La CEOE pide ajustes en el estado de bienestar y abaratar el despido
¿A qué edad piensa jubilarse y cuánto cree que le costaría a su empresa ponerlo en la calle? La CEOE ha respondido a las dos preguntas por usted. Su planteamiento para el Gobierno que salga de las urnas incluye ajustes en el estado de bienestar —«sobredimensionado», en palabras de la propia patronal—, un despido más barato y un subsidio de paro que se pierde si se rechaza una oferta de empleo. La propuesta llega en pleno pulso electoral del 23J y la firma
José Luis Feito, miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la CEOE.
Y hay un detalle que no pasa desapercibido: quien pide ajustes a los demás cobra 380.000 euros al año por el cargo.
Qué pide la CEOE al próximo Gobierno
Feito abre el catálogo por el despido. Sostiene que los costes efectivos españoles son
«los mayores del mundo», y lo atribuye a que la mayor parte de los despidos que se realizan acaban declarados improcedentes, lo que encarece la salida y, en su lógica, desincentiva la contratación. Es, dice, «un problema que hay que arreglar». Traducción de uso: indemnización más baja y menos fricción para despedir.
La segunda pata es el subsidio. La propuesta es hacerlo condicional: si a una persona en paro se le ofrece un empleo,
«lo tiene que aceptar y si no el subsidio desaparece». Sobre el papel suena a control del fraude; en la práctica, discutir qué empleo se considera aceptable es el nudo de todo el asunto.
A todo esto se suma Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que da por buena la reforma laboral vigente pero pide
«retoques» si el 23J deja a Feijóo en la Moncloa. Y denuncia una «campaña de acoso y derribo» contra empresarios «con nombres y apellidos».
¿Cuánto cobra el presidente de la CEOE?
Otra cifra que aparece en el cruce de documentos: el sueldo de Garamendi asciende a
380.000 euros anuales, aprobado por unanimidad de las 300 asociaciones que integran la organización. Es, además, el primer presidente de la CEOE que cobra por el cargo desde 2007.
La coincidencia no necesita adjetivos: mientras la patronal pide apretarse el cinturón en el gasto social, su cúpula certifica que el sillón no es gratis. No es ilegal, es un dato. Pero el titular se lee solo.
¿Por dónde debería empezar el ajuste?
Aquí arranca el reparto de la factura. Una parte del análisis sostiene que antes de tocar pensiones habría que adelgazar otras partidas: sueldos públicos, duplicidades administrativas y el coste del entramado autonómico. Bastaría con eso para casi todo, se asegura, aunque quien lo defiende admite que no hay político dispuesto a desmontar el sistema clientelar que lo sostiene.
Enfrente están los que apuntan al sector público como primer recorte, sin más matices, y los que prefieren congelar las pensiones antes que bajarlas. También aparece el otro lado del balance: si toca ajustar, que empiecen los beneficios empresariales, los dividendos y los sueldos de los directivos. Ese renglón, curiosamente, nunca figura en las propuestas de la patronal.
De los 65 a los 95 en la misma conversación
Un cálculo que circula y que nadie rebate del todo: antes había
seis cotizantes por cada jubilado; ahora no llega a dos. Con esa aritmética, sostener el sistema tal y como lo conocemos exige o más ingresos, o más años trabajados, o pensiones más bajas. No hay cuarta casilla.
Los planteamientos más repetidos defienden el tope de los 65 años —en la práctica muchísima gente se jubila o prejubila antes, y hay profesiones en las que a los 60 ya se está reventado— y señalan el riesgo de cruzar la edad legal con la esperanza de vida: si uno se jubila más tarde de lo que vive, cotizar se convierte en un pago sin retorno. Otra lectura menos amable apunta a la letra pequeña: mantener la jubilación ordinaria más allá de los 65 y abrir una ventana entre los 60 y los 65 con penalización, lo que en la práctica deja al que se va antes cobrando menos. La reducción no se anuncia: se elige.
El 23J y la sospecha de que la receta es la misma
La pregunta que sobrevuela el asunto no es qué quiere la CEOE, sino quién se lo va a aplicar. Hay quien ironiza con que la patronal hace campaña por el PSOE cada vez que habla, y quien sostiene, más allá del chiste, que ambos bloques acaban ejecutando la misma política económica, con el PP ejerciendo de ejecutor de lo que el otro no firma en época electoral. Si a eso se le suma que un gobierno afín aplicará «las medidas lógicas», el resultado es una sospecha incómoda: da igual el color del Ejecutivo, alguien tendrá que pagar la cuenta.
Con 380.000 euros en la cúpula, el despido más caro del mundo en la plantilla y una campaña electoral en marcha, la CEOE ya ha decidido qué parte del sistema le sobra. Solo falta que el electorado decida si le hace caso, se abstiene o se limita a
remar.