Junts exige ver a Feijóo en el extranjero para mover la moción
Junts se abre a negociar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez si Alberto Núñez Feijóo se reúne con Carles Puigdemont en el extranjero. La condición, difundida por
El Mundo, convierte una operación parlamentaria en un pulso de imagen: el partido independentista no pide un acuerdo programático, pide una fotografía. Y no en Madrid. Fuera de España.
La propuesta llega en un momento en que el PP necesita todos los votos posibles para tumbar al Ejecutivo y Junts necesita demostrar que sigue siendo decisivo en el Congreso. La reacción no se hizo esperar: desde el «país de manicomio» hasta el cálculo frío de quién paga el precio político de sentarse con un prófugo de la justicia.
Qué pide exactamente Junts y por qué importa
La formación independentista no ha puesto sobre la mesa un programa de gobierno alternativo. Ha puesto una condición de forma: que Feijóo se desplace al extranjero para reunirse con Puigdemont. Eso significa aceptar el marco simbólico que Junts lleva años construyendo, el de la negociación entre iguales fuera de España. Para el PP, aceptar esa foto es aceptar ese marco.
El movimiento tiene lógica interna para Junts. Si el PP quiere la moción de censura, tendrá que pagar un precio. Y el precio que exigen no es presupuestario ni legislativo: es de reconocimiento. La operación recuerda a la que ya cobró Sánchez, cuyo coste electoral en el conjunto de España fue considerable, según se desprende de los análisis que circulan.
Feijóo no tiene margen infinito. Quien fuera candidato único en el último congreso del partido afronta ahora una legislatura en la que cada movimiento en falso cuesta votos. Hay quien sostiene que otro error precipitaría una mayoría interna dispuesta a pedir su cabeza y a colocar a Isabel Díaz Ayuso como alternativa. Otros creen que Feijóo no hará nada que perjudique a Sánchez, porque su función real es otra.
El cálculo de los siete votos
Los siete escaños de Junts son la llave. Sin ellos no hay moción de censura posible, y con ellos el precio sube. Quien quiera esos votos tendrá que pagar lo que exigen, igual que pagó Sánchez. La diferencia es que a Feijóo no le van a cobrar menos por ponerse botox, ironizan algunos análisis.
En el PP hay división sobre la estrategia. Una corriente defiende esperar con las palomitas a que el Gobierno se hunda solo, sin retratarse con los socios de la investidura de 2023. Otra sostiene que Feijóo no tiene muchas oportunidades y que enviar a alguien —aunque no sea él— puede ser suficiente para tantear el terreno.
El nombre que suena para la misión es el de Bendodo, aunque no hay confirmación oficial.
El problema de fondo es que Junts y el PP están alineados en algunos asuntos económicos y empresariales, pero el precio que pide Puigdemont no es pecata minuta. Es indulgencia plena. Y ese sapo no es fácil de tragar para un partido que ha construido buena parte de su relato en la crítica a los pactos con los independentistas.
La trampa que nadie quiere pisar
Hay un análisis que se repite: si Feijóo va a Waterloo, Puigdemont se hará la foto, lo humillará y lo mandará de vuelta. Lo habrá degradado y no obtendrá nada a cambio. Para Puigdemont, el mejor socio posible es Sánchez: cuanto más al límite esté el Gobierno, más fácil resulta chantajearlo. Negarse a acudir demuestra cierta pericia política, aunque sea por omisión.
La otra cara es la del coste electoral. Si Junts entrega el Gobierno al PP, desaparece del mapa en Cataluña. No es una hipótesis descabellada: su electorado no perdona ciertas cosas. Lo mismo le pasaría a otras formaciones que sostienen al Ejecutivo. Por eso la opción más rentable para Junts no es tumbar a Sánchez, sino mantener la legislatura como una olla a presión ingobernable.
La paradoja es que esa estrategia también tiene fecha de caducidad. Si el Gobierno aguanta hasta 2027, el PP puede volver a ganar las elecciones con más escaños y formar gobierno sin depender de nadie. Entonces la foto de Waterloo no hará falta. Hasta entonces, cada actor juega a que el otro se desgaste primero.
Qué dicen los que ya han negociado con Puigdemont
La experiencia reciente no invita al optimismo. El último que se reunió con Puigdemont acabó en la cárcel de Soto del Real, según se recuerda con sorna. No es un argumento jurídico, es un aviso político: quien se sienta con el expresident asume un riesgo que no controla.
En el PP hay quien cree que la moción de censura con compromiso de convocar elecciones inmediatas sería la salida más limpia. Echar a Sánchez y que el pueblo decida. El PNV, que dice no ir ni a mear con Vox, podría pensárselo si no tiene que compartir mesa con la ultraderecha. Es una hipótesis, no un plan.
Mientras tanto, la legislatura sigue. Sánchez no se va por su propio pie ni con agua caliente, y faltan dos veranos para las elecciones. Con unas paguitas y algo de olvido, el electorado puede volver a votar lo mismo. Es la apuesta más cínica y, a juzgar por los precedentes, la más realista.