sospecha se instale antes de la primera papeleta es, en sí mismo, el dato más incómodo de todos.