jorobar, lo que dicen de ESPAÑA en el parlamento europeo representantes de otros paises:

Amnistía, CGPJ y estado de derecho: el aviso que llega de la UE​

Con el Parlamento Europeo a punto de meter en su orden del día la situación del estado de derecho en España, un vídeo de una intervención comunitaria ha reabierto la pregunta que aquí se responde con demasiada alegría: qué se piensa de verdad de este país fuera de sus fronteras. El mensaje que lo difunde resume la intervención —atribuida a una voz portuguesa— con una frase sin matices: «Os intentan vender que el Gobierno es un ejemplo en Europa, pero la realidad es que es motivo de vergüenza mundial». Motivo de vergüenza mundial. Así, sin anestesia y desde el país que muchos usan como espejo cuando conviene.

Qué se dijo de España en el Parlamento Europeo​

El mensaje que abre el asunto no identifica por su nombre al interviniente ni transcribe la sesión completa: acompaña un vídeo y atribuye el juicio a Portugal. Quien lo comparte lo presenta como prueba de que el relato oficial sobre el prestigio internacional del Ejecutivo no se sostiene. Ahí está el gancho.

Lo llamativo no es el contenido —las críticas a la justicia española llevan años circulando por Bruselas—, sino el marco. Se acusa a un Gobierno europeo de ser el problema, no la solución, en un foro donde España se ha presentado como alumna aventajada. Hay quien añade, sin aportar más datos, que el autor de la intervención es un eurodiputado portugués situado en la derecha del arco parlamentario. El tuit no lo acredita; el eco del tuit, tampoco. Y esa falta de verificación es, en sí misma, parte de la historia.

¿Por qué la Comisión Europea estudiará si la amnistía es legal?​

Porque el propio Ejecutivo comunitario ha anunciado que examinará la norma «con detenimiento, independencia y objetividad». El anuncio, recogido por El Mundo, convierte una ley aprobada en España en un expediente con relator en Bruselas. Y coloca al Gobierno en la tesitura de defender en casa lo que tendrá que explicar fuera.

El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha ido más lejos y sostiene que el presidente del Gobierno «pasará a la historia como aquel que violó el estado de Derecho». Es una acusación política de grueso calibre, hecha por un dirigente de la oposición europea, no un pronunciamiento judicial. En el mismo clima, el Parlamento Europeo ha programado un debate monográfico sobre el estado de derecho en España, según adelantó ABC. La coincidencia de calendarios —Comisión estudiando, Eurocámara debatiendo— deja al asunto sin margen para el silencio.

El CGPJ y la separación de poderes: el diagnóstico de los propios jueces​

Aquí no hace falta que venga nadie de fuera. Jueces citados por Vozpópuli afirman que el órgano de gobierno de los jueces está bloqueado por los partidos desde 1985, con el reparto de vocales convertido en moneda de cambio entre las dos grandes formaciones. El mismo CGPJ ha pedido públicamente a los políticos que rebajen la tensión con un mensaje que resume el malestar: «Déjennos en paz».

Más contundente si cabe es lo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña trasladó a una misión europea: en España hay un problema de separación de poderes. Lo dice un magistrado en ejercicio, no un tuitero cabreado. A partir de ahí, la reflexión se ordena sola: sin independencia judicial, ir a votar cada cuatro años se queda en un concurso de popularidad y demagogia, por citar la formulación más repetida.

Prohibir los partidos contrarios a la integridad del Estado: el modelo portugués​

Entre los argumentos que se cruzan aparece uno recurrente: ilegalizar a las organizaciones políticas que tienen como objetivo atacar la integridad de la Nación, como se sostiene que hace el país vecino. El razonamiento es que esos programas solo se pueden cumplir mediante un golpe de estado o una guerra civil, y que mantenerlos en el juego electoral es financiar la propia demolición del sistema.

Frente a eso pesa el argumento contrario, que no es menor: ilegalizar partidos con representación parlamentaria tiene un coste democrático evidente y traslada al Estado la carga de decidir qué ideas son legítimas. También se discute el papel de los socios europeos, a los que se reprocha haber permitido moverse con libertad por Alemania, Francia, Bélgica e Italia a un dirigente catalán reclamado por la justicia española. Para una parte del análisis, eso desautorizó a los tribunales españoles y dio alas a quien pacta con quien no acata las sentencias. Para otra, sencillamente se aplicó el derecho europeo.

Por qué el asunto sigue abierto​

Hay una comparación histórica que se repite: la amnistía de Lluís Companys en 1936 y el clima que precedió al conflicto civil. Es una analogía gruesa, discutible y muy discutida, pero explica el tono apocalíptico de buena parte de las opiniones. Otra corriente avisa de que España puede servir de escudo a Polonia o Hungría en sus propios choques con Bruselas: si aquí se tolera, allí también.

Se da por hecho que el Tribunal Constitucional avalará la ley, como —se argumenta— ya hizo con otras normas bajo presión política. Nadie fija qué tribunal europeo decidirá, con qué calendario, ni qué pasa si Bruselas concluye que la norma no encaja. El análisis se atasca exactamente ahí: en la respuesta que aún no existe.