La amnistía disfrazada de Ley de Alivio Penal: ¿nos la quieren colar?

La amnistía se rebautiza como «Ley de Alivio Penal»​

¿Puede una amnistía dejar de serlo si el BOE no pronuncia la palabra? La ley que el Gobierno negocia con los grupos independentistas para desbloquear la investidura se tramita bajo el nombre de «Ley de Alivio Penal», y el eufemismo ha desatado la carcajada: hay quien sostiene que el Ejecutivo ha encontrado la cuadratura del círculo, y quien responde que el olvido de la palabra no borra el olvido de los delitos. El texto se negocia con el Gobierno en funciones y con un calendario que aprieta: un mes para aprobarlo, según un participante del debate.

El nombre no es un detalle menor. En una amnistía, el Estado decide olvidar; en un «alivio penal», el Estado solo suaviza. La diferencia jurídica es enorme, y la política, mayor todavía. Alivio es lo que se busca en la farmacia, no en el Código Penal. Y ahí empieza el problema de comunicación que nadie ha resuelto.

Qué es la «Ley de Alivio Penal» y por qué se llama así​

El nombre técnico elegido por el Ministerio de Justicia evita a propósito la palabra amnistía, según el texto que se está negociando. La estrategia tiene una lógica: si el delito no se nombra, la medida no existe. El problema es que la medida existe igual, y los beneficiarios lo saben. Los líderes independentistas, según se desprende del propio debate, ya dan por hecha la amnistía y han convertido la Diada en una manifestación por la independencia.

Hay quien sostiene que el eufemismo es una concesión al votante socialista que no quiere ver la palabra escrita. En contra pesa el argumento de que el independentismo no necesita eufemismos: necesita hechos. Y los hechos, con nombre o sin él, son los mismos.

El chantaje que nadie quiere nombrar​

El argumento más repetido en el análisis es que la ley no responde a convicciones políticas de los partidos que la apoyan, sino a una exigencia de un político fugado de la Justicia española. Si se hiciese por convicción, al menos tendría coherencia. Pero el PSOE defendía hace dos días lo contrario de lo que va a votar. Eso, en términos de comunicación política, se llama giro de 180 grados; en términos de credibilidad, se llama otra cosa.

La tramitación en un mes y con el Gobierno en funciones añade sal a la herida. Un Ejecutivo en funciones no debería aprobar leyes de esta envergadura, pero aquí se aprobará y no pasará nada. El precedente queda abierto: cualquier Gobierno en minoría puede legislar sin investidura, sin presupuestos y sin programa.

La calle: de la manifestación cuqui a la amenaza creíble​

La pregunta que sobrevuela el debate es por qué la derecha no saca a un millón de personas a la calle. Hay quien sostiene que el PP y VOX son incapaces de organizar una protesta que no sea una concentración con memes y banderas, y que en España solo reacciona la amenaza creíble de violencia. Es una tesis incómoda, pero describe un patrón: los independentistas han sacado a un millón de personas; los constitucionalistas, todavía no.

La comparación con el ambiente en Cataluña durante los momentos álgidos del independentismo es inevitable. Quien vivió aquellos años y vive ahora en el resto de España lo tiene claro: el ambiente no está ni de lejos igual de caldeado. La conclusión pesimista es que la ley saldrá adelante y no pasará nada.

El artículo 8 de la Constitución y el botón nuclear que nadie pulsa​

El artículo 8 de la Constitución atribuye a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial. El PNV lleva veinte años pidiendo su supresión, y no es casualidad. La interpretación que circula es que ese artículo es el último resquicio de poder absoluto del Rey, que podría activarlo si el Gobierno se sale de la Constitución.

La hipótesis de un autogolpe institucional desata todo tipo de especulaciones, desde la convocatoria de nuevas elecciones hasta una revuelta popular. Nadie cree que vaya a ocurrir, y precisamente por eso no ocurrirá. El Rey no convoca candidatos; el Rey firma lo que le ponen delante.

Europa, los fondos y el doble rasero​

La paradoja europea no se le escapa a nadie: la UE chantajea a Polonia y Hungría con los fondos por falta de separación de poderes, y a la vez los fondos llegan a España sin que la Comisión mueva un dedo. El argumento es que Bruselas tiene un estándar para Varsovia y otro para Madrid, y que el sistema anti-español se ha orquestado desde fuera con actores internos.

La lectura más cínica es que a Bruselas le da igual quién gobierne mientras se aprueben las leyes que le convienen. La lectura más amable es que la Comisión no tiene instrumentos para intervenir en una amnistía. Ninguna de las dos consuela.

Qué pasa con los diputados socialistas que piensan como Alfonso Guerra​

La pregunta que nadie responde es por qué de los 123 diputados socialistas no hay cinco que piensen como Alfonso Guerra y voten en conciencia, según se plantea en el debate. La explicación más repetida es que la disciplina de partido pesa más que cualquier convicción, y que la vida de gestor público es mucho mejor que la alternativa. El clientelismo directo y el indirecto explican más votos que cualquier programa electoral.

El resultado es un PSOE que aprueba lo que hace dos días criticaba, un PP que se convierte en la pagafantas de la legislatura y una VOX desactivada que prefiere callar antes que perder el poco apoyo que le queda. El que se mueve, no sale en la foto.

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Con estos mimbres, la ley saldrá adelante, el independentismo volverá a la carga y el personal seguirá discutiendo si la palabra amnistía aparece o no en el BOE. Alivio, desde luego, no es lo que siente el contribuyente.